En medio de la polémica y los fuertes cuestionamientos en torno a las irregularidades detectadas en torno a las pensiones por invalidez que paga la Nación, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó un documento donde aboga por una revisión de las políticas sociales “sobre la base del reconocimiento de los derechos, de la autonomía y de la capacidad de todas las personas”.
Titulado “Pensiones por discapacidad: algunos aportes a la discusión pública”, el documento hace foco en tres de los principales planteos que circulan en la opinión pública: la cantidad excesiva de pensiones aprobadas en los últimos años por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la irregularidad en su otorgamiento y la compatibilidad con el ejercicio de actividades laborales.
“Sucede cada tanto esto de cuestionar el sistema de pensiones a personas con discapacidad, y en general ese cuestionamiento está basado en información que nosotros entendemos confusa o malinterpretada, y genera concepciones que no se corresponden con la realidad”, advirtió este jueves Eduardo Quiroga, abogado del Programa de Derechos de Personas con Discapacidad de la ACIJ, en entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
“Hemos visto muchos discursos de funcionarios que no se condicen con los números reales, y además suelen ser los discursos hegemónicos que se difunden con mayor celeridad o que tienen más repercusión, pero lo cierto es que muchas de esas cuestiones no son reales: no hay tantas pensiones mal otorgadas, o si las hay, ese número no es representativo. Todos esos mensajes no suelen ser ciertos y es un poco lo que tratamos de contradecir con con este documento”, sentenció el abogado.
¿Hay demasiadas pensiones por invalidez?
Quiroga fue muy contundente al afirmar que “cuando se escucha que actualmente se pagan más de 1.200.000 pensiones por invalidez, parece un número muy elevado; pero en realidad esa cifra representa el 20% del total de personas con discapacidad en el país”.
En términos de ajuste y de “motosierra”, el abogado reconoció que “en principio es un gasto elevado el que se invierte en pensiones no contributivas, porque inclusive van acompañadas con el Incluir Salud, que es el programa que brinda asistencia de salud a todas las personas que reciben una pensión no contributiva”, pero remarcó que “cualquier ajuste que el Estado quiera realizar no debería impactar en poblaciones vulnerables y que tienen poco acceso a otros recursos, a la salud, al trabajo, a la educación”.
“Es importante saber que las personas con discapacidad están sobrerrepresentadas en los segmentos que están en situación de pobreza; es decir, en estos grupos hay más personas con discapacidad. Por eso creemos que de ninguna manera debe ser una posibilidad para el Estado retirarse de la inversión que tiene que hacer en materia de discapacidad”
¿Hay tantas irregularidades como dicen?
En cuanto a las famosas auditorías afrontadas por el Gobierno, y las irregularidades que efectivamente fueron apareciendo en algunos casos puntuales, Quiroga admitió que “el Estado tiene la facultad y prácticamente la obligación de auditar que no se otorguen pensiones de manera irregular”, pero en cuanto a las PNC, advirtió que “se está llevando a cabo auditorías masivas que carecen de accesibilidad y que desconocen los derechos de las personas con discapacidad”, además de que desde el Gobierno se está negando la información pública sobre las metodologías y los resultados.
Varios pasos hacia atrás
Respecto a la reciente modificación del Decreto 432/97, que regula los requisitos e incompatibilidades para acceder a la prestación, se argumenta que condicionar el otorgamiento de las pensiones a la “capacidad laboral” de las personas es contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a la que la Argentina está obligada a someterse desde que adhirió a ella en 2008.
Para el referente de la ACIJ, supeditar el cobro de las pensiones a la “imposibilidad de trabajar” resulta problemático, considerando “discriminatoria la idea de considerar qué personas son válidas o inválidas para el mercado laboral. En principio, todas las personas deberían poder trabajar y contar con los apoyos o con los ajustes que requieran en sus ámbitos laborales para poder desarrollar una tarea: no deberíamos considerar que hay personas que son improductivas o incapaces para el trabajo“.
Además, entiende que ejercer una actividad laboral no debería ser incompatible con recibir otro
ingreso que compense los gastos extras derivados justamente de tener una discapacidad.
“La pensión corresponde al 70% de la jubilación mínima, entonces para aquellas personas que no trabajan y que no tienen otro ingreso, el monto de la pensión es insuficiente para desarrollar una vida autónoma y para afrontar todos los gastos de la vida cotidiana”
En definitiva, ese último cambio en la norma retrotrae todos los avances incorporados en los últimos años y devuelve a la situación de 1997 , con requisitos que “ya parecían totalmente superados”, lamentó.
Así, por ejemplo, “se somete a las personas con discapacidad a depender de vínculos de dependencia económica con otras personas. Hablamos incluso de personas con discapacidad que no tienen acceso al trabajo, no tienen acceso a otros bienes y se les quita la pensión porque hay otras personas que podrían mantenerlas, entre comillas”, algo que consideró “contrario al derecho”.
“Pedimos que el Estado compense los gastos que tienen las personas con discapacidad por el solo hecho de vivir con una discapacidad y enfrentar barreras en la vida cotidiana: por ejemplo, tienen gastos extras para acceder a un plan de salud, gastos específicos para acceder a determinadas prestaciones, por ejemplo un transporte accesible… Los organismos internacionales dicen el Estado tiene que compensar esos gastos extras”
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