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Los peligros de la Inteligencia Artificial con relación a la protección, la responsabilidad y la privacidad

JURÍDICOS DE PRIMERA. Inteligencia artificial vs Derecho.

10 noviembre, 2024

La Inteligencia Artificial está ocupando cada día más un lugar muy importante en nuestras vidas que, con seguridad, agilizan la resolución de muchas cuestiones cotidianas. Se trata de una de las innovaciones tecnológicas más transformadoras al presente y se ha vuelto tan útil en varios aspectos, que casi nos parece imprescindible en muchos de ellos

En esta nota nos interesa analizar el uso de la IA desde el punto de vista del Derecho. Y en esta área, si bien es cierto que la automatización de tareas está cambiando la forma de trabajar y de tomar decisiones, no es menos cierto los peligros que conlleva y los problemas legales que se presentan en cuanto a la responsabilidad legal, la privacidad y protección de datos y el sesgo algorítmico.

 

Responsabilidad legal

Con relación a la responsabilidad legal el problema está dado en que la IA, en lugar de basarse en decisiones humanas, lo hace a partir de algoritmos y datos, lo cual nos lleva a preguntarnos quién es el responsable. En el ámbito legal, por ejemplo, ¿quién es el responsable en caso de una mala interpretación de la ley?; ¿qué ocurre si en base a las respuestas que nos brinda la IA se toma una decisión equivocada plasmada en una sentencia? La responsabilidad, ¿sería del fabricante del sistema, del programador o del usuario final? Normalmente recae en el usuario final. Pero hay casos particulares, como los vehículos sin conductor o los drones. ¿Quién es el responsable en caso de accidentes?

 

Privacidad y protección de datos

Es sabido que la IA recopila muchísimos datos personales, algunos de carácter estrictamente confidencial, lo cual nos lleva a plantearnos cómo proteger los datos y cómo alinearnos a la transparencia y al consentimiento requerido legalmente para estos casos.

Recordemos que en nuestro país está vigente la Ley 25.326, de Protección de los Datos Personales, que dispone no solamente los principios generales para la protección de datos y los derechos de los titulares de los mismos, sino también quiénes son los usuarios y responsables de los archivos, registros y bancos de datos, las funciones y atribuciones de los organismos de control, las sanciones que corresponden a los responsables, que van desde las administrativas, la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la inobservancia de la ley, hasta sanciones penales que incluyen penas de prisión.

El objetivo de la ley es “… la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas…” (Artículo 1).

Establece la necesidad del consentimiento del titular de los datos personales dados en forma libre, expresa e informada, debiendo constar por escrito o cualquier otro medio que se le equipare (Artículo 5).

Asimismo, la ley legisla sobre la Acción de protección de los datos personales o de hábeas data, dentro de cuyas normas destacamos el artículo 40 referido a la Confidencialidad de la información, que no la pueden alegar los archivos, registros o bancos de datos públicos para evitar la remisión de informes, excepto “… el caso en que se afecten las fuentes de información periodística”. En el inciso 2 de dicho artículo, se dejan a salvo los casos incluidos en las excepciones al derecho de acceso, rectificación o supresión, autorizadas por la presente ley o por una ley específica.

A la luz de esta ley, cabe preguntarnos si los datos que utiliza la IA están reñidos o no con la observancia de la misma, muchas de cuyas normas son de orden público.

 

Sesgo algorítmico

Este es otro problema que se presenta al utilizar los sistemas de IA ya que al estar basados en algoritmos y datos, pueden estar sujetos a sesgos o prejuicios. Así, podemos encontrar distorsiones en los datos utilizados para desarrollar un modelo de IA. Puede deberse a muchos factores, entre los cuales encontramos la inclusión de datos incorrectos o incompletos, la exclusión de cierta categoría de datos o la selección de algunos de ellos que reflejan solamente una realidad parcial o limitada, pudiendo dar lugar a predicciones incorrectas o sesgadas en el mundo, las cuales distan de la verdad.

