Con el cambio de Gobierno y la degradación del Ministerio de Ambiente a una Subsecretaría, algunas políticas ambientales no llegaron a encauzarse y la deuda con las provincias creció. En el caso de Misiones la provincia enfrenta una deuda significativa de la Nación respecto a la Ley de Bosques, según lo expresado por el ministro de Ecología y Recursos Renovables de la provincia, Martín Recamán, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.
Esta ley establece un presupuesto para el servicio ambiental que realizan tanto los sectores privados como públicos en todas las provincias, orientando el ordenamiento territorial en función de esos fondos.
“De los fondos que se establecían, nunca se cumplió con los montos establecidos”, afirmó Recamán. “El año pasado, las provincias recibieron solo el 7% de lo que corresponde según la ley, lo cual debilita muchísimo la capacidad de gestión del terreno”.
Según expresó el titular de la cartera, estos fondos son cruciales para actividades como el control forestal y la promoción de actividades económicas sostenibles que mantengan el bosque en pie, tales como el turismo o la investigación.
En esa línea, subrayó que los planes de conservación para privados solo pudieron cumplir con un 50% de los pedidos debido a la insuficiencia de fondos. “Todavía no hemos recibido los fondos del año pasado, y mucho menos los del 2024”, señaló.
La Comisión de Bosques del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se reunió recientemente para intentar destrabar y agilizar la entrega de estos fondos que, aunque dispuestos en las cuentas fiduciarias de la Nación, no han sido distribuidos a las provincias.
El Ministro explicó que la reestructuración del Ministerio de Ambiente, que pasó a ser una Subsecretaría, ha contribuido a los retrasos. “Con todos los cambios a nivel nacional, la llegada de los fondos se atrasó en los tiempos que generalmente se daban”, explicó. A pesar de estos desafíos, se espera que en agosto, durante la Asamblea del COFEMA, se destraben los fondos del 2023 para su distribución a las provincias.
Recaman destacó la importancia económica de esta normativa, que permite a la Nación y a las provincias acceder a financiamientos internacionales.
“Para entrar en el mercado europeo, tenés que garantizar que no deforestás. La Ley de Bosques es crucial para futuras proyecciones económicas”. Además, mencionó que existen muchos créditos internacionales que se ponen en riesgo si estas leyes no se mantienen.
En cuanto a la situación específica de Misiones, indicó que la Provincia tiene pendientes aproximadamente 500 millones de pesos correspondientes a 2023 y 2024. “Del año pasado, nos están debiendo 200 millones que van destinados al privado y a acciones puntuales de restauración establecidas por el Ministerio de Ecología”, explicó.
Estos fondos, aseguró son fundamentales para apoyar a los propietarios privados en la conservación de sus bosques nativos mediante la implementación de planes de manejo, actividades turísticas, o la instalación de cámaras trampa para control.
A causa de la falta de fondos, este año no se convocó a los propietarios de reservas privadas, ya que no se pueden comprometer recursos que aún no están disponibles en las cuentas del Ministerio. “Convocaremos a los privados cuando tengamos los fondos dispuestos dentro del Ministerio”, aclaró Recamán.
Pacto de Mayo
El Gobierno nacional dio a conocer los nuevos diez puntos del Pacto de Mayo, que incluye, en su artículo 7, un ítem referido a los recursos naturales de las provincias. La misma apela al “compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”.
Respecto a esto, Recamán enfatizó la importancia de la pata ambiental que ha crecido enormemente en los últimos 12 años. “Hoy todas las empresas deben presentar un impacto ambiental para empezar a funcionar”, señaló. “Misiones tiene su propia agenda ambiental y ve en ella mucha prosperidad, ya que el recurso natural, su biodiversidad, es un patrimonio de Misiones”.
En esa línea, destacó que Misiones cuenta con el 52% de la biodiversidad de Argentina y que perder su bosque nativo significaría un golpe económico fundamental para la provincia, afectando el turismo y el desarrollo económico. “Misiones siempre va a mantener su posición en materia de conservación”, afirmó.
Además, recordó que la Provincia gestiona un programa de bonos de carbono para apoyar a pequeños propietarios en la conservación de sus tierras. “Este programa fue pensado para llegar a aquellos que tienen pequeñas hectáreas y que no podrían entrar al mercado de carbono sin la ayuda del Estado”, mencionó. El programa avanzó en etapas de auditoría y certificación, y se está trabajando en la implementación para generar otro ingreso económico que contribuya a la conservación.
Por otra parte, también destacó la importancia de la conservación para la salud pública, recordando el impacto global de la pandemia vinculada a cuestiones ambientales. “La conservación es una cuestión de cuidar el recurso económico y la salud de la población”, afirmó.
Finalmente, expresó su optimismo respecto a las discusiones internacionales sobre la importancia de conservar por sus implicaciones económicas y de salud.
“En las mesas de discusiones se eliminaron puntos que afectaban las partes ambientales, y siempre tuvimos contacto con nuestros diputados y senadores para asegurar que las leyes no vayan en contra del ambientalismo”, concluyó.
Proyectos millonarios con Naciones Unidas
En un esfuerzo por reforzar la conservación ambiental en Misiones, Recamán, contó que trabajan en proyectos de financiamiento junto a Naciones Unidas.
“Naciones Unidas tiene, a través de pagos por resultados, un convenio con Nación, un acuerdo que está atado a la Ley de Bosques y los compromisos de Conservación Internacional”, señaló.
Una de estas propuestas tiene que ver con el impulso forestal. “Estamos implementando un plan de manejo de cuencas forestales en la zona de Biosfera, con una inversión de un millón quinientos mil dólares”, explicó. Este programa busca fortalecer la cuenca forestal mediante la incorporación de tecnología, control y regulación, así como la protección de propiedades privadas.
Además, mencionó otro proyecto con un presupuesto de un millón doscientos mil dólares, destinado a pequeñas iniciativas territoriales (PITs). “Estos proyectos buscan transformar la problemática ambiental en sectores específicos, como las comunidades mbya y la zona de Mártires”, indicó. En Mártires, por ejemplo, el proyecto está enfocado en cambiar el impacto ambiental negativo generado por la tala de madera y la producción de carbón y leña.
Para esto, enfatizó la necesidad de un equilibrio en la producción y el crecimiento económico con coherencia ambiental. “Hemos visto que si queremos producir y no tenemos agua, no podemos producir”, subrayó, haciendo referencia a las consecuencias de la deforestación en Brasil, que ha provocado inundaciones y sequías. “Cuando sacas los árboles alrededor de un arroyo, el arroyo se seca”.
En el contexto internacional, Recamán destacó las regulaciones de la Unión Europea que restringen la entrada de productos de zonas deforestadas.
“A partir del próximo año, no se podrá exportar a la Unión Europea madera que provenga de zonas de conservación”, advirtió. Estas regulaciones, aunque estrictas, reflejan la dirección global hacia una mayor protección ambiental.
