Por: Guillermo Baez
Secretario de Redacción de PRIMERA EDICIÓN
Frente a la conmoción regional y mundial que generó el proceso eleccionario venezolano, los resultados a la vista y las consecuencias desde entonces hasta hoy, no cabe otra cosa más que la condena a una administración que perdió el poco rastro democrático que tenía.
La soberanía de los estados no está en discusión y mientras el desenvolvimiento sea dentro del marco democrático, única vía posible tras los tiempos oscuros que vivieron casi todos los países de la región, poco y nada deberían entrometerse los demás.
Pero en Venezuela el marco se rompió hace varios años y hoy no cabe otra descripción más que régimen autoritario abroquelado por los poderes del Estado cooptados por los mismos de siempre.
La elección del pasado fin de semana era quizás una de las últimas oportunidades del Gobierno de tender un puente entre el pueblo y su retorno a la democracia. Pero con sus procedimientos, el Gobierno no hizo más que sepultar esa chance y sumió al país en un complejo contexto que precisa de la manifestación de la región.
Hace décadas que se emplea la palabra “dictadura” para reflejar el modelo venezolano que buscaba en los abroquelamientos una región continental industrial. Pero el modelo fue mutando hasta llegar a lo que es hoy, y la acusación que se utiliza desde hace décadas le cabe hoy por completo.
Tras el fallecimiento de Hugo Chávez, el país emprendió un camino peligroso que lo deposita hoy en el borde más peligroso del sistema de naciones. Cuando surgía algún líder opositor con ascendencia en buena parte de la sociedad, aparecía el veto.
Hace ya casi diez años que el oficialismo no acepta los triunfos opositores y, en todo caso, mina el sistema y la administración para que nada fuera de su alcance funcione.
En 2015, por ejemplo, hizo a un lado al Congreso e instaló una Asamblea Constituyente que abiertamente lo benefició. Incluso poco después un referente opositor fue electo presidente de la misma Asamblea que, entonces, terminó siendo víctima de la descomposición a la que la sometió el oficialismo.
Hoy Venezuela exhibe una foto desoladora: sin poder legislativo ni libertad de prensa y con los demás organismos del Estado trabajando por la continuidad, el país cayó en un vacío institucional condenable, cuanto menos, por solidaridad.
Años atrás la expresidenta chilena Michelle Bachelet, por entonces a cargo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dio a conocer un informe que contenía pruebas sobre graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se intensificaron a partir de 2016: el informe hablaba de torturas, detenciones arbitrarias, reclusiones en condiciones inhumanas, represión violenta de las protestas, asesinatos y violencia sexual.
Estaba compuesto por el relato de decenas de víctimas del régimen. Sin embargo, el informe de Bachelet no fue el único que iba en esa dirección.
En su informe Venezuela 2023, Amnistía Internacional reflejaba: “La falta de acceso a derechos económicos y sociales continuaba siendo motivo de honda preocupación, pues la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave. El sistema público de salud estaba colapsado.
El Gobierno no aplicó las medidas humanitarias acordadas en 2022 para abordar estas cuestiones. Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza ilegítima y otras medidas represivas a las protestas que reivindicaban derechos económicos y sociales. Quienes criticaban al gobierno del presidente Nicolás Maduro eran objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura con la aquiescencia del sistema judicial”.
Agrega que “el Gobierno reconoció 455 casos de desaparición forzada registrados desde 2015, que en su mayoría no se habían resuelto. Persistía la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que seguían cometiendo las fuerzas de seguridad. Aunque al concluir el año se excarceló a algunas personas, las detenciones arbitrarias de motivación política seguían siendo una práctica sistemática.
La Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, puso de manifiesto los crímenes de lesa humanidad, pidió que se investigaran las políticas restrictivas del Estado y señaló el incumplimiento de las recomendaciones emitidas con anterioridad.
La Corte Penal Internacional prosiguió con su investigación sobre los crímenes de lesa humanidad, pese a los intentos del Gobierno de suspender el proceso. Siguieron empeorando las condiciones penitenciarias, especialmente la falta de acceso al agua y a la alimentación.
La minería ilegal y la violencia amenazaban los derechos de los pueblos indígenas en la zona del Arco Minero del Orinoco. El número de personas venezolanas que huían del país seguía siendo elevado, y las que eran devueltas eran objeto de detención arbitraria.
El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva se veía seriamente afectado, y el aborto seguía estando penalizado. Persistía la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, y las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación”.
La suma de todo el poder
Desde hace varios años el oficialismo venezolano tiene bajo su resguardo todos los resortes de los poderes del Estado degradando el sistema democrático y volcándose sin sutilezas hacia un régimen altamente autoritario. Entonces, una elección como la del fin de semana pasado no es otra cosa más que un montaje con resultados carentes de validez, tal y como en las épocas más oscuras de las aún jóvenes democracias sudamericanas.
En el capítulo venezolano de su informe mundial, Human Right Watchs afirmaba: “Los venezolanos continúan sufriendo represión y las consecuencias de la crisis humanitaria. Hay más de 270 presos políticos. Cerca de 19 millones de personas requieren ayuda humanitaria al no poder acceder a atención en salud y nutrición adecuada”.
