La Justicia Federal aceptó una medida cautelar presentada por organizaciones de la sociedad civil para evitar despidos, la eliminación de programas y la paralización de la producción de estadísticas de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
Si bien el Gobierno negó haber cerrado la Subsecretaría, no presentó pruebas sobre cómo garantiza los derechos de mujeres, niñas y adolescentes en la nueva estructura. En respuesta, apeló la medida cautelar, y ahora la Cámara Contencioso Administrativo Federal deberá decidir si acepta su recurso.
El juez Enrique Alonso Regueira resolvió que el Ejecutivo debe abstenerse de reducir recursos humanos e infraestructura en la Subsecretaría y en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). También ordenó que se mantenga la producción y publicación de datos a cargo de estos organismos.
La causa se inició tras la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el anuncio del cierre de la Subsecretaría. Diversas ONG exigieron certezas sobre qué organismo garantizará las políticas de prevención de la violencia de género y reclamaron la renovación de contratos vencidos en junio.
El Gobierno argumentó que los recursos y programas fueron reorganizados bajo criterios de eficiencia, pero la Justicia señaló que no presentó constancias que acrediten la continuidad de las prestaciones obligatorias según la Ley de Protección Integral de las Mujeres.
Además, organizaciones denunciaron una drástica reducción de recursos en programas como Acompañar, la Línea 144 y el Plan ENIA, destinados a la asistencia de víctimas de violencia y a la prevención del embarazo adolescente. Según monitoreos independientes, el presupuesto para estas iniciativas sufrió recortes significativos y la cantidad de beneficiarias disminuyó considerablemente en el último año.
(Fuente: La Nación)
