El juez de Instrucción 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, ordenó que la pericia a los elementos secuestrados en los tres allanamientos de la causa por presunta pedofilia, que involucra a la familia del diputado Germán Kiczka (Activar) se haga en forma urgente.
A tal fin, convocó a los peritos oficiales y de partes para mañana viernes 16 de agosto a las 8.30 horas, “ante la volatilidad de la evidencia digital, los cuales pueden ser eliminados, modificados o destruidos”.
Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, designó a tal fin al personal especializado de la Secretaría de Investigaciones Complejas (SAIC) del Superior Tribunal y a la División Cibercrimen de la provincia de Misiones “con la finalidad de garantizar la autenticidad de la información almacenada en los dispositivos secuestrados”.
A horas de que este procedimiento clave ocurra, lo que podría derivar en la citación del diputado del partido Activar a declaración, apareció la fiscal de Instrucción, Silvia María Barronis, para pedir que los encargados de las pericias sean miembros de Gendarmería nacional, cuando la causa se instruye en Misiones y no hay policías provinciales involucrados.
Este pedido buscaría dilatar la prueba clave y levantó sospechas del repentido reclamo de la fiscal Barronis, quien tendría estrechos vínculos con el exgobernador Ramón Puerta y su familia, quienes lideran el partido de Kiczka y son amigos personales del diputado investigado.
La novedad que comenzó a circular en los ámbitos judiciales esta mañana, promete convertirse en un nuevo escándalo en el marco de la causa, en especial por la intención de llevar a Buenos Aires la investigación misionera contra el legislador que milita en La Libertad Avanza.
El argumento que utilizó para su descabellada pretensión fue que se filtraron a la prensa fotos del procedimiento, una situación que se da en forma casi normal en todas las causas judiciales y que a diario se observa en la televisión nacional como la misma prensa adelanta información que todavía la justicia no dio a conocer.
Sin embargo, el juez Faria anticipó con firmeza que no hará lugar al pedido, que no hay a su criterio ninguna acción que pueda demostrar lo manifestado por Barronis, y que, por haber sido parte del procedimiento, es testigo de que todo fue bajo sus órdenes y respetando las leyes de procedimiento y fondo.
Cumplida esa tarea, se procederá a analizar la información obtenida y en el plazo de 15 días hábiles se elevará el dictamen pericial, de acuerdo a los datos adquiridos; lo que incluirá, la información lograda de las empresas proveedoras de servicios de telefonía e internet, asociados a los datos conseguidos por medio de las operaciones periciales realizadas.
En ámbitos judiciales trascendió hay letrados interesados en solicitar un Jurado de Enjuciamiento a la fiscal “a raíz de su evidente parcialidad sumado a errores groseros en su proceder técnico y jurídico”.
