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Los pilares del Decreto 1007/12 en la implementación de la Ley de Identidad de Género

6 julio, 2024

El 2 de julio de 2024 se cumplieron doce años desde la reglamentación, mediante el Decreto 1007/12, de la Ley de Identidad de Género N° 26.743, un marco legal que ha transformado radicalmente el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas LGTBINBQ+ en el país. Este artículo busca explorar los aspectos fundamentales de esta ley y su decreto reglamentario; y su impacto en la sociedad, así como reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos en la actualidad en materia de derechos.

Antecedentes y Contexto de la Ley

La Ley de Identidad de Género fue promulgada el 23 de mayo de 2012, estableciendo principios cruciales para la protección y reconocimiento de las identidades de género diversas en Argentina. Su promulgación fue el resultado de años de activismo por parte de organizaciones de derechos humanos y movimientos LGTBINBQ+ (lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales, no binaries, queer y el resto de identidades y orientaciones incluidas en el +), quienes lucharon por poner fin a la discriminación sistemática y asegurar la plena igualdad ante la ley.

Principios Fundamentales

La ley consagra el derecho fundamental al reconocimiento de la identidad de género, garantizando a todas las personas el derecho a ser reconocidas conforme a la identidad autopercibida. Esto incluye el derecho al libre desarrollo de la persona, permitiendo a cada individuo vivir de acuerdo a su identidad de género sin restricciones indebidas.

Asimismo, define la identidad de género como la vivencia interna e individual del género, que puede no corresponder con el sexo asignado al nacer. Esta definición amplia reconoce la complejidad de la identidad de género, incluyendo no solo la vivencia personal del cuerpo sino también otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Procedimientos y requisitos

El artículo tercero de la ley, establece los requisitos para la rectificación registral del sexo, nombre y otros datos en documentos oficiales como el Documento Nacional de Identidad (DNI). Los requisitos para iniciar el trámite incluyen ser mayor de 18 años, salvo para menores de edad que requieren la autorización de sus representantes legales y el asesoramiento de un abogado/a, según lo estipulado en la Ley 26.061.

Uno de los aspectos más destacados es que no se requiere ningún tipo de intervención médica específica (como cirugía de reasignación genital o terapia hormonal) para solicitar la rectificación registral, lo cual garantiza que todas las personas tengan acceso a estos derechos sin barreras discriminatorias.

El Decreto

Por otro lado, desde su promulgación en 2012, el Decreto 1007/12 ha sido un pilar fundamental para la implementación efectiva de la Ley de Identidad de Género N° 26.743 en Argentina. El mismo establece procedimientos claros y accesibles para que las personas trans y no binarias puedan rectificar su sexo y nombre en documentos oficiales, como el DNI, asegurando así el pleno reconocimiento de su identidad de género.

Procedimientos Simplificados y Formulario Único

El decreto aprueba un formulario único para la solicitud de rectificación registral de sexo y cambio de nombre, eliminando barreras burocráticas y facilitando el acceso a derechos fundamentales. Las Direcciones Generales y Provinciales del Registro Civil son responsables de implementar este formulario y habilitar oficinas para su recepción, garantizando un trato digno y respetuoso.

Requisitos y Verificación

Es indispensable cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N° 26.743 y el decreto para iniciar el proceso de rectificación. Esto incluye la existencia previa de la inscripción que se pretende rectificar, la presentación del DNI y la constancia de inscripción correspondiente. Verificados éstos, se procede a la rectificación registral y emisión de nueva partida de nacimiento.

Emisión del Nuevo DNI

La solicitud del nuevo DNI con sexo y nombre rectificados puede realizarse en oficinas seccionales de registros civiles o en el Registro Nacional de las Personas. Se verifica la identidad dactiloscópica para asegurar la integridad del proceso.

Consideraciones para Personas Extranjeras y Residentes

El decreto contempla procedimientos específicos para personas extranjeras con residencia legal en Argentina que desean rectificar su sexo conforme a la legislación de su país de origen. Se coordina con la Dirección Nacional de Migraciones para actualizar la documentación de manera coherente.

Confidencialidad y Notificaciones

Se asegura la confidencialidad de las partidas rectificadas y se establece un procedimiento de notificación a organismos pertinentes, protegiendo así la privacidad de las personas beneficiarias de la ley.

Reflexiones y Perspectivas Futuras

A medida que celebramos estos doce años de la Ley de Identidad de Género y su correspondiente reglamentación, es crucial reflexionar sobre el camino recorrido y los desafíos que aún debemos enfrentar. La implementación plena de esta ley no solo ha requerido de reformas legislativas y reglamentarias, sino también de un cambio social y cultural profundo en pos del respeto y la inclusión de las identidades de género diversas en todos los ámbitos de la sociedad.

Sin embargo, mientras avanzamos en la protección de los derechos de las personas LGTBINBQ+, enfrentamos un preocupante desmantelamiento de organismos del Estado destinados a proteger y asistir a mujeres y diversidades en situación de vulnerabilidad. La eliminación o reducción de líneas y programas de prevención y erradicación de la violencia contra estos grupos pone en riesgo los avances logrados. Y no menos importante, es destacar, los cientos de despidos de personas travesti – trans que accedieron por primera vez a un trabajo registrado en la esfera pública, conforme la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans. Es crucial que, en paralelo a la implementación de éstas y otras leyes como la Ley de Matrimonio Igualitario y otras como la Ley de Cupo para Discapacidad, se refuercen y protejan las instituciones y políticas públicas que trabajan en favor de la igualdad y la seguridad de todas las personas.

Es imperativo que nuestro Estado fortalezca y no elimine los mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos de las personas LGTBINBQ+, asegurando que puedan vivir con dignidad y pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, sin importar su identidad de género.

Referencias

Mecon. (s/f). InfoLEG – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Argentina. Gob.ar. Recuperado el de julio de 2024, de https://servicio s.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
Mecon. (s/f). InfoLEG – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Argentina. Gob.ar. Recuperado el de julio de 2024, de https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
Página. (2024, mayo 2). ¿Qué está pasando con la ley de cupo laboral travesti trans? Página|12. https://www.pagina12.com.ar/732959-que-esta-pasando-con-la-ley-de-cupo-laboral-travesti-trans

Tags: Jurídicos de PrimeraLey de Identidad de GéneroLGTBINBQ+
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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