El intendente de Eldorado, Rodrigo “Pipo” Durán, se reunió el jueves con cinco concejales a los que le pidió que aprueben una suba del boleto de transporte de pasajeros antes de enero “para evitar los paros” que podrían “afectar a la sociedad”. La mayoría de los concejales no estuvo de acuerdo y planteó numerosos cuestionamientos hacia la calidad de la prestación del servicio y la falta de respuesta por parte de la empresa a numerosos pedidos de informe que se sancionaron durante el año.
La reunión se dio en el marco de un retraso por parte de la empresa ETCE Kenia en abonar los salarios de noviembre y el aguinaldo a los trabajadores, realizando varios paros sorpresivos durante la primera semana de enero y con la amenaza latente de un paro por tiempo indeterminado entre las fiestas o en enero.
La empresa forma parte de lo que se conoce como Grupo Z, un conglomerado de empresas que también manejan el servicio en Posadas y Oberá, concentrando las tres ciudades más grandes y expandiéndose a una veintena de municipios, con amplios beneficios otorgados por parte del Gobierno provincial, los municipios, y subsidios millonarios que reciben cada mes.
El pedido de aumento se presentó hace más de un mes al Concejo Deliberante con la pretensión de elevar la tarifa a $1.800 en efectivo, $1.500 con la tarjeta electrónica y $900 el boleto estudiantil sin BEG (aquellos estudiantes que no lo tramitaron o perdieron su tarjeta). Los valores actuales están en $900 en efectivo, $700 con tarjeta electrónica y $350 el boleto estudiantil.
Después de varias conversaciones, la semana pasada los ediles se reunieron y trataron el tema, rechazando por consenso el pedido de la empresa, argumentando que esa suba es “inviable” y que se deben revisar recorridos, frecuencias y nuevas paradas, pedidos que hacen permanentemente los usuarios pero la empresa ni la Municipalidad han dado respuestas.
Luego de ese rechazo, creció la tensión entre el Municipio y el Concejo, al punto que en la reunión del jueves, el intendente Durán insistió en convencer a los ediles en que “si no se adecua la tarifa va a haber paro de colectivo, y el paro claramente afecta a toda la sociedad”, contó uno de los presentes.
El problema es que son los concejales los que deben autorizar esa suba y son los que pagarán el “costo político” de un servicio donde llueven las críticas y sería prácticamente el más caro del país en caso de elevarse a $1.800, como pretende la empresa.
Hubo concejales que pidieron que se preserve su identidad para hablar de la reunión, por pedido del Intendente de que sea una reunión “secreta”. En cambio, uno de los que habló abiertamente del tema, con medios locales, Jorge “Pio” Doldán, quien dijo: “Todos coincidimos en que el servicio no es eficiente”.
Agregó que “el rechazo fue contundente, es evidente la postura de cada concejal. En lo personal, creo que debe haber una mejora en el servicio, necesitamos información, hemos pedido informes que no fueron respondidos”.
El concejal indicó que “el Intendente (Durán) como nosotros está preocupado, los ediles aguardamos la información requerida para poder accionar en base a eso. La idea es mantener el diálogo entre las partes y así hallar una salida a ello”.
Dijo que el empresariado no responde los informes y no hay tratamiento del aumento: “Sin la información correspondiente no podemos hablar del aumento. Esto se soluciona en mesa de diálogo y de trabajo, la mayoría de los concejales tiene bien en claro que no se puede ceder un aumento sin conocer ciertas informaciones que son de suma importancia. Nosotros pedimos un mejoramiento en el servicio, algo muy cuestionado por los vecinos”.
