El Ministerio de Ecología de la provincia pretende cobrarle 34 millones de pesos al cacique de la comunidad indígena Mirí Marangatú, de Puerto Iguazú, como multa por un expediente iniciado en el año 2017 por “extracción y comercialización de maderas nativas”. La notificación fue realizada por policías de la Comisaría 3° de la ciudad de las Cataratas al cacique Romualdo Benítez el pasado 5 de julio.
Junto a la notificación policial, se adjuntó la resolución de la Dirección de Bosques de Ecología donde argumenta que cometió “infracción al artículo 25 inciso B de la Ley XVI N° 105, fijando la suma equivalente a 400 sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional a la fecha equivalente a $34.321.680 en conformidad a lo establecido en el artículo 29 inciso A) de la mencionada ley”. Le dan un plazo de 5 días hábiles para efectuar el pago mediante transferencia a la cuenta del Fondo Forestal.
La nota, con la firma del director de Bosques, Milton Morán, indica que se constató “apeo y aprovechamiento de especies nativas sin autorización” y sostiene que dicho expediente se inició a raíz de una denuncia efectuada por integrantes de otra comunidad, Fortín Mbororé, luego de que el cacique Benítez conformara otra comunidad (Mirí Marangatú) dentro de Mbororé.
Morán asumió hace pocas semanas en el cargo del desplazado Mariano Marczewski, que dejó la Dirección en medio de un conflicto por tramitar una autorización para deforestar una reserva ambiental privada, algo totalmente ilegal.
Según explicaron empleados del Ministerio, el procedimiento contra las comunidades mbya por este tipo de infracciones debe ser dirigido mediante la Dirección de Asuntos Guaraníes y no en forma directa con la Policía.
Varios madereros consultados por PRIMERA EDICIÓN advierten que desde hace algunos años, con la gestión del exministro Víctor Kreimer, el Ministerio adoptó una postura marcadamente “recaudatoria” utilizando leyes que “no corresponden” pero que son usadas por conveniencia, porque tienen multas económicas más altas (ver abajo). El actual, Martín Recamán, decidió continuar con ese polémico “modus operandi”.
“La denuncia es una farsa”
El cacique de Mirí Marangatú dio declaraciones en varios medios de prensa y redes sociales manifestando que: “Estoy tranquilo porque la denuncia es una farsa, busca que abandonemos la aldea”.
“Hace varios años estamos esperando tener un aula satélite, por lo que creemos que el Municipio tampoco nos va a ayudar en esto, pero estamos resistiendo”, sostuvo.
Esta comunidad denunció en varias ocasiones que sufre constante acoso. En 2019 se quemó el monte de la zona, y a pesar de que ellos tienen personería jurídica, el Estado aún no les ha demarcado el territorio que deben ocupar mediante la Ley 26.160. En esa ocasión se identificó al autor del incendio.
En 2020 el cacique Benítez junto con el periodista y escritor Claudio Salvador, denunciaron un nuevo atropello, ya que en ese momento ingresaron personas vestidas de militares y violentaron a jóvenes e incluso ancianos. En esa ocasión Salvador explicó que la intencionalidad de estas personas violentas es que ellos dejen esos territorios para después vender a privados o extraer madera y todos los recursos que allí se encuentran.
Ese mismo año recibieron una denuncia “por apeo ilegal” por parte del mismo organismo, la cual llevó a una inspección en el área perteneciente a ese pueblo. En ese entonces el cacique reconoció “hay mucho interés por el territorio”.
Mirí Marangatú está conformada por alrededor de 35 familias donde hay más de 60 niños en edad escolar, por ello vienen solicitando que el Estado instale un aula satélite y atención médica.
Benítez explicó que la notificación le hicieron firmar sin leerla y que no sabía lo que firmó. En un video hecho por la comunidad, y difundido en redes sociales, negó rotundamente que hayan deforestado.
“Esta denuncia es una farsa para que no quedemos como aldea” dijo y aseguró que la multa es impagable. Sostuvo que están atentando “contra nuestros derechos básicos y buscan expulsarnos de las tierras”.
“Fundamentan la infracción con una ley pero te multan con otra”
El Ministerio de Ecología fundamenta los procedimientos de infracción mediante los artículos de la Ley de Bosques XVI – N°7, donde se establece el procedimiento de guías para extraer madera y tiene su propio régimen de sanciones para los que no cumplen. Esta ley era la única que se aplicaba hasta hace algunos años.
Pero desde la gestión del exministro Víctor Kreimer la situación cambio y el Ministerio comenzó a aplicar el régimen de multas que establece la Ley de Ordenamiento XVI – N°105. Mediante esta norma, se puede establecer sanciones de 300 hasta 1.000 sueldos de la administración pública nacional.
En síntesis: se usa una ley para fundamentar las infracciones pero se usan artículos de otra para multar, porque “persiguen las multas más altas” dijo un maderero a PRIMERA EDICIÓN. Es que la primera ley tiene multas menores.
Esta actitud “recaudatoria” fue denunciada por un camionero de Alem, identificado como Alberto “Nene” Kamchen, excombatiende que hace 40 años se dedica al transporte.
Contó que le aplicaron una multa de 74 millones de pesos (800 sueldos de la APN), imposible de pagar, y desde hace 3 meses le retuvieron el camión que era su única fuente de ingreso para vivir y mantener a su familia.
Explicó a PRIMERA EDICIÓN que fue contratado por un brasilero identificado como Everaldo Garbín, que tiene CUIT y realiza operaciones comerciantes en Argentina; para transportar postes de quebracho desde San Javier a Porto Xavier. Dijo que una vez cargado el camión, lo dejó estacionado en una estación de servicio a la espera de que llegue el propietario con las guías forestales que autorizaban el traslado de la madera, para ir a concluir el trámite con el despachante de Aduanas.
Kamchen dijo que “estando mi camión estacionado, llegó Ecología y realiza un acta de infracción, me llaman a mi domicilio y me presenté. Le expliqué toda la situación, le mostré las charlas con el brasilero que me contrató, le dije el nombre del despachante de Aduana y le mostré una guía que me pasó, en ese momento, un empleado de Ecología de Alem. Pero no les interesó nada, me multaron a mí y me dejaron sin mi camión para trabajar”.
El camionero aseguró que presentó en Ecología toda la documentación para demostrar que “yo solo estaba prestando un servicio como hice muchas otras veces, la madera no es mía”. Y pidió “que citen al brasilero porque viene todas las semanas a hacer negocios, tiene razón social y domicilio en Misiones, pero no lo hacen”.
Por último confesó que no descarta encadenarse frente al Ministerio de Ecología para reclamar que le devuelvan el camión ya que es la única fuente de ingresos para vivir.
