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“Motosierra” y recesión, modelo que hizo perder a Misiones más de 107 mil millones

8 septiembre, 2024

El próximo martes, el gobierno de Javier Milei cumplirá nueve meses de mandato constitucional. En igual término que el segundo período de mandato del misionero Hugo Passalacqua al frente de la gobernación provincial. Sin dudas que, desde diciembre a la fecha, muchas decisiones de la nueva gestión nacional han impactado negativamente sobre la provincial.

Pero, en la premisa de ajustar y conseguir superávit fiscal, y bajar la inflación, el objetivo de disminuir la cantidad de recursos que van a las provincias se fue consolidando con el correr de los meses.

Salvo junio pasado, por efecto de “Ganancias”, los restantes ocho meses han sido de pura pérdida para las arcas del Estado misionero, en la inequitativa distribución de la coparticipación.

Un informe elaborado por la consultora Politikon, del Chaco, puso luz a la “oscura caída” en la remisión de dinero de manera automática, vía coparticipación federal de ingresos. En el mismo se concluyó que Misiones dejó de recibir entre enero y agosto de 2024 alrededor de 107.507,6 millones de pesos.

El problema no es de libertarios, renovadores, radicales, peronistas, kirchneristas; zurdos o derechosos. El problema es misionero, porque son más de 107 mil millones que no llegaron para prestaciones de servicios como salud, educación, finalización de obras paralizadas, inicio de otras en materia de saneamiento ambiental que tanto esperan miles de familias, entre otras cuestiones.

Para tener una idea, solamente en agosto Misiones se quedó sin 21.023 millones de pesos. Y la Provincia quedó con la distribución per cápita más baja en el NEA, con 93.611 pesos por habitante, frente a Formosa (213.006); Chaco (158.188); y Corrientes (111.193).

¿Son solo 107.000 mil millones? No. El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, sostuvo recientemente en radio República lo que viene calculando desde inicio de año: que los distintos mandatos nacionales (desde Macri a Milei) dejaron de saldar una deuda que supera los 200.000 millones de pesos.

El funcionario reiteró que, a diferencia de lo que vienen opinando los Jefes de Gabinete de la Rosada, la mayor parte de esos fondos son de ANSeS para compensar la caja previsional del IPS. En ese sentido, Guillermo Francos dijo en su informe en Diputados de esta semana que “todos los compromisos de pago implicados en los convenios celebrados con Misiones fueron abonados íntegramente, siendo el último suscripto del ejercicio 2018”.

Aunque no lo parezca, fue un avance a favor de la Provincia al no decir que fue hasta 2024. Precisamente Misiones reclama la compensación por los últimos cuatro años.

En definitiva, el modelo económico que votó una gran mayoría de los misioneros y los argentinos en general, viene arrastrando una pesada deuda que difícilmente se pueda saldar, si el camino que seguirá Javier Milei ratificará lo actuado.

No es precisamente la jurisdicción provincial la que puede revertir esta balanza negativa. Es una decisión política de la Casa Rosada que se mantiene firme con los lineamiento de Luis Caputo.

 

Fin de una etapa política

Aunque resta un paso formal más, que es la ratificación del dictamen en la sesión del 12 de septiembre próximo, la Legislatura misionera expulsó por tercera vez a un diputado provincial. Apenas retornada la democracia argentina, un radical y un peronista fueron echados por sus pares: Ricardo Alfredo Schmit y Enrique Mario Cappagli, respectivamente, por considerar que habían usufructuado su cargo para beneficios personales.

El viernes, la comisión investigadora al puertista Germán Kiczka, propuso a sus pares diputados expulsarlo por la causa penal que enfrenta por tenencia de material de abuso sexual infantil, que lo mantiene detenido en la Unidad Penal de Cerro Azul junto a su hermano Sebastián.

Como se puede observar, no hay antecedente previo de una expulsión por un hecho de tanta gravedad.

En lo político, salvo las posibles derivaciones que puedan existir a partir del expediente judicial, restará saber si el Tribunal Electoral que ahora preside nada menos que el ex prosecretario legislativo del área Parlamentaria de la Cámara (2006-2012), Cristian Marcelo Benitez, habilita la jura de un suplente de la lista de Juntos por el Cambio de 2021, que correspondería a Javier Mela.

La presidenta de la Comisión Investigadora a Kiczka, Anazul Centeno, advirtió que ese escaño podría “congelarse”. “Sería interesante plantear (que no se cubra). Algo de eso se esbozó ayer en el comunicado del vicepresidente Carlos Rovira, que debería pensarse en una sanción también al frente electoral que se conformó para llevar a esta persona a la máxima representatividad que tiene una persona, como es la Legislatura”, indicó en FM 89.3 Santa María de las Misiones.

En lo judicial, el magistrado de la causa, Miguel Ángel Faria (de Instrucción de Apóstoles) aún debe definir pasos en la misma. Con el informe de Cibercrimen y SAIC que se espera presentar como máximo la semana próxima, podrá determinar si hay derivaciones de la investigación a los Kiczka sobre otros hechos o personas.

Por el momento, desde dibujos hasta chats, todo es parte de la especulación de supuestas pruebas que se sumarían al expediente o no. De hecho, el juez Faria tiene la particularidad de no dar entrevistas con los medios, salvo cuando lo abordan a la salida de procedimientos. Entonces, frente a las publicaciones de redes sociales y a los intereses de ambas partes, nada termina siendo claro mientras la Justicia no se encargue de poner claridad.

Son tan graves los hechos que, Miguel Faria, no debería dejar pasar sin aclarar si es prueba un chat donde se podría intuir un nuevo abuso seguido de suicidio. Hace al ejercicio judicial, frente a la creciente desinformación que se termina masificando.

 

RIGI y blanqueo

La Legislatura misionera comenzará a tratar en breve el proyecto del gobernador Passalacqua para que la Provincia adhiera al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Los diputados misioneros deberán definir mañana lunes si Misiones abre una puerta a posibles ingresos de divisas para la forestoindustria o el turismo, con beneficios fiscales, en los mismos términos que el Congreso sancionó la Ley Bases de Milei.

Tanto en la Rosadita como en el Parque paraguayo empezaron a plantearse especialmente el plazo, sabiendo que el actual contexto no presenta un escenario muy favorable a las inversiones. También no deberán pasar por alto la incorporación de medidas de salvaguarda del medio ambiente.

A su vez, serán días decisivos para que Misiones también adhiera al blanqueo de capitales. Desde la Rosadita están dispuestos a eximir a los “perdonados” en repatriar capitales, del pago de Ingresos Brutos, hasta el 30 de abril de 2025 con pedido de facultades para una prórroga.

Fue un pedido que el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) hizo en FM 89.3 de las Misiones el pasado 4 de agosto. Alfredo González sostuvo que “de nada sirve tener una Ley de Blanqueo nacional y en las provincias que cobren tributos municipales y provinciales”.

Una vez sancionada la norma provincial, los municipios podrán adherir a la misma para eximir del pago de tasas a los que opten por el blanqueo sancionado por el Congreso nacional.

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Tags: #DePrimeraMano#RIGIAdolfo SafránBlanqueo de capitalesEconomía de MisionesGermán KiczkaHugo PassalacquaJavier MileiLegislatura misioneraMotosierra de MileiPolitikon Chaco
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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