La Mesa Socioambiental Misionera (MSAM), compuesta por más de 40 organizaciones, expresó su rechazo al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) que impulsa el gobierno provincial. Según las organizaciones, el RIGI “incrementa la pérdida de soberanía de los bienes naturales y profundiza el modelo de saqueo extractivista de todas las formas de vida”.
Uno de los puntos más críticos que plantea la MSAM es el impacto sobre el Corredor Verde, una región clave para la generación de agua y biodiversidad. Las organizaciones advierten que la medida agudiza problemas ya existentes, como “la fractura del Corredor Verde, nuestro garante para la generación de agua y biodiversidad”. También denuncian la creciente “concentración en la tenencia de la tierra en manos de unos pocos”, lo que desplaza a familias agrarias y pueblos originarios, reduciendo su capacidad para producir alimentos.
La nota subraya el impacto ambiental que tendría la implementación del RIGI, ya que favorece “el avance del monocultivo de especies exóticas y el agotamiento del agua saludable”. Estos procesos, alertan, agravarían la pobreza, aumentarían el riesgo de incendios y empeorarían el cambio climático en la región. En ese sentido, remarcan que los habitantes de Misiones ya enfrentan “importantes desafíos que atentan contra la calidad de vida y la incertidumbre en cuanto a nuestro bienestar“, sin que el Gobierno provincial tome medidas concretas para solucionarlos.
Otro de los aspectos que la MSAM critica es el avance de proyectos empresariales que, según denuncian, no han sido consultados con las comunidades. Ejemplos de ello son “el avance de empresarios madereros sobre territorios de comunidades mbya con total impunidad” y el “negocio neoliberal de bonos de carbono, que mercantiliza y reduce a una molécula nuestro patrimonio cultural y natural”. Estos proyectos, advierten, han sido impulsados sin consulta ni información a la población.
El comunicado concluye rechazando el RIGI, señalando que su implementación implicaría “pérdida de territorio para las y los misioneros, y con ello, pérdida de agua, de biodiversidad, de agricultura familiar, de pueblo guaraní, de cultura y de identidad”. Por ello, exigen que antes de tomar decisiones de esta magnitud, se informe a la ciudadanía sobre los proyectos y se abra un diálogo con los distintos actores sociales, ambientales y económicos para evitar “daños irreparables para el presente y generaciones venideras”.
Finalmente, la MSAM reafirma su compromiso de seguir impulsando “espacios de capacitación y socialización” que promuevan una participación democrática en la gestión del territorio, para que Misiones sea un lugar donde “se respete, valore y cuide el territorio con todas las formas de vida que lo habitan”.
