El Ministerio de Ecología dio marcha atrás con la intención de cobrarle 34 millones de pesos a un cacique mbya de Puerto Iguazú acusado de “extracción y comercialización de madera nativa” en el año 2017. Mediante la resolución 236/24 con fecha 19 de julio, el ministro Martín Recamán y la directora de Asuntos Jurídicos, Antonella Bortolotti, suspendieron la disposición 107/24, de mayo pasado, mediante la cual se había impuesto la sanción económica al cacique Romualdo Benítez, de la aldea Mirí Marangatú. La medida había sido tomada por el nuevo director de Bosques, Milton Morán, del entorno de Recamán.
Según los fundamentos de Ecología en la nueva resolución “el cacique interpuso un recurso de revocatoria” y debe ser analizado en profundidad.
Pero además, tal como publicó PRIMERA EDICIÓN, el Ministro ratificó en dialogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones y canal 9 Norte Misionero, que antes de aplicar cualquier sanción sobre las comunidades, el Ministerio primero debe dar intervención a la Dirección de Asuntos Guaraníes, cosa que no ocurrió.
Por eso, en la resolución 236/24 conocida ayer, reconocieron ese error: “Por las circunstancias especiales del caso, al estar comprometidos los intereses de comunidades de pueblos originarios, cabe analizar la situación planteada en profundidad y con la intervención de los organismos que puedan tener injerencia en la temática”.
Y agregó que “se hace necesario” suspender la multa económica al cacique “hasta tanto se efectivice en estos obrados la debida intervención de Asuntos Guaraníes y demás organismos que pudieran tener injerencia en la temática de las comunidades de pueblos originarios”.
Este Diario publicó el miércoles la polémica multa del Ministerio y la queja del cacique Benítez porque no sabe leer pero le hicieron firmar la notificación, mediante la policía de la Comisaría 3ª de la ciudad de las Cataratas, sin siquiera leerle ni explicarle el contenido del escrito.
En la entrevista de ayer, Martín Recamán dijo que “la comunidad tenía actas de infracción en poder del Ministerio de Ecología, realizadas por la Policía, por otras comunidades vecinas. Puntualmente ésta, estaba vinculada al apeo de 30 árboles, había una infracción”.
A su vez, contó que fue su resolución la que dispuso que deba intervenir Asuntos Guaraníes. “Cuando ocurrieron los incendios forestales en las comunidades, trabajamos la concientización con Asuntos Guaraníes y entendimos las razones que se daban en esos incendios como es la extracción de la miel y otras culturales. Entonces capacitamos en las comunidades sobre las consecuencias y nuevos mecanismos y herramientas para extraer la miel”, recordó para vincularlo al apeo: “Serán soluciones concretas que mantengan nuestro monte en pie, a la búsqueda de la conservación del bosque nativo, sin dejar de lado la ley”.
Al ser preguntado si hay muchas denuncias sobre comunidades mbya en apeos ilegales, el titular de Ecología dijo que “en el territorio sucede de todo y no quiero enfocarme solo en ellos. A mí me pesa más una extracción de madera sin un plan de manejo. Muchas veces me toca hablar con transportistas y madereros, que vienen con el acta en mano, porque les incautaron el vehículo en operativos de Policía y Gendarmería. Pero no les podemos dar una solución cuando le aplicaron una infracción. Hay una ley que se aplica y hay una sanción y las vamos a aplicar, con el espíritu de mantener nuestro monte en pie”.
Multas “son las que dice la ley”
Tal como se publicó en este Diario, hubo críticas por el fundamento legal y administrativo en la aplicación de multas en un caso de un transportista de Alem.
Éste cuestionó que le apliquen una infracción mediante los artículos de la Ley de Bosques XVI – N°7, que tiene su propio régimen de sanciones; pero se aplica el de multas que establece la Ley de Ordenamiento XVI – N°105. Mediante la cual se pueden establecer sanciones de 300 hasta 1.000 sueldos de la administración pública nacional.
El ministro Recamán dijo que fue correcto el proceder. “Nosotros no decidimos los montos a aplicar. Desde que asumí en el cargo le dije a mi equipo que las leyes están para ser aplicadas, y si la ley establece ese monto será el que vamos a aplicar”.
En ese sentido agregó el funcionario que “no soy jurista pero hablo por lo que mi Directora de Jurídicos me explicó. Que la ley provincial indica que las multas se deben aplicar en función de la ley nacional, que fijó multas de entre 300 y mil sueldos de la administración pública. Ese es nuestro parámetro”.
Sobre el caso del alemseño, admitió haber leído la nota en PRIMERA EDICIÓN y opinó: “Él mencionó que era simplemente un transportista. Pero, si uno es transportista de material ilegal, está involucrado en el delito de la cuestión y también la realidad es de dónde se extrajo ese material. Esa información tampoco nos la dio, porque el material no contaba con una guía que reglara su extracción, de madera nativa”.
“Estamos cuidando nuestro patrimonio de bosque nativo, que nos ha costado más de 40 años de gestión e inversiones a los misioneros para conservarlo. Muchos, casi todos los misioneros, hemos contribuido con nuestros impuestos durante años, para mantener el monte en pie, porque casi todo el territorio tiene bosques nativos con árboles de más de 100 años. Por eso, cuando se aplica la ley, lo hacemos mirando esto para generar conciencia en la conservación. Cuando tomamos uno de estos casos, tomamos la ley”.
Finalmente se mostró a favor de una reforma para que las sanciones no sean solo económicas: “Para mí sería un gusto que tengamos una ley que aplique una sanción penal, porque no se trata de cuestiones económicas sino de sanciones para corregir esta situación con el patrimonio de los misioneros que debemos mantener en pie”, afirmó.
