Este jueves el Ministerio de Gobierno de la Provincia tomó la decisión de intervenir el Jockey Club de Posadas a raíz de detectar numerosas irregularidades denunciadas por socios en la última asamblea de elección de autoridades.
Además, esta decisión se aceleró luego del escándalo de la Copa Challenger, donde un caballo falleció en plena carrera y se producían apuestas de todo tipo, en forma ilegal, que fueron filmadas y viralizadas en redes sociales por quienes concurrieron.
El interventor designado es Joaquín Cabral, actual director de Asuntos Municipales de la Provincia. No dio declaraciones pero PRIMERA EDICIÓN logró averiguar que su tarea sería auditar todo lo actuado en la gestión anterior y convocar a una nueva asamblea para que los socios elijan una comisión directiva.
A raíz de esto, el IPLyC (Instituto Provincial de Lotería y Casinos) le revocó la autorización al Jockey y lo multó con 20 millones de pesos.
Asamblea irregular e ineficaz
La Dirección de Personería Jurídica declaró “irregular e ineficaz” la asamblea del 30 de agosto en la cual se designó a Gustavo Mussi presidente.
Había sido convocada por el presidente interino, Víctor Martínez. Cuatro agrupaciones de socios presentaron pruebas de irregularidades ante esa Dirección.
Entre las irregularidades “constatadas” se mencionan la falta de presentación del padrón a tiempo, anomalías en la lista de socios con derecho a voto y diferencias entre lo publicado en los edictos de convocatoria y lo que se trató.
Mussi nunca asumió y Martínez fue quien firmó un contrato de comodato para ceder las instalaciones del hipódromo a los organizadores de la Copa Challenger, que derivó en el escándalo.
El propio “interino” se justificó diciendo que los organizadores fueron responsables de todo y que el contrato establece claramente que el Jockey Club delegó la seguridad, la organización y los seguros. Sin embargo, la intervención tiene fundamentos en la asamblea previa a la Copa Challenger.
