El presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Antonio López Forastier, se mostró hoy abiertamente en contra del proyecto de “divorcio exprés” del gobierno de Milei, con el que se apunta a que se pueda disolver el matrimonio de común acuerdo en un simple acto administrativo ante el Registro Civil, de la misma forma que simplificar también los trámites para las sucesiones y herencias.
Al respecto, el referentes de los letrados locales opinó en la FM 89.3 Santa María de las Misiones que la reforma pretendida va a complicar más de lo que puede solucionar, pues se generará un proceso engorroso en el cual la Justicia va a tener que trabajar el doble, con el doble de trámites.
Es que, desde la última modificación del Código Civil en 2016, “ya tenemos un trámite de divorcio muy acortado, que se resuelve en un solo proceso de tres a seis meses”, mientras que sin la intervención judicial, en el ámbito de los registros civiles “va a ser muy difícil resolver la cuestión de fondo que tiene que ver con todos los efectos que derivan de un divorcio: el régimen de visitas en caso de haber menores, la prestación de alimentos, la división de bienes o la compensación económica si corresponde”.
“Al Estado argentino lo que le interesa son estos aspectos del divorcio, no la disolución del vínculo en sí, sino la protección de estos derechos. Me parece que se está desnaturalizando un instituto que es uno de los mejores que tenemos para resguardar los intereses que pudieran afectarse”.
“Hoy es prácticamente imposible que un operario del Registro de las Personas, que no tiene calificación para la temática, pueda determinar si efectivamente existen o no existen niños, si existen bienes o no existen”, argumentó López Forastier. Entonces, “si dos personas se divorciaran ante el Registro de las Personas, luego vendrían al estudio de los profesionales y deberían hacer un juicio por separado de alimentos, un juicio por separado de régimen de contacto y visitas, un juicio por separado para ver si puede reclamar una compensación económica“.
En síntesis, “la forma en que se está transmitiendo esta problemática (desde el Gobierno) es que los abogados se van a quedar sin un ingreso y que lo único que quieren es mantener (los trámites de divorcio y sucesiones) en la sede judicial para defender sus propios intereses económicos, pero no es cierto esto que se dice que se van a tener menos juicios y menos costos. Habrá mayor cantidad de procesos y mayor cantidad de honorarios, porque van a tener que pagar un horario por cinco procesos judiciales, no por uno. Entonces, va a haber más juicios, más honorarios y las provincias van a tener más gasto en materia de Justicia, porque no nos olvidemos de que la Justicia de Familia depende de las provincias y la financian las provincias”.
Por eso, para López Forastier este proyecto “no tiene mucho sentido desde la lógica jurídica desde la lógica práctica ni tampoco desde la lógica política”.
“Quizás se está haciendo foco en los abogados y la realidad es que los abogados somos el producto de un sistema: si está un juez, debe haber necesariamente un abogado. Si el problema son los costos, podría tranquilamente autorizarse bajo el mismo sistema actual que se resuelva en un solo proceso cinco o seis cuestiones derivadas, pero a través del defensor oficial”, propuso el portavoz de los abogados misioneros.
“A veces es muy fácil legislar y suponer una realidad que luego es muy difícil que se dé”.
