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Creció la pobreza en niños y adolescentes argentinos: el 65,5% es pobre

Los datos del tercer trimestre relevados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA muestran que 2 de cada 10 niños viven en pobreza extrema. El ODSA señala que "hay tres Argentinas".

5 diciembre, 2024
niños niñas y Adolescentes - pobreza UNICEF

El pasar económico de la Argentina en el mercado cambiario, sumado al equilibrio fiscal y el fin de la recesión en el mercado interno, son dignos de destacar. Pero, para llegar a eso, hubo un largo camino y golpeó a la gran mayoría de los argentinos, principalmente las poblaciones más vulnerables.

Muestra de ello son las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) para el tercer trimestre donde muestra que el 65,5% de los niños y adolescentes menores a 18 años es pobre en el país, 2,6% que en 2023, cuando era del 62,9%.

El número es preocupante y va en contrapartida del análisis de la pobreza general en el país que alcanzó al 49,9% de los argentinos, mientras la indigencia afectó al 12,3% de la población en el último trimestre del año, según datos del ODSA.

La indigencia en niños de 0 a 17 años pasó de 16,2% el año pasado a 19,2% en el tercer trimestre de 2024.  En ese sentido, el informe indica que “actualmente, 2 de cada 10 niños viven en la pobreza extrema. En materia de infancia, los niveles actuales de indigencia y pobreza se acercan a los más altos de la crisis de 2002. Esto implica una fuerte pérdida de capital humano y una desinversión intergeneracional”, precisó el ODSA y agregó que desde 2022 se observa un incremento de la pobreza infantil en los estratos medios.

Pobreza 

Lo dicho, la pobreza en Argentina bajó 3% y 5,8% en comparación al primer trimestre de 2024, cuando la pobreza llegó al 52,9% y la indigencia al 18,1%, respectivamente.

El observatorio también realizó una microsimulación con la metodología de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, lo cual arrojó que la pobreza en el tercer trimestre fue de 46,8% y la indigencia, 12,9 por ciento. La diferencia en la medición es que el ODSA releva 20 aglomerados urbanos, en lugar de 31, e incluye ciudades pequeñas y medianas.

De todas maneras, los indicadores todavía no se redujeron a los niveles del cuarto trimestre de 2023, luego del pico de los primeros tres meses de 2024, a partir del efecto de la devaluación de diciembre y el ajuste fiscal.

Agustín Salvia, director del Observatorio, aseguró que la mejora se debe principalmente a la desaceleración de la inflación y a que no haya crecido significativamente el desempleo. Sin embargo, aclaró que es posible que esto no se sienta en los bolsillos ni se exprese en mayores niveles de consumo por el cambio en la composición de los gastos fijos de los hogares, como resultado de los aumentos en servicios de comunicación, transporte, gas y luz.

Hacia adelante, Salvia espera que tanto la pobreza como la indigencia continúen bajando.

 

Ingresos insuficientes e inseguridad alimentaria 

En tanto, el 47% de la población siente que sus ingresos son insuficientes, mostrando una suba en todos los niveles socioeconómicos en relación a 2023. “La situación actual se autopercibe menos grave que durante la pandemia, a la vez que más grave post crisis 2001-2002”, sostuvo el observatorio. Asimismo, disminuyó la cantidad de argentinos que pueden ahorrar, pasando de 11,1% en 2023 a 9,1% en promedio este año.

A su vez, al tercer trimestre de 2024, creció la inseguridad alimentaria a 24,3%, en línea con la tendencia ascendente iniciada en 2018. Los programas sociales de transferencia de ingresos y asistencia alimentaria, que se incrementaron en las últimas dos décadas, ayudan a que el deterioro no sea más pronunciado.

En la actualidad, el 36,3% de los hogares recibe apoyo directo o indirecto del Estado nacional, provincial o municipal. Los principales planes son la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que en conjunto cubren el 50% de la canasta básica alimentaria y el 25% de la total.

Respecto al empleo, durante los últimos 20 años la participación de la fuerza de trabajo en empleos plenos o “decentes” nunca superó el 45%, con un proceso descendente a partir de 2011-2012. En ese marco, disminuyó la desocupación, pero creció el desempleo “oculto” a través de trabajos informales de subsistencia. Ahora sólo 4 de cada 10 personas activas cuentan con un empleo pleno y resalta que en 2024 subió la precariedad y cayó levemente el subempleo inestable. En consecuencia, el 51,8% de los argentinos ocupados no hace aportes a la seguridad social.

El informe precisa que entre 2022 y 2024 los ingresos laborales reales cayeron casi 19%, pero con diferencias significativas según sector ocupacional: la reducción es de 12,6% en los empleos formales y más de 20% en los informales.

En este contexto, el ODSA señala que hay tres Argentinas: el 3% de los hogares pertenecen a la elite económica, 27% a clases medias integradas, 40% a clases medias tradicionales y 30% a clases pobres estructurales.

 

Fuente: Agencias de Noticias e Infobae

Tags: ArgentinaBajos salariosInseguridad alimentarianiñosObservatorio de la Deuda Social UCAPobreza infantil
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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