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“El 90% de las obras sociales se aprovecha de los monotributistas”

Una reunión convocada este lunes podría ser clave para que las autoridades nacionales tomen medidas urgentes y eviten un colapso del sistema sanitario.

1 diciembre, 2024

Actualmente el 90% de las 17 obras sociales que todavía “afilian” a monotributistas está dejando a muchos trabajadores sin acceso a la atención médica si por ejemplo no pagan un extra que de base son casi $100 mil, por cada persona soltera sin hijos.

Si quien desea afiliarse padece enfermedades crónicas, directamente queda fuera.

La situación fue denunciada por Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) para quien, tras la implementación del Decreto 955/2024 del Gobierno nacional, “las obras sociales se están aprovechando de estos trabajadores”.

“Este decreto, que eliminó la obligatoriedad de que las obras sociales afilien a monotributistas, generó una profunda crisis y desigualdad en el acceso a la salud para este sector”, según explicó la presidente de MARA, Noelia Villafañe, durante una extensa charla con la FM 89.3 Santa María de las Misiones y Canal 9 Norte Misionero.

De acuerdo con Villafañe, las 17 obras sociales que figuran en el nuevo registro habilitado por el Gobierno nacional (que incluye a aquellas entidades que desean aceptar a monotributistas), están mostrando una notable resistencia a afiliarlos.

“En la práctica, el 90% de estas obras sociales no está cumpliendo con su deber de ofrecer cobertura a los monotributistas”, denunció Villafañe.

“La mayoría de las 17 obras sociales registradas directamente no están afiliando monotributistas sociales. Si afilian a los demás lo hacen porque acuerdan el pago de un ‘plan superador’. Por ejemplo, una persona joven, sin enfermedades y sin hijos, debe abonar un adicional de $96 mil mensuales y ahí puede acceder, de lo contrario, no”, señaló enfática.

 

Escenario crítico

Este escenario generó un profundo malestar en la comunidad de monotributistas, ya que muchas personas no podrán hacer frente a este costo adicional. El sistema de salud de los monotributistas, que históricamente atravesó una situación crítica, se agudiza por la escasa cobertura que existe a partir de ahora y al alto costo asociado a las alternativas ofrecidas por las prestadoras.

“Lo que está ocurriendo es que las obras sociales están diciendo a los monotributistas que si no pagan ese extra no los afilian; y la mayoría de ellos no pueden pagar estos planes superadores. Pero si los afilian también van a parar a ser atendidos en los hospitales, lo cual, en definitiva, es lo mismo que no tener obra social”, lamentó la presidente de MARA.

El impacto de esta situación podría ser mucho más grave ante el creciente número de personas sin acceso a la medicina privada; la falta de cobertura para este gran sector podría llevar a colapsar aún más los ya saturados servicios de salud pública, que están al límite.

Hay que recordar que en Misiones, por ejemplo, el empleo formal disminuyó considerablemente en el último año y a la par creció el segmento de trabajadores que pasaron a ser monotributistas.

Como respuesta a esta crisis, se logró una reunión crucial para este lunes donde, en forma presencial, representantes de MARA se se reunirán con el gerente general de la Superintendencia de Salud, Claudio Adrián Stivelman, con el objetivo de elevar los reclamos del sector y buscar una solución inmediata.

“Vamos a presentar todo el relevamiento sobre la situación para que el organismo tome cartas en el asunto. Es urgente que se revierta esta situación, porque parece que no hay control sobre lo que está sucediendo”, enfatizó Villafañe.

 

Doble agravio: para los más vulnerables y afiliados del interior

Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es el impacto en los trabajadores monotributistas que padecen enfermedades crónicas, como diabetes, enfermedades oncológicas o problemas de salud prolongados. “Es alarmante cómo las obras sociales se están aprovechando de los monotributistas, especialmente porque las reglas cambiaron con la entrada en vigor del decreto 955”, denunció Villafañe.Resulta que los trabajadores con los mencionados cuadros de salud, que hasta el momento habían estado cubiertos por las obras sociales, de repente se encontraron sin acceso a los tratamientos médicos necesarios, lo que pone en riesgo su salud. “Lo que están haciendo es suspenderles las prestaciones o bien reducirles la cartilla al máximo; por ejemplo SACRA pasó de una cartilla de 15 páginas a una de media carilla compuesta solo por hospitales públicos. Es una tomada de pelo”, cuestionó. A pesar de que 17 obras sociales se registraron voluntariamente para aceptar monotributistas, la dirigente destacó que este número es insuficiente y que la mayoría de estas prestadoras no están afiliando a los monotributistas como corresponde.

 

“Los estafan”

“Las obras sociales reciben el aporte, pero no brindan el servicio que deberían. Esto es una estafa”, afirmó con dureza. Y amplió que la gran mayoría de las prestadoras solo afilia a monotributistas de CABA y ni siquiera amplía a afiliados en provincia de Buenos Aires.

“Sin embargo, cuando la persona se anota e inscribe, no puede diferenciar qué obra social después no le brinda cobertura. En la lista se ven obras sociales que aparentemente son nacionales, el trabajador confía y después se encuentra con la negativa. Eso le llevará a que pueda estar un año entero aportando sin tener contraprestación”, contó.

“Le dieron una navaja al mono. El Gobierno le dio la navaja a las obras sociales que están actuando como monos y ahora hacen toda esta barbaridad y quienes pagan los platos rotos son los más vulnerables”

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Tags: FM 89.3Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA)MonotributoNoelia VillafañeObras Sociales
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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