Este viernes, el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Juan Manuel Díaz, se reunió con magistrados y funcionarios de los Tribunales Penales con el objetivo de abordar nuevas estrategias 2024-2025, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Oberá.
En ese cónclave se abordaron diferentes temáticas, entre ellos la alarmante estadística de casos de abuso sexual en la provincia.
“Hoy por hoy, de acuerdo a datos del Poder Judicial de Misiones, el 40% de los detenidos en el sistema penal corresponde a casos de abuso sexual, y el 52% de los detenidos que están condenados lo son por delitos contra la integridad sexual”, señaló Díaz, subrayando que estos números son “altísimos” y representan un “flagelo que azota nuestra sociedad y que hay que desterrar por todos los medios legales”.
Volviendo al encuentro en la Capital del Monte, Díaz, quien cumple el rol de enlace en el Foro Penal en Misiones, explicó en diálogo con 89.3 FM Santa María de las Misiones y Canal 9 Norte Misionero, que el Superior Tribunal tiene no solo funciones jurisdiccionales sino también de “superintendencia”, una labor de gobernanza judicial para lograr “la mayor eficiencia del servicio de justicia”.
La reunión de este viernes contó con la participación de vocales de tribunales penales de toda la provincia, y tuvo el objetivo de “aunar criterios y compartir buenas prácticas de gestión”, especialmente en la gestión de casos de alta sensibilidad social, como los delitos sexuales y otros graves delitos, explicó el ministro.
Evitar la revictimización
Respecto al papel de las víctimas en los procesos judiciales, Díaz enfatizó la importancia de su participación activa y la necesidad de evitar su revictimización.
“Nuestro sistema penal siempre buscó expropiar el conflicto a las víctimas, para que sea el Estado quien asuma ese rol. Sin embargo, hoy existe un cambio en esa mirada”, explicó, recordando que desde 2012 la Constitución Provincial incorporó la figura del querellante. “Esta figura le otorga una voz concreta a la víctima y le permite aportar pruebas en el juicio, lo cual consideramos fundamental para darles un espacio a las víctimas”, expresó Díaz.
En estos casos, especialmente en niños, niñas y adolescentes, el ministro destacó la importancia de no repetir pruebas traumáticas que ya se tomaron durante la instrucción, como las entrevistas en Cámara Gesell.
“Lo que pedimos es que se tengan presentes estos derechos, evitando la revictimización. En instancia de debate se incorpora la visualización de la Cámara Gesell y no es necesario que el menor vuelva a declarar, salvo que ya haya alcanzado la mayoría de edad y desee hacerlo voluntariamente”, detalló.
Cuidar la integridad y transmisiones en vivo
Para preservar la integridad de las víctimas en casos de delitos sexuales, el ministro explicó que los debates suelen realizarse “a puertas cerradas”, permitiendo el acceso controlado de la prensa y resguardando los detalles para evitar una exposición pública innecesaria. “Salvo aspectos centrales y la resolución final del juicio, no se permite la publicidad de los casos”, detalló Díaz.
Para el resto de los delitos, el Poder Judicial de Misiones ha implementado la transmisión en vivo de los juicios a través del canal de YouTube de la justicia misionera, un mecanismo que Díaz calificó como “una respuesta efectiva y oportuna para atender las demandas sociales de transparencia y seguridad jurídica”.
Díaz concluyó la entrevista resaltando que el Poder Judicial en Misiones busca “dar una respuesta efectiva, oportuna y que atienda las principales demandas y necesidades sociales, contribuyendo a la paz social y la seguridad jurídica en la comunidad”.
Los ciberdelitos
Otro tema central en la reunión fue el aumento de los ciberdelitos y la adaptación del sistema judicial a la creciente presencia de pruebas digitales en los casos penales.
“Hoy en día, en países con estadísticas al respecto, se puede apreciar que el 80% de las causas han utilizado prueba digital”, dijo el ministro. “Antes uno iba a buscar testigos de carne y hueso, pero ahora lo que buscamos son cámaras de seguridad, datos de geolocalización y otros elementos digitales que den cuenta de los hechos”, explicó.
“Hoy cualquier causa penal puede tener evidencia digital, y debemos saber cómo resguardarla y tratarla en la instrucción y en el debate”, dijo, enfatizando que esta iniciativa “se aceleró” con la incorporación de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos en la provincia.
