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Tragedia en la Costanera: “Como querella y como víctimas tuvimos la posibilidad de evaluarlo y no hubo objeciones”

El abogado Claudio Quevedo, representante de la familia de Luca Ceballos, explicó en FM De Las Misiones los alcances del acuerdo judicial que condenó a Tomás Mieres.

17 diciembre, 2024

Hoy se cumplieron 250 días de aquel trágico jueves 11 de abril, cuando el Peugeot 207 conducido por Tomás Mieres (17) despistó y volcó en plena Costanera de Posadas, a la altura de la exusina de EMSA. En el auto también viajaban Luca Ceballos, Juan Cruz Martínez, Damián Jalil C. (17) y Máximo F. (16), compañeros de clase que se dirigían a una clase de Educación Física. El impacto, registrado cerca de las 13.40 a una velocidad de casi 100 kilómetros por hora, le costó la vida a Ceballos y Martínez, quienes fallecieron seis días después producto de las graves lesiones.

En estos más de ocho meses, el dolor y la ausencia se convirtieron en una constante para las familias de las víctimas. Al mismo tiempo, la causa judicial avanzó rápidamente, atravesada por pericias y declaraciones que confirmaron los detalles del siniestro. Mientras tanto, el entorno escolar y social también se vio sacudido, no solo por la tragedia en sí, sino también por el regreso del conductor a clases en su momento, lo que generó el repudio de compañeros y familiares.

Finalmente, este martes al mediodía se confirmó una de las decisiones más importantes del proceso. Tomás Mieres firmó un acuerdo de juicio abreviado, aceptando una pena de tres años de prisión en suspenso y diez años de inhabilitación para conducir, en el marco de un consenso alcanzado con la Fiscalía y las querellas, entre ellas la de la familia de Luca Ceballos, representada por el abogado Claudio Quevedo, quien explicó que el acuerdo será homologado en los próximos días por la jueza de Menores, Marcela Leiva.

“Nosotros, como querella, manifestamos que no había problema en que se suspendiera el juicio y que se aceptara el abreviado, pero solicitamos que, independientemente del monto de la condena, se aplicaran determinadas accesorias e inclusive reglas de conducta que el artículo 27B del Código Penal en el que establece para estos casos”, señaló el letrado en diálogo con  FM 89.3  Santa María de las Misiones y Canal 9 Norte Misionero.

En ese sentido, confirmó las condiciones acordadas. “Solicitamos que hubiera una inhabilitación de 10 años para conducir debido a la carga lesiva del hecho y que además se le establecieran algunas reglas de conducta al imputado”, aportó.

Sobre la pena de tres años de prisión en suspenso, Quevedo aclaró que “la ejecución es condicional a dos cosas. “Primero, que no cometa ningún delito y, segundo, que cumpla con las reglas de conducta”, enfatizó.

Consultado sobre el contexto en el que se llevó adelante este acuerdo, el letrado afirmó: “Es una propuesta que fue analizada y aceptada porque responde a los límites que permite la legislación vigente”.

El abogado también hizo hincapié en la responsabilidad que debe tener la Justicia en estos casos y en la situación particular del imputado. “Si bien la ley es tajante y establece que de un día para el otro sos adulto, no tenemos que dejar de pensar que estamos hablando de un menor”, añadió

Respecto a la velocidad a la que circulaba el Peugeot 207 al momento del accidente, Quevedo indicó que “las pericias accidentológicas señalaron que el vehículo transitaba a un promedio de  100 km por hora. 

“Hubo dos testigos presenciales que vieron el accidente. Además, uno de los damnificados también pudo relatar cómo el vehículo impactó contra la camioneta que estaba estacionada”, acotó.

Si bien aclaró que la decisión final sobre la pena “corresponde siempre al juez”, marcó que la familia de Ceballos no puso reparos al fallo. “Como querella y como víctimas, tuvimos la posibilidad de evaluarlo y no hubo objeciones(…) La pena, según la legislación, tiene una finalidad de resocialización”, sentenció.

Finalmente, respecto a los próximos pasos, el abogado aclaró que la homologación del acuerdo quedará en manos de la jueza, quien deberá realizar un examen “de visu” con el imputado antes de resolver.

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Tags: FM 89.3Juan Cruz MartínezJusticiaLuca Ceballos
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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