El desfinanciamiento universitario es un problema que afecta cada vez más a las instituciones educativas de todo el país. En Misiones, la situación es alarmante para la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), que lucha por mantenerse a flote en medio de una inflación creciente y la falta de actualizaciones presupuestarias para gastos esenciales.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el vicerrector de la UNaM, Sergio Katogui, describió con preocupación el impacto que esta situación está teniendo en la universidad. “El desfinanciamiento se vivencia en dos cuestiones fundamentales: el pago de los salarios y los gastos corrientes para el funcionamiento de la universidad”, explicó. Los salarios de docentes, no docentes y autoridades universitarias representan el 90% del presupuesto asignado, mientras que el restante 10% está destinado a cubrir gastos básicos como electricidad, agua, internet, seguridad, y otros servicios.
Sin embargo, este balance inicial se vio alterado a lo largo de todo el año debido a las negociaciones paritarias que requieren ajustes salariales periódicos para acompañar la inflación.
“Este año, las actualizaciones salariales no han acompañado la velocidad de la inflación”, comentó Katogui. “En los primeros meses del año, con inflaciones mensuales del 20% o más, hubo un desfasaje importante, y esto repercute directamente en la economía de los trabajadores de la universidad”, agregó, señalando la necesidad de una recomposición salarial urgente para el personal.
Las carreras más afectadas
El impacto no es uniforme en toda la universidad. Katogui señaló que las carreras que requieren más recursos para actividades de laboratorio y salidas de campo son las más perjudicadas. “Las carreras de ciencias exactas, ingeniería y aquellas que implican el uso de reactivos, instrumentos y visitas a fábricas o congresos se ven muy afectadas por la falta de presupuesto”, explicó.
“Estas actividades no solo son esenciales para la formación académica de los estudiantes, sino que muchas veces representan la única oportunidad para que los estudiantes puedan adquirir competencias prácticas en sus campos de estudio”, añadió.
Reducción en comedores y mantenimiento de albergues
Además del impacto académico, la crisis económica afectó los servicios de contención social que brinda la universidad. Los comedores universitarios, que son vitales para muchos estudiantes, tuvieron que reducir la cantidad de bandejas que sirven diariamente.
“En Posadas tenemos dos comedores que han visto reducidas sus operaciones. Esta situación es un reflejo del desfinanciamiento y de la imposibilidad de sostener los costos de los insumos”, sostuvo el Vicerrector.
Por otro lado, los albergues universitarios, que alojan a más de mil estudiantes, también están pasando por dificultades. Aunque la mayoría son propiedad de la universidad, lo que evita desalojos, el mantenimiento de las instalaciones está siendo perjudicado.
“El mantenimiento de las unidades habitacionales está en riesgo, lo que podría afectar a los estudiantes que dependen de estos espacios para continuar sus estudios”, admitió.
En sintonía, la decana de la Facultad de Artes y Diseño, Ivonne Aquino, expuso las dificultades que pasan muchos alumnos para poder seguir estudiando.
“En nuestra facultad, los chicos tienen el proyecto de la merienda y para muchísimos estudiantes es merienda-cena. A pesar de todas las dificultades, sostenerse como estudiantes universitarios es una demostración de vocación tremenda. ¿Cómo no vamos a apoyar a ese estudiante que nos muestra todos los días que quiere seguir estudiando y que apuesta a la educación superior para consolidar su proyecto de vida?”, argumentó la ex ministra de Educación.
Aumento en la deserción estudiantil
La falta de recursos también tuvo un impacto directo en la continuidad de los estudiantes. Katogui advirtió sobre un aumento en las tasas de deserción, particularmente entre aquellos que dependen de los sistemas de asistencia social que brinda la universidad. “En un contexto donde las familias misioneras han visto reducirse sus ingresos, la universidad no puede responder adecuadamente a las necesidades de los estudiantes, lo que incrementa el riesgo de abandono”, lamentó el Vicerrector.
Aunque aún no se cuenta con cifras exactas, Katogui aseguró que la tendencia es preocupante: “Hemos notado una leve disminución en la matrícula y esperamos que el impacto se refleje con más claridad al finalizar el año”, concluyó.
Desde el Gobierno advirtieron que no acatarían la ley
Luego del veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Financiamiento Universitario, los bloques Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical (UCR) pidieron una sesión especial para el 9 de octubre con el objetivo de rechazar el decreto de Milei. Para poder hacerlo, deben reunir los dos tercios de los presentes de la Cámara de Diputados.
Por su parte, el oficialismo debe reunir 87 diputados para sostener el veto del Ejecutivo. Pero, como se trata de dos tercios de los presentes, también tendrán un rol estratégico los ausentes. A menos cantidad de diputados en la sesión, más fácil alcanzar el número para mantener el veto. No obstante, al oficialismo no le estarían cerrando las cuentas y ya anticiparon que, de ratificarse la ley en la Cámara Baja, no la van a acatar.
Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que “si hay rechazo al veto, no lo vamos a acatar, porque es ilegal un aumento sin especificar los fondos”. Este mismo argumento es el que se sostuvo en el veto. Por ello, en este escenario, no se descarta la judicialización del conflicto. “Recurrir a la Justicia es una herramienta del Gobierno cuando ve una ilegalidad”, aseveró Adorni.
