Al abrir la jornada, el rector del Instituto, Darío Esteche, celebró “esta iniciativa que pone en agenda temas de actualidad, socializando y reflexionando sobre información necesaria para el desarrollo del territorio en forma armoniosa con la naturaleza”. A su turno, el doctor Martín Ferroni, impulsor de la iniciativa en el marco de la cátedra Legislación Socio Ambiental de Tecnicatura Superior en Ecología Urbana, profundizó estos conceptos, y luego disertó el ingeniero forestal Juan Pablo Cinto con el tema “A más de 10 años de la Ley de Prepuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos”.
Ciudadanía ambiental
El Ciclo de Mateadas Ambientales se propone “como una primera instancia de debate sobre temas de actualidad, y un espacio de educación ambiental no formal que promueve elementos para el ejercicio de la ciudadanía ambiental”, dijo Ferroni.
La ciudadanía ambiental, continuó, “se podría conceptualizar como el reconocimiento de la responsabilidad que tenemos los ciudadanos para con el ambiente, y al rol activo que debemos tener para preservarlo, en el marco del derecho a un ambiente sano y equilibrado, que se reconoce en la subjetividad, es decir yo como sujeto de derecho, y también en la alteridad, es decir en el derecho que tiene el otro a gozar de ese ambiente”.
Ferroni, además, hizo un repaso sobre cómo podría afectar la Ley Bases al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que se debatirá este jueves 27 de junio en la Cámara de Diputados.
Evaluación de Ley de Bosques
Cinto repasó los orígenes y la actualidad de la gestión pública para la protección de los bosques nativos, nombrando a los políticos Lucas Tortorelli (1908-1978), Sergio Mario Larocca (1943-2023), Miguel Bonasso, Carlos Merenson y Jorge Menéndez (fallecido en 2010) , y enumerando legislación como la Ley de “Tierras y Yerbales” N° 4.167 de 1903 “que contenía un régimen forestal nacional”, la Ley 854 que creó en 1977 en Misiones las Reservas Forestales y Semilleras, el Primer Inventario de Bosques Nativos Argentinos (1998- 2002), la Ley General del Ambiente (2002) y la Ley 26.331 (2007) de presupuestos mínimos para el enriquecimiento, la restauración, conservación y manejo sostenible del recurso, conocida como Ley de Bosques.
En esa línea, el experto identificó las regiones forestales argentinas (la selva misionera, la selva tucumana, el parque chaqueño, espinal, monte y el bosque andino patagónico), y su situación previa a la Ley de Bosques, destacándose que previo a esa norma “la tasa de deforestación de la Argentina era seis veces más alta que el promedio mundial (FARN de 2017)”, en tanto que la tasa para el país fue de O,4 % en 2021.
Luego de detallar los objetivos y la forma de implementación de la Ley 26.331, Cinto se explayó sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que determina el grado de intervención en los bosques a través de las categorías Rojo, Amarillo y Verde, y las condiciones para su aplicación, citando al Fondo Nacional para Bosques Nativos que se distribuye anualmente entre las provincias que tengan aprobado el OTBN y acreditado ante la autoridad nacional, y el monitoreo correspondiente para evaluar su efectividad en el territorio.
Al referirse a los resultados de la Ley respecto a reducción de la deforestación, Cinto mostró un gráfico que muestra la pérdida anual de bosque nativo por región forestal de la Argentina entre los años 2014 y 2022. En el caso de la Selva Paranaense, en Misiones, se identifica estabilidad entre los años 2014 y 2017, una baja considerable del 2018 al 2019, un aumento en el 2020 y luego un descenso hasta el 2022.
“La situación en nuestra provincia la evalúo como de estabilidad relativa, una estabilidad que puede ser frágil sin los fondos de la Ley asegurados”, dijo Cinto. Sobre el pico de deforestación identificado en el año 2020, señaló que “coincide con el tiempo de pandemia; corresponden a predios de pequeña escala y, entre otras cosas, se observa la expansión de la soja en zonas de frontera con Brasil”.
Vinculado, hizo notar que “la efectividad de la Ley depende de dos instrumentos: los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos, a cargo de las Provincias, y el Fondo Nacional para los Bosques Nativos, que depende de la Nación”.
“Un ordenamiento deficiente impacta directamente sobre la efectividad de la Ley”, advirtió, y a modo de ejemplo, manifestó “la posibilidad de asignar la categoría Verde a zonas de conectividad de bosque nativo, con el consecuente riesgo de desmonte en áreas claves para la conservación”.
En esa línea, expresó que Misiones “ha optado por un modelo de ordenamiento distintivo que permite la aplicación de las Leyes provinciales a escala predial”, y observó en ese sentido “la importancia de encontrar una escala adecuada de ordenamiento que permita capturar las complejidades ambientales y socioculturales del territorio”, proponiendo “como escala a explorar la que corresponde a las cuencas hidrográficas, claves para la provisión de servicios ecosistémicos”. También, aconsejó, “incorporar en las categorías de OTBN, a los corredores locales de conservación, áreas de endemismos o con presencia de monumentos naturales y zonas prioritarias de restauración”.
Sobre “encontrar una escala adecuada de ordenamiento que permita capturar las complejidades ambientales y socioculturales del territorio”, enfatizó que “esa escala adecuada va a depender de cómo organice la autoridad de aplicación local (el Ministerio de Ecología) la próxima actualización (debe realizarse cada 5 años) del ordenamiento; es una decisión / adecuación técnica y también de tipo político”. La idea, prosiguió, “es que cada ordenamiento territorial sea mejor, o sea que haya un mejoramiento progresivo”.
Para cerrar y orientado a preservar los bosques nativos, Cinto consideró necesario “mejorar la calidad técnica con amplia participación social en los procesos de actualización de los OTBN; promocionar la importancia y valor del recurso, la cobertura presupuestaria del Fondo de la Ley, y retomar la iniciativa política sobres los bosques”.
