Con tono crítico, el abogado e integrante de la Asociación Abogados Ambientalistas de Argentina, Lucas Micheloud cuestionó la eliminación del ente regulador conformado por las provincias ribereñas que hizo que el control de la vía navegable vuelva a foja cero y pasó nuevamente a manos de la Subsecretaría de Puertos, quien tiene desde este viernes la facultad de efectuar el llamado y adjudicación de la licitación pública nacional e internacional por el régimen de concesión por peaje de la Vía Navegable Troncal (recuadro).
De esta forma, para la organización que integra Micheloud se produce una “vuelta al modelo privatizador de los años ‘90” en el marco de un gobierno neoliberal que avasalló la intervención de las provincias frente a las cuencas interjurisdiccionales.
“Y todo el río Paraná quedó atado en la monopolización y hegemonía del proyecto hidrovía Paraná-Paraguay y declara a ambas cuencas de ‘servicio público’, que lo que hace en realidad es limitar la intervención de las provincias”, alertó el experto en normativa ambiental preocupado por la medida en un contexto de cambio climático que está socavando la cuenca con períodos de sequía que causan enorme impacto en los ecosistemas y por ende en la salud de la población.
A continuación algunos de los puntos de vista de lo legal y ambiental, que Micheloud remarcó a este Diario al respecto.
El Gobierno nacional pasó la “motosierra” esta semana en el ente regulador, que tenía como objetivos preparar los pliegos para las obras en la hidrovía porque no realizó la tarea para la que había sido creado. ¿Es verdad que no sirvió?
En todo el tiempo que el Estado nacional llevó adelante los controles para resguardar la cuenca, la visión canalizadora se impuso frente a la perspectiva climática y ambiental. La Subsecretaría de Puertos como organismo de control, nunca ni siquiera llevó a cabo las evaluaciones ambientales y estratégicas para la protección del río y sus ecosistemas. Todo lo contrario avanzó con un proceso de artificialización del río sin precedentes realizando obras de dragado, redragado, ensanchamiento de los canales de navegación sin estudio previo. El nacimiento de este ente de control abría la posibilidad que se corrija, pero lo paradójico y contradictorio del DNU con que se lo disuelve frente a la falta de funcionamiento, que es lo que dice el ejecutivo, es que la Subsecretaría de Puertos tampoco funcionó bien en estas décadas.
La única forma de confrontar esta falta de control era justamente a través del ente que dio forma a la comisión interjurisdiccional de cuencas. Esa es la herramienta que viene a ser avasallada, al menos desde la sanción de la Ley de Aguas.
Entonces, lo que hay ahora es una vuelta a foja cero hacia el modelo privatizador de los años ‘90 en materia de cuencas y un avasallamiento a las leyes ambientales y a la intervención de las provincias en sus cuencas interjurisdiccionales.
De hecho, el Ente Nacional de Control y Vías Navegables fue el único organismo del Estado que emitió un conjunto de señalamientos orientados a la necesidad de que se realice una evaluación ambiental estratégica y se conforme el comité de cuencas del río Paraná, que fue incorporado en el Juzgado Federal de San Nicolás frente a un amparo que interpusimos de la sociedad argentina de abogados ambientalistas y eso es determinante.
Es decir, el ente fue el único que dio un paso para ambientalizar la gestión del río Paraná frente al proyecto hidrovía Paraná-Paraguay y creemos que esa es una de las razones que hay detrás de su eliminación porque de esta forma todo vuelve a quedar en manos de la subsecretaría con una lógica privatizadora, desambientalizada y despojada de su perspectiva climática.
¿Cuál es para ustedes la otra razón de fondo para esta eliminación?
Después de que se vence la concesión (la hidrovía estuvo por 25 años en manos de un consorcio privado integrado por una firma belga y una argentina hasta que, en septiembre de 2021, tras caducar el contrato, el Estado argentino, a través de la Administración General de Puertos (AGP), se hizo cargo de la administración de la vía navegable) todas las obras de dragado quedaron bajo monitoreo de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, con toda la caja que implica llevar adelante estas obras sin que existan controles.
Con otro decreto ya se abrió el camino a la privatización
Este viernes, tres días después de la publicación del decreto que eliminó el ente de control jurisdiccional de la Vía Navegable Troncal, se dio a conocer el nuevo decreto en el Boletín Oficial que abre el camino hacia su nueva privatización.
Mediante este decreto, el presidente Javier Milei delegó en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente del Ministerio de Economía, la facultad de convocar y adjudicar la licitación pública nacional e internacional para la concesión por peaje de la Vía Navegable Troncal (VNT), más conocida como hidrovía Paraná-Paraguay.
El decreto establece que la licitación (para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y las tareas de dragado de la vía fluvial) podrá dividirse en tramos o actividades según sea “técnicamente conveniente”.
La VNT, que se extiende desde el kilómetro 1.238 del río Paraná, en su confluencia con el río Paraguay, hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior, abarca 1.635 kilómetros y es una vía crucial para el 80% de las exportaciones argentinas, especialmente granos y derivados.
Además, el sistema de la VNT transporta cargas no solo de Argentina, sino también de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, países que en 1992 firmaron un acuerdo para facilitar la navegación y el transporte comercial en esta hidrovía.
El nuevo decreto ordena que la Administración General de Puertos (AGP) “mantenga el nivel actual de prestación del servicio y continúe cobrando el peaje hasta que los adjudicatarios de la licitación tomen posesión”.
“Es más grave la situación actual”
De acuerdo a las expresiones del abogado ambientalista Lucas Micheloud, “es más grave la situación actual porque en los años ‘90 no estaba vigente la Ley de Aguas”.
“Con estas acciones se desambientaliza, se pierde cualquier perspectiva del agua orientada a los derechos humanos, a la salud pública, a la protección de los ecosistemas acuáticos y humedales y se reimprime una lógica privatizadora y mercantil del agua: el agua queda al servicio de la navegación comercial únicamente. Un grave error y una contradicción constitucional y convencional”, zanjó.
“El rol de las provincias con relación al río Paraná viene siendo deleznable, han entregado el agua dulce de la cuenca del Paraná a las grandes corporaciones ligadas al sistema agroportuario. Frente a esta disolución no hay una reacción, las provincias que tienen jurisdicción en la cuenca del río Paraná y la cuenca del Plata deberían unirse para defender sus bienes comunes”, finalizó.
