Luego del triple allanamiento realizado en Apóstoles el pasado martes a la mañana, el juez de Instrucción Miguel Ángel Faria notificó a la Cámara de Representantes de la provincia de la causa en la que se investiga a uno de sus miembros, el diputado del puertismo Germán Kiczka, por la comisión del delito de “publicaciones, reproducciones y/o distribuciones de representaciones de un menor dedicado a actividades sexuales explícitas” de pornografía infantil.
Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, el oficio de Faria ingresó ayer a la Legislatura por el despacho de la Presidencia. Aunque el texto oficial se conocerá cuando deban tomar conocimiento los 40 diputados mediante el Boletín de Asuntos Entrados de la próxima sesión legislativa prevista para el 22 de agosto; trascendieron algunos conceptos que se habrían comunicado de manera oficial al Poder Legislativo provincial.
La investigación continuó en Misiones y no en la CABA, gracias a que -en abril pasado- el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N°12 de la Ciudad de Buenos Aires cedió parcialmente la competencia en Faria. De lo contrario, habría quedado enmarcada en la operación denominada “Guardianes Digitales por la Niñez”, a cargo de la Coalición de Rescate Infantil (CRC), en conjunto con el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC).
Dicha operación trajo hasta Apóstoles la búsqueda de pedofilia cuando el padre y el hermano del ahora investigado cayeron por las mismas razones en la mira judicial.
El trámite interno
Mientras sigue la conmoción en los despachos legislativos por la gravedad de la causa por la que investigan al diputado de Activar, la Legislatura deberá aplicar el artículo 139 del Reglamento interno, el que indica: “En el caso que un diputado incurra en faltas más graves que las prevenidas en el artículo 136, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión si es o no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 90 de la Constitución Provincial. Resultando afirmativa, la Cámara nombrará una Comisión Especial de cinco miembros que actuará de acuerdo con las facultades concedidas por las normas y procedimientos vigentes y respetando los derechos y garantías constitucionales”.
El 136 alude a “alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de móviles ilegítimos hacia la Cámara y sus miembros”.
En este caso, al menos hasta ayer, no se pudo confirmar si Oscar Herrera Ahuad o algún otro legislador va a solicitar la utilización de lo prescripto por la norma constitucional de la provincia.
Tampoco se supo con qué urgencia el Parlamento misionero iba a abocarse al caso de Kiczka en el receso, razón por la cual debería analizarse la convocatoria a una sesión especial con esta finalidad.
Dos tercios
Ayer en los despacho de las Legislatura, a modo informal, desde los diferentes bloques fueron analizando qué postura adoptarían si se debe avanzar con una suspensión o expulsión para que pueda responder Kiczka ante la Justicia. Es que el artículo 90 de la Constitución Provincial estableció en su texto que “con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros podrá corregir con multa, suspensión y aún con la expulsión de su seno, a cualquiera de sus miembros por la inasistencia reiterada y contumaz o mala conducta en el desempeño de sus funciones, y removerlos por inhabilidad física o moral, sobreviniente a su incorporación. Pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir de la renuncia que voluntariamente cualquiera hiciere de su cargo”.
Hasta el pasado martes, el investigado sostuvo en un comunicado que no renunciará y que sí se pondrá a disposición de la investigación.
Entonces, si es interés del Frente Renovador cualquier tipo de sanción, deberá conseguir al menos 27 votos para conformar los dos tercios, sobre los 40 que componen la Cámara de Representantes.
Hoy, podría tener asegurados entre 26 y 27 escaños ya que cuenta con los 25 propios del espacio conducido por Martín Cesino (aunque se duda sobre la continuidad de la “camionera” Silvia Rojas en continuo uso de licencia por razones de salud); y dos aliados excamporistas que forman parte del bloque Frente Encuentro Popular Agrario Social para la Victoria: Santiago Mansilla y Martín Sancho.
Debería poder sumar al PAyS con dos votos (Blanca Alvez y Cristian Castro); o alguno de los 5 radicales o 4 del PRO.
