A poco de iniciarse el debate en el Congreso del proyecto de ley de presupuesto nacional 2025, la decisión del presidente Javier Milei de suspender la Ley de Financiamiento Educativo, con una caída de recursos que afectará más a la educación técnica profesional; el observatorio “Argentinos por la Educación” difundió un informe denominado “Evolución del financiamiento educativo”.
Estuvo a cargo de Alejandro Morduchowicz (especialista en planeamiento y políticas educativas), Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman (integrantes del observatorio).
El documento analizó cómo evolucionó la inversión en educación entre 1980 y 2022 utilizando la serie histórica del Gasto Público Consolidado (GPC) del Ministerio de Economía en términos porcentuales respecto al PBI y en valores reales, cuánto aportan al financiamiento la Nación y las provincias, y cómo se reparten los fondos entre los distintos niveles educativos.
Entre las conclusiones del trabajo, aparecieron dos datos trascendentales. El primero que un solo año, el 2015, el Estado nacional cumplió la meta del 6% del PBI para la inversión en educación.
El segundo, en ese sentido, es que el esfuerzo mayor de sostenimiento del sistema educativo en el país lo hacen las provincias.
Para fundamentar la tesis, los especialistas revelaron que actualmente, 3 de cada 4 pesos invertidos en educación (78%) son ejecutados por las provincias y 1 de cada 4 (22%) por la Nación. En 1980, en cambio, las provincias tenían a cargo el 55% del gasto educativo.
Otros datos relevantes
Además, se develaron algunos datos vinculados al destino del financiamiento:
• Si bien en los últimos 40 años creció la inversión en educación, la meta del 6% solo se cumplió una vez y el incremento se destinó en mayor medida al nivel superior.
• Entre 1980 y 2022, el Estado aumentó el financiamiento educativo medido en términos reales y como porcentaje del PBI. La suba se distribuyó de manera desigual: fue mayor para la educación superior (universidades e institutos) que para las escuelas.
• En Argentina el financiamiento educativo creció un 226% en la educación superior y un 163% en la educación básica durante los últimos 42 años. La diferencia acumulada entre 1980 y 2022 es de 63 puntos porcentuales en favor del nivel superior.
• En los últimos 42 años se observa un aumento sostenido del gasto público en educación, tanto en porcentaje del PBI como en términos reales. La inversión que realizan las provincias aumentó un 292%, mientras que la inversión de la Nación creció un 30%.
• El financiamiento educativo cayó a principios de los años 90, en 2002 y 2003, mientras que desde 2004 se registra un incremento del gasto que se refuerza en los años 2005 y 2006, con la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional, que establecieron la obligación de invertir un 6% del PBI en educación. Sin embargo, esta meta solo se cumplió en 2009, 2013 (incluyendo Ciencia y Tecnología) y en 2015 (exclusivo para educación).
• A partir del año 2005, el crecimiento del gasto real por alumno en educación básica superó el incremento de la matrícula: en otras palabras, hubo un aumento de la inversión más allá de la expansión del sistema educativo.
• La inversión estatal en educación superior (es decir, universidades y educación superior no universitaria) creció sostenidamente más que la destinada a la educación básica (nivel inicial, primario y secundario) desde la ley de transferencia de los servicios educativos (1992), cuando las provincias asumieron la responsabilidad de las escuelas. Esta diferencia se profundiza entre los años 2006 y 2022, y alcanza un pico en 2018: ese año se invirtieron 105 puntos porcentuales más en educación superior que en básica.
“Poca estabilidad” en los recursos
Alejandro Morduchowicz sostuvo que “los datos muestran la poca estabilidad de los recursos para educación, lo que dificulta cualquier tipo de programación de políticas a largo plazo. Y agrega que “el informe constituye un aporte valioso para reflexionar sobre las perspectivas a futuro en un momento en que se están redefiniendo el rol del Estado nacional y las responsabilidades provinciales en materia de financiamiento sectorial”.
A su vez, Ivana Templado, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), consideró que “a partir del análisis del informe surgen conclusiones y también varias preguntas. Entre las certezas, se evidencia que ninguna de las leyes que regulan el sistema ha logrado proteger el gasto educativo de su carácter procíclico: en épocas de bonanza se aumenta el gasto y en tiempos de recesión se reduce. Tanto la ley de financiamiento educativo como la posterior Ley de Educación Nacional, al establecer un piso de inversión como porcentaje del PBI, han acentuado esta tendencia. A pesar de ello, el crecimiento del gasto educativo consolidado en los últimos 15 años casi duplica el observado en todo el período anterior, con un esfuerzo que ha recaído principalmente en las provincias”.
Juan Ignacio Doberti, doctor en Ciencias Económicas, docente e investigador de la UBA, aseguró que “el trabajo tiene la virtud de iluminar con datos precisos dos aspectos claves del financiamiento educativo durante el período 1980-2022: la relación Nación/provincias en el aporte presupuestario y la división entre educación básica/educación superior en la asignación de recursos”.
“Los procesos de descentralización de los servicios educativos reforzaron las inequidades territoriales, especialmente en los niveles de educación inicial, básica y media. Es importante que el Estado nacional desarrolle un rol activo para reducir esas inequidades”, planteó Javier Curcio, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de UBA CONICET.
