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“No hay tantas propiedades de Nación que puedan cancelar la deuda con Misiones”

Dudas sobre el plan del presidente Javier Milei para saldo y compensación de acreencias con provincias. Se espera una convocatoria formal para ver “la letra chica” y definir si se adhiere a la propuesta.

3 noviembre, 2024

Mediante decreto 969/2024, el presidente de la Nación, Javier Milei, creó el “Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas”, que fue oficializado el pasado viernes con la publicación en el Boletín Oficial.

El mismo establece un régimen de compensación de deudas entre el Estado nacional y las provincias. Es que, en la actualidad, “un importante número de jurisdicciones mantiene niveles de endeudamiento que condicionan la situación de equilibrio financiero y, por lo tanto, la sustentabilidad de sus esquemas fiscales”, según lo indicó el Presidente en la norma.

Pero este no parece ser el caso de Misiones, en cuanto a saldos a favor de la Provincia más que de la Nación.

Por esta razón, desde la “Rosadita” misionera, explicaron a PRIMERA EDICIÓN que “se analiza” el decreto de Milei porque abundan las dudas respecto al verdadero objetivo: es cobrarse deudas de provincias en delicada situación o pagar las que arrastra la Nación desde hace años.

Es que Milei impuso que quien adhiera podrá ser pasible de retención de la coparticipación: “Si resultare saldo a favor del Estado nacional, las Provincias o la CABA podrán cancelarlo mediante la afectación de un porcentaje de los recursos que le correspondan en virtud del Régimen de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales”, sostiene el decreto.

Por lo pronto, en la Rosadita aseguraron a este Diario que “hay cosas que no son las expresadas por el vocero Manuel Adorni y lo que dice el texto del Boletín Oficial”.

Milei les puso a los Gobernadores unos 30 días hábiles administrativos contados a partir de la entrada en vigencia del decreto (es decir desde el viernes 1 de noviembre hasta mediados de diciembre) para expresar el interés de acuerdo.

Compensación por bienes

“Si bien nos fue anticipado el decreto por el equipo de Economía de la Nación hace un mes, el texto habla de compensar y luego ver cómo se cancela. En la conferencia, Adorni habló de pagar con propiedades inmuebles de la Nación”, advirtieron las fuentes oficiales consultadas tras conocerse la normativa.

Ciertamente el decreto 969 no dice nada de saldar deudas a las provincias con propiedades. Por eso en la Gobernación advirtieron que “con lo que nos deben, no hay tantas propiedades inmuebles de la Nación en Misiones que puedan cancelar la deuda que tienen”.

Es que, entre Consenso Fiscal, ANSeS, obras y regalías de Salto Grande y Yacyretá, Misiones reclama una cifra superior a los $300 mil millones.

El problema es que mucha deuda no está totalmente devengada por el Estado nacional: “Sinceramente dudamos que el Estado nacional organice el pago de esa deuda”, admitieron en la Rosadita a PRIMERA EDICIÓN.

Al ser consultadas si temen que no adherir pueda significar no cobrar nunca la deuda nacional, respondieron que “no, pero en caso de no adherir es probable que Nación cobre las deudas porque tienen garantía de coparticipación y no pague sus deudas porque no tenemos cómo cobrárselas si no es por vía judicial”.

Para entender la diferencia, lo que Misiones adeudaría a la Nación es el 1% de lo que le reclamaría de acreencias de años de no pagarlas. “Solamente la provincia de Misiones tiene deuda con el Fondo Fiduciario por cerca de $2.000 millones y con el Fondo de Infraestructura Regional por cerca de $3.000 millones”, precisaron las fuentes a este Diario.

Por lo tanto, si la Nación no reconoce la deuda pero reclama esos $5.000 millones de pesos, el monto se recortaría de una coparticipación que viene recortando más de 138.558 millones de pesos a Misiones entre enero y octubre de 2024.

Finalmente, las autoridades políticas de Misiones esperarán una convocatoria de la Casa Rosada para los próximos días, a fin de preguntar por todas estas cuestiones o buscarían abrir una vía de diálogo específica por este tema.

Por lo pronto, queda esperar hasta el mes que viene cómo se seguirá aplicando el plan motosierra.

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Tags: Coparticipación. MisionesDeudas de la NaciónRégimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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