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La Provincia fijó un piso mínimo de aportes de municipios al Instituto de Previsión Social

La mayoría de las comunas paga el 90% del sueldo en negro y los aportes al IPS se aplican sobre el 10% en blanco. Ahora las retenciones se harán sobre un piso de $90 mil a todos los que no lleguen a esa suma. Rige con la liquidación de noviembre 2024.

23 enero, 2025

El Gobierno provincial le aplicó un monto base de retención a los municipios, como aporte de sus empleados y cargos electivos para financiar la obra social y la jubilación del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS). 

La medida se conoció el martes 21 de enero pasado, mediante la publicación del decreto 2695/24 fechado el 19 de noviembre de 2024, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

Establece que los aportes por cada empleado municipal se aplicarán sobre un mínimo remunerativo de $90 mil para todos aquellos que no lleguen a ese salario como base imponible. Los que perciben por encima de ese monto seguirán sin cambios.

La gran mayoría de los municipios paga salarios en “blanco” muy bajos, como el caso de Garupá cuyos remunerativos van desde $1.000 a los $1.200 y el resto se compone con adicionales “en negro” o no remunerativos. De esta forma encontraron una manera de “simular” los menores aportes al IPS y se ahorran miles de millones al mes. 

El artículo 1 del decreto expresó que rige la decisión con las liquidaciones de noviembre del año pasado. Se fija “un piso mínimo remunerativo para la base de cálculo de los Aportes Personales y de las Contribuciones Patronales de los agentes y funcionarios electivos municipales, destinadas tanto al Sistema Previsional como a Obra Social del Instituto de Previsión Social de Misiones en la suma de $ 90.000”. 

Se precisó en la norma que “regirá únicamente en los casos de agentes y/o funcionarios electivos municipales en cuyas liquidaciones salariales, la suma informada por el Municipio como ‘Remuneración’ sujeta a aportes, sea inferior a dicho monto”.

Se instruyó al IPS de Misiones a reglamentar los procedimientos administrativos necesarios mediante el diseño e implementación de una Planilla Anexa a la liquidación mensual, para cada municipio que posea agentes en relación de dependencia y/o funcionarios electivos, cuyos conceptos remunerativos informados no alcancen los $90 mil, determinando el porcentaje de aporte y contribuciones patronales, sobre la diferencia entre lo que cobran en blanco y la base fijada ahora.

Además, la norma legal dejó en claro que los pagos adicionales o las retenciones que sufrirán los municipios “correrán a cargo exclusivo de los municipios” y no podrá cargar ese costo a los empleados: “Sin que se vean afectados los ingresos netos de los trabajadores”. Y también estableció que “los gobiernos municipales de la Provincia no podrán disminuir la participación relativa del haber remunerativo, sobre el haber total, vigente a la fecha del presente Decreto, de ningún agente en relación de dependencia y/o funcionario electivo municipal, como tampoco a nivel del total general” por comuna.

 

Equilibrar las cajas

Se sostuvo que el IPS “debe mantener un equilibrio económico financiero entre ingresos y egresos de cada régimen” y que los aportes de los municipios “son parte del Fondo con el que se sustenta la caja de Jubilaciones y Pensiones y de Obra Social”.

Reveló además la norma que el bajo aporte de las intendencias, al pagar salarios mayormente en negro, genera un desequilibrio: “La situación de desequilibrio generada, en algunos casos, por la desvinculación entre los conceptos remunerativos para la aplicación de porcentajes de aportes y contribuciones al sistema previsional y de obra social de los agentes y funcionarios electivos municipales, y el haber mínimo garantizado y las prestaciones asistenciales otorgadas por el Instituto de Previsión Social de Misiones, genera una carga financiera adicional para éste, no compatible con el principio de solidaridad y de reparto que rigen a este sistema”.

A raíz de esto, “se torna necesario, a fin de restablecer dicho equilibrio y asegurar la sustentabilidad del sistema previsional, iniciar un proceso gradual de armonización, mediante el establecimiento de un piso mínimo remunerativo que sirva de base de cálculo para los aportes de los municipales a las cajas Previsional y de Obra Social del IPS”.

Los aportes serán descontados por Hacienda de la coparticipación y transferidos al IPS.

El Gobierno justificó que “el presente se dicta en el marco de los principios de solidaridad, de reparto y de equilibrio financiero que rigen el Sistema Previsional”.

Además, sucede en un contexto de una deuda millonaria de ANSeS con el IPS de Misiones, por las compensaciones no transferidas durante varios años.

 

Repercusiones

El intendente de Campo Grande y presidente de la Comisión de Desarrollo de los Municipios (Codeim), Carlos Sartori, explicó a PRIMERA EDICIÓN que “aquellos municipios que no lleguen a los 90.000 pesos de básico, supongamos un municipio que el básico sea entre 40.000 o 50.000 pesos, lo faltante Hacienda va a hacer la retención y girará al IPS justamente para poder equiparar o nivelar todos los municipios, todos los entes con un mínimo de 90.000 pesos en el básico”.

“En mi opinión, la medida no es descabellada. Está bien porque entre todos debemos cuidar el ente que permite justamente facilitar toda la cuestión social de nuestros empleados y por supuesto lo previsional”, dijo.

Aunque aclaró que “lo que sí tendríamos que ver, en algunos municipios, es cómo impacta esta cuestión. Hay municipios que tienen índices de coparticipación bajos y una población en crecimiento constante. Tendríamos que ver nosotros cómo impactaría esta retención y qué provocaría en lo económico o en el financiamiento de ese municipio”.

Por último, Sartori recordó que “de todas formas, los municipios habíamos realizado un acuerdo con el IPS de un 40% de la masa salarial, ahora tendríamos que ver cómo impactará si se implementa este decreto”.

 

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Tags: DecretoIPSMunicipiosPolítica
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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