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Asociaciones piden la emergencia de la yerba mate y amenazan con tractorazo

El impacto del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei tiene a los productores en crisis. Una decena de dirigentes remitió tres notas: una al propio mandatario nacional, otra al Gobernador y una al titular de la Legislatura misionera.

27 julio, 2024

Asociaciones de productores yerbateros de toda la provincia se reunieron el pasado jueves en la capital misionera, donde consensuaron el envío de tres cartas: una al presidente Javier Milei, autor del DNU 70/2023 que desreguló la actividad yerbatera que desencadenó la baja del precio de la materia prima; otra al gobernador Hugo Passalacqua, y una tercera al diputado Oscar Herrera Ahuad como presidente de la Legislatura misionera. A los dos últimos les pidieron la declaración de la emergencia yerbatera.

A su vez, ya comenzaron a trabajar en dos definiciones que se darían en los próximos 10 días. Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN de dirigentes que participaron en el encuentro posadeño, se propuso un tractorazo a Posadas, para acampar en la plaza 9 de Julio, que reeditaría el de hace 20 años cuando se logró la sanción de la ley que dio origen al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Una segunda opción es una marcha de las economías regionales en la cual, junto a entidades agropecuarias del país que atraviesan problemas por el DNU, llegar hasta Buenos Aires con los tractores. Hasta podría hablarse de las dos acciones si se consiguen apoyos.

También habría consenso para no levantar yerba en la zafriña, si las respuestas nacionales se mantienen ausentes como hasta ahora, tal como hicieron los productores de San Pedro en señal de protesta. Y acompañarán a los reclamos de los tareferos en el cobro del subsidio interzafra, que se encuentra en proceso de revisión por parte del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello.

 

Qué plantearon en las cartas

A Milei, le reclamaron el DNU: “La desregulación por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 eliminó funciones del INYM que son centrales para el sustento de miles de familias de trabajadores del sector yerbatero. Las consecuencias de tal medida se evidencian en este momento con la baja de precios y los tiempos de pago de la materia prima a los productores, con impacto negativo en la economía regional. Esta situación negativa, a siete meses desde que asumió como presidente de la Nación, puede y debe revertirse, mediante la designación de un presidente en el INYM y la restitución de todas sus funciones”, escribieron entidades como AAG y FSur, UDAM, APAM, Centro Agrario Yerbatero, Chimiray, Alto uruguay, Centro de la Familia Yerbatera, entre otros.

“Usted entiende la profundidad e importancia de estas líneas, dado que pregona que su aspiración es lograr tasas de crecimiento positivo en la Argentina. En ese marco se inscribe la Ley 25.564, es decir el INYM con un Directorio y funciones plenas, y por lo tanto, entendemos que atenderá nuestra solicitud”.
En cuanto a los misioneros, contaron que “…estamos ante una situación donde son afectados gravemente no menos de 150.000 habitantes, dado que en forma directa trabajan en el sector productivo primario alrededor de 35.000 personas, que producen, transportan y elaboran alrededor de 900 millones de kilos de hoja verde de yerba mate, una producción que termina llegando al mercado con un valor total de mil quinientos billones de pesos con efecto multiplicador y distributivo notable”.

Agregaron que “la desregulación producida en 1991 con la eliminación de la CRYM (Comisión Reguladora de la Yerba Mate y el Mercado Consignatario) fortaleció la concentración en unas pocas grandes empresas (4-5) determinantes a la hora de fijación de precios, precios que se redujeron hasta llegar a un décimo de su valor real anterior. Fue durante años una enorme transferencia de ingresos de la yerba hacia ese sector y una gran crisis para el resto de la cadena productiva con su consecuencia económica y social sobre todo en la provincia de Misiones donde se concentra el 90% de la producción, con más de 10.000 productores y 15.000 trabajadores rurales. Se perdieron unas 4.000 explotaciones rurales”, revelaron en las misivas.

A su vez, aseguraron que “la desregulación por medio del DNU 70/23, en diciembre de 2023, produjo la marcha atrás y vuelta al año 1991, eliminando las funciones del INYM en favor de la industria y comercialización concentrada. El resultado, a siete meses de ese DNU: se produjo casi de inmediato la baja de precios a productores y tareferos de hasta el 50% del previsto al inicio; se abrió la importación de yerba y fue hecha por las mismas empresas monopólicas; el pago a secaderos y productores se extendió a 30, 60 y 120 días on la actualidad”.

Finalmente fue cuando hicieron el pedido: “Es necesaria y urgente la Declaración de Emergencia Agropecuaria Yerbatera, la restitución de las condiciones de operación del INYM, con la inmediata designación de autoridades y funcionamiento del Directorio del INYM que se aboque a la concertación de precios. En el mismo sentido, prever la provisión por parte de Nación de los fondos para la Interzafra a los trabajadores rurales, pues estamos a pocos días de la terminación de cosecha, y fondos destinados a la recomposición de precios al productor”.

 

“¿De qué vamos a vivir hasta febrero o marzo? Tenemos compromisos”

De regreso a San Pedro, habló el dirigente de la Asociación Civil Casa de la Familia Yerbatera, Waldemar Schwider. Advirtió que la crisis no permite siquiera pensar a mediano plazo, por la baja rentabilidad de la materia prima y justificó el pedido de la emergencia. “Estamos pidiéndola porque se planteó la cuestión en la reunión de asociaciones de cada municipio. Planteamos la situación en la nota que elevamos al Gobernador porque el precio de la yerba no nos cubre los gastos. Hoy, se quedan con la plata los tareferos y los cuadrilleros porque a los productores apenas nos quedan $80 por tonelada. ¿De qué vamos a vivir hasta febrero o marzo con los compromisos que se tienen?”, se preguntó Schwider en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.

“No es tanta la preocupación del productor sino de los tareferos, ¿qué van a hacer si se termina la tarefa y no hay cosecha de yerba, porque no conviene tarefear por los precios que se pagan? Yo tengo toda mi yerba todavía en el rozado. Me hice seis viajes a Buenos Aires y forramos de notas la Casa de Gobierno.

Pero tanto la Nación como la Provincia están con oídos sordos a nuestros planteos, por eso nos estamos armando para un tractorazo porque no se puede más. Tenemos compromisos a pagar y no damos más”, aseguró el dirigente.

Advirtió que están “dispuestos a ir a la plaza 9 de Julio, como en el año 2000. Si entonces tuvimos éxito, ¿por qué no lo tendríamos ahora? Viví ese tractorazo con 20 años menos y ahora estoy dispuesto a pasar dos, tres meses ahí porque tengo con qué vivir pero otros no”.

Y pidió el apoyo “al pueblo en general, porque todos lo estamos pasando mal: el carnicero, el zapatero, el almacenero. Porque si no hay plata en la colonia, menos en el pueblo”.

A su vez, dijo que el INYM “no está perdido. El que no pelea no gana. Vamos a seguir peleando por una herramienta muy útil”. Sin embargo dijo que necesita “un cambio rotundo, tiene que entrar gente sana con carácter firme y decisivo que acompañe a la producción. No podemos tener pirañas probolsillo”.

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Tags: Hugo PassalacquaJavier MileiOscar Herrera AhuadYerba Mate
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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