Una changa a diario por diez mil y hasta treinta mil pesos es una tentadora propuesta. Lo tendrían muy en claro las 26 personas demoradas el jueves a las 8 en los siete automóviles estacionados en el predio del hipermercado Libertad, quienes aguardaban la apertura del centro comercial para presentarse en las ventanillas del local de transferencias de dinero al exterior de la firma Western Union, y girar nada menos que 82 millones de pesos y 1,7 millones de guaraníes a Encarnación.
Encabezado el procedimiento por el juez de Instrucción 2 y los jefes de la Policía provincial, Sandro Martínez y Marcos López Asencio, fueron interceptados los integrantes de una red a la que investigaban desde hace dos semanas y que se movía con precisión horaria para que cada uno de los “depositantes” no viole las normas y giren hasta cuatro millones de pesos a Encarnación donde, se presume, se transformaban en dólares y reingresaban a Posadas para ser vendidos en el mercado negro de ofertas de divisas.
De los 26 aprehendidos, veintitrés paraguayos y tres posadeños, hasta el momentos ninguno escaparía de la imputación provisoria de “asociación ilícita y estafas”.
Las actuaciones procesales aguardan el informe completo de la Policía y la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC) dependiente del Superior Tribunal de Justicia, para que el juez de Instrucción 2, determine caso por caso qué rol les corresponde en la organización y por consiguiente su libertad (o no) supeditada al expediente.
Vale remarcar que entre los detenidos, un joven paraguayo de 34 años fue descubierto con una de las dos pistolas secuestradas y las evidencias y sospechas los identifican como a cargo de la función clave de reclutar, trasladar y distribuir los millones de pesos a cada uno de los titulares de los giros.
Calificaciones
Resta determinarse si existe en estas maniobras la presunción del delito de “tráfico de divisas, lavado y evasión fiscal”, lo que podría ampliarse con las actuaciones bajo la intervención de la Justicia Federal.
Por el momento, en el fuero judicial provincial, el juez Monte mantiene la investigación como un hecho provisorio enmarcado por el delito de “asociación ilícita”, artículo 210 y “estafas”, artículos 172 al 175 del Código Penal Argentino.
