Días atrás el Gobierno nacional realizó modificaciones significtativas al régimen de propiedad intelectual en Argentina. Lo hizo a través del Decreto 765/2024 que fue publicado en el Boletín Oficial.
Esta modificación actualiza la normativa de derechos de autor para adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas y sociales -según argumentaron- garantizando una protección más efectiva para los creadores, y aclarando las obligaciones para quienes utilicen sus obras en contextos públicos y digitales.
Tras este cambio que introdujo el Poder Ejecutivo, se generó la polémica y hay diversas posturas. Precisamente, desde la Unión de Músicos Independientes (UMI) están preocupados por la forma en que este cambio podría influir en el cobro por derechos de autor.
Quien explicó con claridad cuáles son las confusiones que surgieron, fue Diego Boris, docente y músico argentino, y expresidente del INAMU (Instituto Nacional de la Música), en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
Aseguró que es un tema que se presta a malentendidos porque se trata de bienes no tangibles, pero que también tienen derecho a estar protegidos. “Como es algo no material, muchas veces no se entiende bien por qué alguien tiene que cobrar cuando se reproduce o interepreta una canción que un compositor creó. Sería como el salario de los compositores y autores”, indicó.
Y amplió: “No se trata de un impuesto ni nada de eso. Hay entidades de gestión colectiva (como por ejemplo La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música -SADAIC-, y otras de otros rubros como actores, escritores, etc), que cobran un derecho que es la propiedad intelectual, que no se puede hacer de forma individual. Por eso, estas entidades de amdinsitración y gestión colectiva lo representan y tienen leyes que los avalan en cuanto a su gestión. Lo que ha hecho el decreto de ayer es restringir muy fuerte el cobro de el derecho intelectual en algunos espacios“.
“Es confuso y ambiguo”
El músico apuntó que el problema es que se interponen “dos situaciones privadas, dos intereses de sectores privados”.
“Uno es el dueño de un espacio, que si puede evitar pagar algo y lo puede usar, lo va a hacer, en este caso, amparado ahora por el decreto. Y el otro caso, es el de las entidades de gestión colectiva que tienen la responsabilidad de adminsitrar el derecho de propieda dintelectual. Para nosotros es muy perjudicial por eso, no solo porque el decreto sale a favor de un sector para evitar pagar un derecho intelectual, sino que también la confusión en la redacción del decreto puede generar una gran cantidad de demandas judiciales porque hay sectores que van a sostener que no les corresponde pagar, aunque no estén amaparados”, amplió Boris.
Sobre La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, que admnistra el derecho de los autores y compositores en el país, el entrevistado dijo que funciona bien “y contempla una de las mejores leyes en cuanto a protección y cobro de estos trabajadores”. No obstante, “en la distribución cada entidad trabaja mejor o peor de acuerdo a los artistas que participan en la vida social de esa entidad; cada una funciona diferente”, aclaró.
Desde la entidad de Músicos Independientes manifestaron que sus derechos intelectuales son de carácter “alimentario”. Sobre esto, Diego Boris argumentó que con esta palabra quieren dejar en claro que el cobro es como un salario para ese autor o compositor, es decir, “si no se pueden vender las canciones, la única forma es que si otra persona interpreta esa canción o se difunde, que el autor pueda cobrar. Es un derecho más genuino que la propiedad de los bienes físicos, porque es producto de la creación”, cerró.