Más de 7,7 millones de venezolanos han huido del país, generando una de las mayores crisis migratorias del mundo. El 27 de junio, los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizaron la reanudación de una investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas determinó la comisión de graves violaciones de derechos humanos que replicaban los patrones de conducta que la Misión había calificado anteriormente como crímenes de lesa humanidad. Algunas acciones del Gobierno, incluyendo la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y la inhabilitación de candidatos presidenciales, aumentaron la preocupación sobre la posibilidad de que se celebren elecciones libres y justas.
En octubre de 2023, las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición se reanudaron. Las partes lograron un acuerdo relacionado con derechos políticos y garantías electorales.
Las autoridades persiguen, procesan penalmente y encarcelan a trabajadores sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos, restringiendo el espacio cívico. Entre los problemas que persisten se incluyen falta de protección de pueblos indígenas; de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT); y de los derechos de mujeres y niñas”.
Más adelante planteaba: “Aunque se mantuvieron patrones de abuso, ha habido una transición de la represión generalizada de manifestantes en las calles a una represión aparentemente más selectiva que incluye vigilancia, acoso y criminalización. Sin embargo, como constató la Misión de Determinación de los Hechos, el gobierno de Maduro sigue teniendo la capacidad de recurrir a métodos de represión ‘duros’ como tortura y asesinatos ‘para sofocar la disidencia’”.
“Desde 2014 -agrega- más de 15.800 personas han sido objeto de detenciones por motivos políticos; de los cuales aproximadamente 270 continúan detenidos, según informó en octubre la red de abogados penalistas pro-bono Foro Penal. El 28 de octubre, cinco presos políticos, incluyendo el periodista Ronald Carreño, fueron liberados después de que el Gobierno y la oposición reanudaran las negociaciones.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Misión continuaron documentando, aunque en menor número, casos de asesinatos, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y violencia sexual y de género contra opositores al gobierno de Maduro.
En 2022, tras la continua presión internacional, las Fuerzas de Acciones Especial (FAES), una unidad policial implicada en graves violaciones de derechos humanos, fue disuelta y sustituida por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET). Según la Misión, la DAET tiene funciones y un modus operandi similares a los de las FAES.
Además, exfuncionarios de las FAES, implicados en graves violaciones de derechos humanos, desempeñan funciones clave en la DAET”.
2013. Asume Maduro
Era abril de 2013 cuando el que fue vicepresidente de Hugo Chávez llegó al Palacio de Miraflores tras la muerte del mandatario. Lo hizo luego de unas cuestionadas elecciones en las que venció a Henrique Capriles. Sonaron los reclamos de la oposición que denunciaban fraude y cuestionaban la legitimidad del nuevo presidente electo. Los países se dividieron entre los que aceptaban y no los resultados de la oposición.
2014. Protestas masivas contra el Gobierno
Las calles venezolanas fueron sacudidas por intensas protestas lideradas por el sector estudiantil del país. Se trataba de una respuesta a la situación económica que atravesaba la nación. Las protestas se enfrentaron a una represión estatal y algunas organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas.
2015. Victoria de la oposición
En diciembre de 2015, la oposición venezolana, reunida en la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), logró una victoria histórica al obtener una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional.
Maduro y sus aliados utilizaron el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el oficialismo, para bloquear muchas de las iniciativas legislativas de la nueva Asamblea Nacional.
2017. “Madurazo”
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió una sentencia en la que asumía las funciones legislativas de la Asamblea Nacional. La sentencia tenía el efecto de levantar la inmunidad parlamentaria a los diputados y le otorgaba al TSJ y a Maduro poderes legislativos. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz denunció la “ruptura del orden constitucional”. Fuera depuesta del cargo y exiliada junto con su pareja.
2017. Asamblea Nacional
En medio de protestas masivas y una crisis política, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. El propósito: reescribir la Carta Magna del país. Según el presidente, estaría compuesta por personas elegidas por distintos sectores de la sociedad. “Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente”, dijo, el 1 de mayo.
2018. Maduro reelegido
Después de que a comienzos de 2018 el presidente Nicolás Maduro anunciara que se presentaría a la reelección, en mayo el mandatario salió vencedor en las urnas con un 68% de los votos.
Las elecciones nacionales estuvieron marcadas por una baja participación (46%) y volvieron a ser señaladas por buena parte de la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos como un fraude a la vista de todos.
2019. “Operación Libertad”
Pocos meses después de proclamarse como presidente interino, Juan Guaidó lanzó la “Operación Libertad”, un intento de levantamiento militar para sacar a Maduro del poder. El movimiento incluyó un llamado a las fuerzas armadas y a la población civil para unirse en un esfuerzo coordinado para derrocar al Gobierno. Sin embargo, el levantamiento no logró su objetivo, ya que la mayoría de los militares permanecieron leales a Maduro.
2020. Éxodo y deterioro de la situación humanitaria
Después de la crisis política vino el empeoramiento de la situación humanitaria del país. Venezuela atravesó un período de hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas. Además, el éxodo comenzó a tener unas dimensiones inéditas. Más de cinco millones de venezolanos huyeron del país, según la ONU, y buscaron refugio en países vecinos como Colombia, Brasil, Perú y otros.
