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Crisis en Aerolíneas Argentinas: la empresa de bandera abrió un nuevo plan de retiro voluntario

Mientras trabaja para disminuir su déficit, la compañía lanzó esta propuesta que se extenderá hasta el 2 de agosto. Acá te contamos los detalles.

16 julio, 2024
Imagen ilustrativa

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Aerolíneas Argentinas abrió un nuevo período de retiro voluntario, al que otra vez denominaron “Retiro Gratificado”, informaron fuentes de la compañía. El plazo de adhesión se extenderá hasta el 2 de agosto próximo y, en este caso, la propuesta será en base al salario y la antigüedad y se abonará en un solo pago.

Las fuentes aclararon que será “el último plan” que lanzará la empresa y hay una expectativa de que se sumen alrededor de 500 empleados. En el registro anterior se adhirieron cerca de 300 trabajadores.

En otro orden, las fuentes indicaron que se está trabajando para reducir el déficit operativo en el 2024, a 150 millones de dólares, menos de la mitad de lo que se registró en el 2023, que fue de 390 millones.

De acuerdo a los datos parciales, entre enero y mayo se logró mejorar los costos operativos en un 67%, respecto al mismo período del 2023.

El oficialismo sigue sin dar el brazo a torcer en su intención de hacer de Aerolíneas Argentinas una empresa privada.

Hoy parte un vuelo para traer vacunas Sinopharm de China

Pese a que el tratamiento de esa posibilidad fue excluido de la aprobación ocurrida recientemente en la Cámara de Senadores, tanto los libertarios como sus aliados del PRO insistirán para que la aérea también pase a figurar en la nómina de las compañías estatales a vender.

La decisión fue anticipada tanto por representantes del bloque de Diputados ligado al Gobierno como por referentes de las fuerzas alineadas con La Libertad Avanza (LLA). En simultáneo, el oficialismo busca definir de qué forma puede desprenderse tanto de Intercargo y de otras compañías que hoy funcionan bajo el paraguas de Aerolíneas Argentinas.

La empresa estatal podría dejar reducir al mínimo sus viajes a aquellas provincias que la cúpula de la firma no considere rentables.

La decisión de ir por la privatización en Diputados fue anticipada por Gabriel Bornoroni, expresidente de CECHA, la entidad que integra a los dueños de estaciones de servicios de todo el país, y actual jefe del bloque oficialista.

“Los senadores sacaron Aerolíneas, Radio y Televisión Argentina (RTA) y el Correo. Por esas tres vamos a insistir. Esto es un anhelo, una perspectiva mía como jefe de bloque”, dijo recientemente.

En las últimas horas, Silvana Giudici, legisladora por el PRO, se pronunció de forma similar: “Hay empresas que son deficitarias, que funcionan mal y es necesario que tengan una reconversión. Vamos a tratar de insistir con la privatización de Aerolíneas Argentinas”.

 

Sindicatos en alerta

En enero, el titular del sindicato de pilotos, Pablo Biró, declaró que, de avanzar las políticas oficiales para el sector, Aerolíneas desaparecería. “El tema es cuándo y a qué velocidad”, alertó.

El Gobierno, incapaz de hilvanar los acuerdos para sostener la privatización de Aerolíneas Argentinas, se vio obligado a sustraerla de la Ley Bases.

Sin embargo, la ofensiva contra la compañía tomó una nueva forma. A partir del decreto 599/24 publicado hace unos días, el Gobierno dispuso la desregulación completa del mercado aerocomercial y sus derivados terrestres, así como la derogación casi completa del código aerocomercial.

El nudo del decreto, que profundiza los ejes del DNU 70/23, pasa por eliminar los pisos tarifarios y desregular por completo el acceso a rutas aéreas, aeropuertos y la asociación entre privados. En estas condiciones, la aerolínea de bandera no tendrá capacidad para competir con nuevas empresas que accedan al mercado de cabotaje.

La decisión, en un principio, implicará un incremento en la oferta de vuelos a destinos turísticos con precios más accesibles para la población. Algo que, a priori, garantiza la simpatía de parte del electorado. El portavoz del presidente, Manuel Adorni, planteó que “la desregulación del mercado aéreo va a generar nuevas rutas a precios más accesibles”.

Ocurre que la lógica de una aerolínea de bandera en un país con las dimensiones que tiene la Argentina no es la de generar rentabilidad sino la de garantizar la conectividad. Por eso, el sistema tarifario de la compañía parte de generar un sistema a través del cual los destinos rentables subsidian a los destinos que resultan deficitarios.

La ausencia de regulación implica desconocer el carácter de servicio público del sector aerocomercial y, en términos estratégicos, condenar al aislamiento a provincias y municipios coartando el desarrollo a las economías regionales.

Pero el decreto va más a fondo. Habilita acuerdos bilaterales que implican el acceso irrestricto a los cielos argentinos para monopolios aeronáuticos que podrán elegir las rutas internas que ofrecerán.

Las nuevas condiciones que impone la competencia, además, presionan sobre el cumplimiento de los convenios laborales como ya ocurre en Flybondi, que montó un sindicato propio para avalar la vulneración de derechos laborales del sector, precarizando el empleo.

El decreto habilita a pequeñas compañías a ofrecer a rutas entre destinos con una simplificación de trámites dando lugar a un flujo de vuelos con escaso control. Así, por un lado, se compromete la seguridad aérea y, por el otro, resulta terreno fértil para el transporte ilegal de personas y mercancías.

Rechazo

Los sindicatos rechazaron la decisión y ratificaron que el objetivo es desmantelar la compañía de bandera. Pablo Biró, de APLA, señaló que “es una continuidad de la desregulación que forma parte del DNU 70/23 y que sigue vigente. Esto no funciona en ningún lugar del mundo. En los lugares donde se aplicó dejó a los países desconectados y a merced de la especulación”.

El mecanismo, adelantó, permite que “los monopolios entren fuerte, hagan dumping y rompan la competencia. Regalan los pasajes hasta que hacen quebrar a todos y después disparan los precios”.

Ricardo Cirielli, líder del sindicato de técnicos APTA, coincidió en que “Aerolíneas juega un rol social y turístico. Lo que no quieren es que Aerolíneas vuele. Ninguna compañía va a volar a La Rioja, La Pampa o Santiago del Estero, van a ir a Bariloche, Córdoba e Iguazú”.

Para Biró, además, “la ‘automatización de trámites’, en realidad, es una transferencia de la responsabilidad. Es como pasó con la compañía del Chapecoense que cumplía con los papeles pero era una gran mentira. Si transferís el control a sellos de goma pasan esas cosas”.

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Tags: Aerolíneas ArgentinasAPLAAPTACrisisRetiro voluntario
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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