Con un ajuste equivalente a 5,6 puntos del Producto Interno Bruto, propiciado por los recortes del gasto, el Gobierno nacional hace gala del mayor ajuste en sesenta años. Fue gracias al recorte en la planta del Estado, de las inversiones, los subsidios y las jubilaciones. Con ese dato y la inflación regulada mediante la licuación de salarios y jubilaciones y la caída del consumo, las cifras se mantienen donde el Gobierno quiere, aunque la correa está más ajustada que nunca.
En ese contexto, cabe cuestionar qué pasará con otro de los males históricos de Argentina: el ahogo fiscal.
Ese rubro que estaba al tope de la plataforma de campaña como un ítem a resolver, sigue más vigente que nunca y genera problemas que van desde la afectación de los salarios, hasta una fenomenal distorsión de precios.
Vaya un ejemplo sobre lo que representa el ahogo fiscal: durante julio el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló que los precios de los agroalimentos se multiplicaron poco más de tres veces desde su salida del campo a la góndola. Dicho de otra forma: el consumidor pagó 3,1 pesos por cada peso que recibió el productor en el séptimo mes del año.
Vaya ahora otro ejemplo sobre cómo el ahogo fiscal genera distorsión: fruto de la disminución del poder adquisitivo y la falta de convalidación de precios por parte del consumidor, se observó una caída de la demanda de entre un 30% y un 40%.
