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Kiczka admitió que consume y descarga pornografía pero no con menores de edad

Sin embargo, habría admitido que en la red P2P no se filtraban los archivos por edad. Contó su coartada pero se negó a responder las preguntas del magistrado de Apóstoles y la fiscal Silvia María Barronis. Seguirá detenido.

13 septiembre, 2024

Tras dos semanas de ser detenido en una cabaña en construcción del camping de Loreto, Corrientes, el exdiputado de Activar, Germán Kiczka, decidió presentarse ante el juez de Instrucción 4 de Apóstoles, donde se lo investiga por el delito de “tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI) con la participación de menores con edad presunta inferior a los 13 años”.

El dirigente apostoleño asistió a la sede judicial a media mañana de ayer, siendo trasladado desde la Unidad Penal de Cerro Azul donde también se encuentra su hermano Sebastián.

Estuvieron ante el exlegislador del puertismo el magistrado Miguel Ángel Faria y la fiscal de la causa, Silvia María Barronis y sigue siendo asistido legalmente por el abogado de esa localidad, Gonzalo de Paula, cuya pareja quedó en la mira de los investigadores.  Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, la además secretaria del Juzgado de Paz local habría recibido varios llamados de Germán Kiczka durante sus seis días profugado.

 

Porno sí, pedofilia…

Según pudo reconstruir este Diario parte de la coartada relatada por Germán Kiczka en la sede judicial, el imputado habría reconocido que “consume, que descarga pornografía y después de mirar las borra”, explicaron fuentes oficiales. Sin embargo, en el relato donde no aceptó preguntas de los funcionarios judiciales, habría negado que en esa pornografía haya contenido con menores.

Al explicar por qué tenía material de abuso sexual infantil en los aparatos secuestrados, habría dicho que “se las envían en sus grupos de Whatsapp”.

Cabe recordar que la directora de Cibercrimen de la Policía de Misiones, Marylin Ozuna, confirmó en dialogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones que la ONG que descubrió el tráfico de MASI desde los Estados Unidos, reportó que fueron 603 archivos descargados y compartidos mediante la red P2P. Y que en los segundos allanamientos de agosto, al ver material similar en la notebook del ahora expulsado legislador, le dio “asco” lo que descubrieron.

Sobre esta red P2P, habría indicado al juez Faria que “son por descarga errónea ya que el programa no reconoce visualizaciones previas”. Es decir, que al descargar la pornografía no habría forma de filtrar las edades de quienes aparecieron en los videos que quedaron guardados en los dispositivos electrónicos secuestrados en febrero pasado.

 

Insólita hipótesis de la fuga

Según el relato de Julia, la mujer que vive en el camping de Loreto y que se animó a denunciar a Kiczka ante la Justicia el 28 de agosto, el misionero arribó a la vecina provincia el jueves 22 del mismo mes.  Coincidió la fecha con el día que la Legislatura lo desaforó para canalizar el pedido de inmediato de detención, dictado por Miguel Faria.

Ayer, durante su declaración judicial, Germán Kiczka habría negado que haberse ido se haya tratado de una fuga. No es para menos, el delito por el cual se lo investiga es excarcelable pero seguirá preso al haber evadido el pedido de detención del Juzgado.

En su coartada, el exlegislador habría sostenido una insólita explicación: “Que se ocultó de la prensa y quería estar solo aislado por la angustia que sentía”.A su vez, para fundamentar su rechazo a una actitud fugitiva, habría asegurado que “no sabía que se lo estaba buscando y que tenía carácter de prófugo de la ley”.

Una vez finalizada su declaración espontánea judicial, tanto el magistrado Faria como la fiscal Barronis tenían una serie de preguntas para hacerle, especialmente sobre el material que tiene recabado sobre los primeros allanamientos. Sin embargo, volvió a evadir las requisitorias judiciales, y respondió que se abstenía de atender esos cuestionarios.

 

Otra declaración e informes pendientes

Tras la presentación del exdiputado Kiczka, resta saber si hablará en algún momento su hermano Sebastián, el primer señalado en esta investigación judicial que se inició con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.  Cuando fue llevado horas después de su aprehensión mientras deambulaba en San Juan de la Sierra, en Misiones, prefirió guardar silencio al momento de la indagatoria.

Además, resta conocer los datos que arrojaron las pericias a cargo de integrantes de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) y Cibercrimen de la Policía misionera sobre los dispositivos electrónicos secuestrados el 6 de agosto pasado en el domicilio personal del expulsado diputado.

A su vez, se sumaron en nuevos allanamientos a la oficina de Germán Kiczka en la propiedad que ocupan Cigarros Misionero y Social Club de la familia Puerta; y la requisa al despacho legislativo en el anexo al edificio histórico. En ambos se sumaron más aparatos electrónicos que deberán ser registrados de manera minuciosa por los investigadores.

La propia Ozuna reveló en la entrevista con FM 89.3 de las Misiones que el juez amplió los plazos para la presentación de los informes finales, que se cumplirían esta semana. Sin embargo, no hay certeza sobre una fecha concreta de entrega del mismo.

 

Una secretaria judicial en la mira

En medio de las pericias a los teléfonos celulares y entrecruzamiento de llamadas realizadas y recibidas por el expulsado diputado provincial, Germán Kiczka, habrían surgido algunas de ellas con una funcionaria judicial de Apóstoles, que ahora quedó en la mira de la investigación.

Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, las comunicaciones se habrían realizado durante el tiempo en que Kiczka estuvo prófugo de la Justicia y buscado hasta por la Interpol con una alerta roja para su detención.

Esta integrante de la Justicia misionera presta servicios actualmente en el Juzgado de Paz de Apóstoles, bajo las órdenes de la jueza Liliana Analía Ayala.

Los peritos habrían detectado seis llamadas entre la secretaria judicial y Germán Kiczka evadido. Ahora, el juez Miguel Ángel Faria debe decidir si cita a declarar a la esposa del abogado defensor del exdiputado. Fuentes de la investigación admitieron que podría ser investigada por presunto “encubrimiento” con un agravante por su condición de funcionaria. Habrá que ver si el STJ inicia también un sumario interno por el hecho.

Tags: #MASIApóstolesDelcaraciónGermán KiczkaMisiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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