Debido a los cuestionamientos que genera la utilización indiscriminada de datos y la necesidad de protegernos, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), por Resolución 161/2023, creó un “Programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de la inteligencia Artificial”, instruyendo a las Direcciones Nacionales de Evaluación de Políticas de Transparencia y protección de datos personales para la realización conjunta de acciones necesarias para la ejecución del programa, y el establecimiento de mecanismos adecuados para su monitoreo y evaluación.

Asimismo, mediante la Disposición 2/2023 emanada de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se aprobaron las “RECOMENDACIONES PARA UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL FIABLE”, plasmadas en los ANEXOS I y II. Este último contiene el esquema gráfico de las etapas de Proyectos de Inteligencia Artificial, en tanto el ANEXO I, contempla las recomendaciones que buscan dar herramientas para las personas que usan la IA, incluyendo aspectos éticos, distintos usos de la IA, los diferentes riesgos asociados y los instrumentos de control para identificar responsabilidades, entre otras cuestiones.

Recientemente, la AAIP publicó, el 27 de septiembre de 2024, la Guía de la AAIP para usar la Inteligencia Artificial de manera responsable, trabajo que se enmarca en el “Programa Nacional de Transparencia y Protección de datos personales en el uso de la inteligencia Artificial de la AAIP “(Res.161/2023), que busca impulsar procesos de análisis, regulación y fortalecimiento de capacidades para acompañar el desarrollo y uso de la IA, tanto en el sector público como en el privado, buscando que las entidades que usen estas herramientas garanticen el derecho a la transparencia y a la protección de datos personales de la ciudadanía.

Su objetivo es atender riesgos y preocupaciones en el uso de la Inteligencia Artificial (IA), tanto en los procesos que buscan personalizar experiencias de usuarios, tomar decisiones basadas en evidencia, como en aquellos orientados a automatizar procesos, reducir tiempos y mejorar resultados, entre otros, siendo sus recomendaciones más destacadas, las siguientes:

• Realizar evaluaciones de impacto, que permitan identificar y mitigar potenciales riesgos en materia de protección de datos antes de implementar sistemas basados en Inteligencia Artificial.

• Armar equipos multidisciplinarios, los que facilitarán el abordaje de desafíos técnicos y éticos de la IA.

• Cumplir con el principio de explicabilidad, para que los sistemas de IA puedan ser transparentes y explicables.

• Proteger los datos personales, incluyendo medidas de seguridad que garanticen el correcto tratamiento de estos datos y los derechos de sus titulares.

• Considerar el ciclo de vida completo de la IA, considerando las recomendaciones específicas.

 

Beneficios de su aplicación en el ámbito del Derecho

No podemos negar los beneficios que tiene la utilización de la IA en esta área, entre los cuales podemos mencionar: la automatización de las tareas legales repetitivas, con lo cual se ahorra tiempo y recursos, reduciendo costos permitiendo enfocarnos en tareas más complejas; el análisis de grandes cantidades de datos con velocidad y precisión, la identificación de patrones y tendencias en leyes y jurisprudencias.

Teniendo en cuenta todas estas ventajas por un lado, pero riesgos por el otro, y las recomendaciones y normas vigentes que buscan proteger la transparencia y los datos personales, el desafío que se plantea nos conmina a hacer un uso responsable de la IA, a fin de extraer la mayor eficiencia con su utilización, sin vulnerar el derecho de las personas.

Por último, tener en cuenta estas normas, las guías y las recomendaciones, permite a las personas humanas y jurídicas conocer herramientas para reclamar sus derechos cuando éstos son afectados.

 

Fuentes:
• Prigioni F.(20 de marzo de 2023): “Inteligencia Artificial y Derecho”. Columna de la Revista Pensamiento Penal. Recuperado en https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/90667-inteligencia-artificial-y-derecho
• Ley 25.326 Protección de Datos Personales. Recuperado en https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm
• Resolución 161/2023-AAIP, Recuperado en https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/293363/20230904
• Disposición 2/2023 Jefatura de Gabinete de Ministro. RECOMENDACIONES PARA UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL FIABLE. Recuperado en https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposici%C3%B3n-2-2023-384656/texto

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Tags: DerechoInteligencia ArtificialJurídicos de PrimeraPrivacidadProtección de datos
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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