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En materia de salud, “no hay una sola resolución a favor de la gente”

Así lo advirtió la Dra. Miriam Medina, abogada especialista en salud, al referirse a la nueva medida del Gobierno que modifica la normativa sobre la libre elección de obra social. Cómo afecta a los monotributistas.

28 octubre, 2024

Este lunes, el Gobierno nacional emitió el Decreto 955/2024 para modificar la normativa sobre la libre elección de obra social de los pequeños contribuyentes, en una medida destinada a ofrecer mayores opciones y transparencia. Con esta nueva disposición, se crea un “Registro de Agentes del Seguro de Salud” en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud, donde se inscribirán las entidades de salud habilitadas para cubrir a los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado.

Ante la incertidumbre que genera la medida en los trabajadores, FM 89.3 Santa María de las Misiones y Canal 9 Norte Misionero, dialogaron con la Dra. Miriam Medina, abogada especialista en salud, quien advirtió que la normativa publicada en el Boletín Oficial marca un retroceso en el acceso a la salud para trabajadores, tanto en el ámbito de la medicina privada como en las obras sociales.

“Esto quiere decir que las obras sociales podrán registrarse y declarar si aceptan o no a monotributistas. Hasta ahora, cualquier persona podía darse de alta en el monotributo, elegir una obra social, y la obra social tenía la obligación de aceptarlo. Sin embargo, con esta nueva resolución, el Presidente permite que las obras sociales rechacen a los monotributistas si así lo desean. Este contribuyente, que no puede pagar una prepaga y busca cobertura médica a través de una obra social como monotributista, ahora puede ser rechazado, y esto está respaldado por el decreto del Poder Ejecutivo”.

Esto significa que un monotributista que quiera acceder a la salud a través de una obra social ahora deberá verificar si la entidad que elige acepta su inscripción. Medina advirtió que esta medida profundizará la desprotección de los trabajadores independientes que, al no poder afrontar los elevados costos de una prepaga, buscan seguridad en el sistema de obras sociales..

Los monotributistas que actualmente tienen una obra social no verán afectada su situación de inmediato, ya que el decreto se aplica a nuevas afiliaciones. Sin embargo, la situación podría cambiar para quienes busquen cambiar de obra social o aquellos que, ante el aumento de los costos de las prepagas, deseen darse de baja para optar por esta alternativa.

Frente a estas limitaciones, la letrada sugiere a los afiliados que conozcan sus derechos y se asesoren legalmente si su cobertura médica es insuficiente o si necesitan acceder a un tratamiento específico no cubierto. “Es importante que, en caso de enfrentar trabas en el acceso a tratamientos, los monotributistas consideren presentar un recurso de amparo, ya que en muchos casos la Justicia falla a favor del derecho a la salud”, recomendó.

 

Más limitaciones

El Decreto 955/2024 no fue la única novedad en salud este lunes, el Gobierno mediante la Resolución 3934/2024  también estableció un nuevo marco normativo para regular los planes de salud, permitiendo a las prepagas y obras sociales limitar las coberturas de medicamentos y tratamientos, ya que solo podrán ser prescriptos por médicos que integren la cartilla del agente de seguro sanitario correspondiente.

Según la resolución, los afiliados solo podrán recibir prestaciones y medicamentos recetados por médicos que formen parte de la cartilla de su obra social o prepaga. Así, si un paciente desea consultar a un especialista fuera de la cartilla, la cobertura para estos servicios podría negarse, obligando al afiliado a asumir los costos o buscar alternativas legales.

Medina explicó que esta medida desincentiva a los médicos de cartilla a prescribir tratamientos costosos, pues aquellos que lo hagan podrían enfrentar represalias, lo cual afecta directamente la calidad de atención. “Antes, si un médico de fuera de la cartilla recomendaba un medicamento específico, uno podía pedir el reintegro. Ahora, la cobertura está sujeta a las recomendaciones de los médicos de la cartilla, lo cual limita la opción de tratamiento a lo que el sistema quiera cubrir”, detalló la abogada.

Finalmente, Medina remarcó que “las obras sociales y prepagas tienen la obligación de cubrir el Plan Médico Obligatorio (PMO), que incluye prestaciones básicas. Si no se cubren tratamientos, cirugías o medicamentos esenciales, la gente tiene derecho a reclamar. Y en estos casos, si la persona está en una situación de crisis por el aumento de las prepagas o la falta de cobertura de medicamentos, los jueces suelen fallar a favor del afiliado cuando se demuestra que es una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, para que eso ocurra, los afiliados deben acudir a un abogado especialista en salud y presentar un recurso judicial”.

Tags: #saludFM 89.3Miriam MedinaMisionesObras SocialesPrepagas
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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