En una decisión que revive las políticas de privatización de los años 90, el Gobierno avanza con la venta de activos estatales, pero con una estrategia renovada: dividir las concesiones en múltiples compañías para atraer inversores y fomentar la competencia.
Según adelantó la administración de Javier Milei, el proceso comenzará con la privatización de Belgrano Cargas y se extenderá a otros sectores estratégicos, como los trenes de pasajeros. Esta iniciativa sigue la reciente aprobación del dictamen para privatizar Aerolíneas Argentinas, que obtuvo respaldo de sectores del PRO y parte de la UCR.
Actualmente, el Estado Nacional tiene participación en más de un centenar de empresas, de las cuales 34 cuentan con una participación mayoritaria. Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, 21 de estas empresas presentaron superávit financiero en el último trimestre de 2023, mientras que en el primer trimestre de 2024, la cifra se redujo a doce.
Esta disminución se atribuye a los recortes de presupuesto implementados por el actual Gobierno, “la motosierra”, por el 46% de disminución en las transferencias estatales, destacándose el recorte a Enarsa debido a la reducción de subsidios y a la menor necesidad de importación de gas tras la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.
La primera de unas cuántas
La venta de Belgrano Cargas no es una idea nueva; en 1999, fue privatizada mediante contratación directa. Sin embargo, la falta de inversiones privadas llevó al deterioro de su infraestructura y a la declaración de emergencia ferroviaria en 2006. En 2008, el gobierno de Cristina Kirchner revirtió la concesión y nacionalizó el servicio en 2013.
Desde entonces, el Belgrano Cargas había comenzado un proceso de recuperación: entre 2021 y 2022, la estatal Trenes Argentinos Cargas aumentó en 57,4% el transporte de mercancías, alcanzando los niveles récord de 1992.
A pesar de estos logros, la actual administración planea iniciar su privatización, argumentando que la concesión se dividirá en tres segmentos (administración, infraestructura y operación) para evitar errores del pasado.
“La situación actual exige analizar las opciones de gestión más eficientes, y esto nos llevó a definir un camino a seguir con la privatización por partes”, declararon fuentes de la Secretaría de Transporte. Esta estructura busca mejorar la eficiencia operativa y atraer capital privado en cada uno de los segmentos.
El impacto en empresas estatales
El avance de las privatizaciones ha desatado un debate en torno a los efectos de los recortes en las empresas públicas. Los ingresos de Aerolíneas Argentinas cayeron un 28% en el primer semestre de 2024, Correo Argentino y Corredores Viales registraron una baja del 26%, mientras que los ingresos de Tandanor se desplomaron en un 58%.
En contraste, AySA y Trenes Argentinos incrementaron su facturación, debido a ajustes tarifarios, una estrategia que ha sido criticada por el aumento de los costos de los servicios públicos para los ciudadanos.
“Esta política de privatizaciones y aumentos en tarifas afecta a toda la ciudadanía, ya que desmantela el patrimonio nacional y eleva el costo de los servicios esenciales”, advirtió Manuel Valenti Randi, economista y director del observatorio Ocipex.
Además, denunció que la reciente decisión de quitarle a Arsat la franja reservada de 100 MHz para proveer internet a más de 42 mil escuelas afectará el acceso a la conectividad y la rentabilidad de la empresa.
Con la política de recortes, el Estado ha logrado disminuir su participación en el PBI al reducir las transferencias a las empresas estatales, aunque esta estrategia también ha generado un debilitamiento de los servicios y la reducción de inversiones en mantenimiento e infraestructura.
Según el centro de estudios Ocipex, “lejos de ser una carga para el Estado, las empresas públicas han sido clave en el desarrollo de sectores estratégicos y, paradójicamente, su fortalecimiento permitió reducir las transferencias del Tesoro”.
Fuente: Noticias Argentinas
