El fiscal de Instrucción 6, René Germán Casals, requirió formalmente esta semana la elevación a juicio oral y público para dos jóvenes posadeños acusados de robar medidores de agua de viviendas de esta capital.
Braian Samuel Dos Santos y Elías Josué Pellizzer fueron detenidos en mayo pasado y se los vinculó mediante tareas de investigación policial por la seguidilla de esta modalidad de hurto que se registró en varios barrios.
La acusación formal es por “hurto en concurso real, nueve hechos” (artículos 162 y 163 del Código Penal Argentino) y alcanza a ambos mencionados como posibles “coautores”. Este delito avanzó durante los últimos meses y en el caso del expediente que involucra a estos dos imputados, se habría determinado que fueron protagonistas de los nueve hurtos de los aparatos para medir el consumo del servicio que brinda SAMSA en menos de 48 horas y distintas manzanas de la jurisdicción de la comisaría Decimoctava de la Unidad Regional X.
Tal como lo adelantó PRIMERA EDICIÓN, los barrios afectados fueron Progreso, Los Lapachos y Hermoso. En este último se registraron las aprehensiones de los sospechosos.
El valor del bronce y el cobre de los medidores es lo que impulsa a los ladrones a arrancarlos en pocos segundos y durante la madrugada. También se asegura que en pocos segundos entre las llamas el metal se derrite y se borran evidencias. Voces de pasillos judiciales del fuero de instrucción penal admitieron que las denuncias aumentaron y “menos en el centro de la ciudad” en todos los barrios se registran casos.
El costo para las víctimas tampoco es magro, por el contrario se estima que cada medidor de agua cuesta 150 mil pesos como mínimo y si el reclamo en la empresa prestataria del servicio no se acompaña de la presentación de la queja en sede policial, el nuevo aparato para SAMSA corresponde que lo abone el usuario.
¿Y los reducidores?
Lo que continúa sin modificaciones ni avances en la policía es que no se detectan (y menos aún, detienen y acusan) a los propietarios o dueños de los puntos de acopio y talleres donde los reducidores compran los medidores a los jóvenes ladrones.
La actividad de comprar metales o extraerlos usados de otros elementos, está regulada en Misiones por la Secretaría de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la Provincia, que por ley dispone de un registro de compraventa, permuta y consignación de bienes muebles usados.
Fuentes judiciales coinciden en que no se investiga, no se apunta primero a estos lugares, como las chatarrerías o galpones. La queja se dirige a saber si la actividad delictiva se despliega solo en la clandestinidad o si la ausencia de control a los sitios que deberían estar registrados, incurre en el fomento de los robos. El kilogramo de bronce se paga hasta diez mil pesos, el de cobre es, por lo menos, el doble.
En el caso del cobre, se incrementa la preocupación porque se roban cables de iluminación pública y de cualquier inmueble, lo que ya generó incendios y heridos graves.
