El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló la investigación que terminó judicializada, sobre la cantidad de pensiones por invalidez que durante las gestiones presidenciales anteriores, se aprobaron en las diferentes provincias por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo último titular fue Fernando Galarraga en la presidencia de Alberto Fernández.
“Estamos seguros que entre el 30 y el 50 por ciento de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas van a ser dadas de baja después de una exhaustiva auditoría que abarca a todo el país”, anticiparon desde la nueva conducción de la ANDIS, en cabeza de Diego Spagnuolo.
El acusado Galarraga incluso cruzó las denuncias de la Casa Rosada a través de sus redes sociales y advirtió que el Gobierno busca un argumento para aplicar la “motosierra” en los beneficios no contributivos que se pagan desde la Nación, para continuar el plan de ajuste y achique del Estado.
Mientras la dirigencia nacional se debate sobre casos puntuales y la Justicia hace lo suyo en la investigación que ahora tiene el fiscal Guillermo Marijuan; el portal Infobae dio a conocer un mapa de las provincias donde la gran cantidad de pensiones por discapacidad no se condice con la población que determinó el último censo nacional de 2022.
Los datos fueron aportados por la actual gestión de la ANDIS, como parte de la información que se enviará a la Justicia para la causa que se inició.
En ese mapeo, la lupa está puesta prácticamente en el nordeste argentino, ya que aparecen las cuatro provincias de la región entre las que más pensiones por discapacidad se están pagando.
De las cifras reveladas, surgió que el 2,7% de los argentinos cobra una pensión por invalidez: 1.224.296 beneficiarios sobre casi 46 millones de habitantes en todo el territorio nacional.
La ANDIS mandó a auditar este programa con la asunción de Spagnuolo y, en la primera devolución de los auditores, concluyeron que “sobre los 2.559 casos auditados médicamente hasta el momento, solo el 7% (185) cumple con los requisitos establecidos”, destacó la denuncia judicial.
Esas pensiones “truchas ya fueron dadas de baja”, confirmaron tras la revelación de que en un expediente se había incorporado la radiografía de un perro como justificativo de la incapacidad.
La lupa en el NEA
A la cabeza del ranking del país, está Chaco, que tiene casi 100.000 pensionados por esa razón, lo que alcanza a casi el 10% de la cantidad de habitantes de ese distrito.
En el mapa la sitúan en el 8,8% de la relación pensionados-habitantes.
En segundo lugar apareció Santiago del Estero, donde hay 83.845 pensionados por invalidez. En relación a la cantidad de habitantes (1.060.906), tiene un 7,9% de discapacitados percibiendo la ayuda del Estado nacional.
Tercera en esa misma relación numérica, ubicaron a Formosa porque cuenta con 40.860 pensionados por discapacidad y 607.419 habitantes, lo que da un 6,7% de beneficiarios.
En cuarto lugar está Misiones, con 82.064 pensionados por invalidez, lo que representa el 6,4% de la población (estimada en 1.278.873). Si se observa el ranking en relación a cantidad de pensiones aprobadas, la tierra colorada pasa al segundo lugar en el NEA.
Detrás, en el quinto lugar, apareció Corrientes con 72.146 pensionados por discapacidad y 1.212.696 habitantes (el 5,9% de beneficiarios).
Ahora, entre los beneficiarios de todas las provincias que accedieron a la pensión durante los últimos cuatro años, reina la incertidumbre sobre la continuidad, a partir de la investigación que se inició en Buenos Aires.
