La Cámara de Apelaciones de Posadas rechazó la medida cautelar de los trabajadores despedidos de Yacyretá que le obligaba a la Entidad a continuar pagándole el sueldo por cuestiones de subsistencia alimentaria y reincorporarlos. Estuvo vigente durante dos meses: mayo y junio.
Ahora solo queda esperar la definición sobre el recurso de amparo, presentado por el mismo grupo de trabajadores, donde solicitan ser reincorporados en virtud de que la “reducción de personal” decidida en marzo que viola el artículo 11 del tratado de Yacyretá que determina que deben tener la misma cantidad de trabajadores en la margen argentina como en la paraguaya.
Yacyretá en Argentina tiene solo 500 empleados y en Paraguay superan los 1.000. El despido que decidió el director ejecutivo Alfonso Peña no tiene ningún fundamento más que “achicar el Estado” pero agranda la brecha entre la cantidad de empleados de uno y otro lado, en contraposición del mencionado artículo.
El amparo fue impulsado por 22 despedidos de un total de 103 que se quedaron sin empleo por decisión de las nuevas autoridades de La Libertad Avanza.
Los nombres de los demandantes son: Carlos Nahuel Ifrán, Fernando Samudio, pertenecientes al espacio político de la exdiputada nacional camporista Cristina Brítez (Samudio es su pareja), Gastón Douton, Lorenzo Darío Martos, Lionel José Dahir, Paula Sánchez, Víctor Hugo Méndez, Gustavo Aníbal Charón, Paula Jimena Simonte, Sebastián Elizathe, Sergio René Roko, José Gabriel Stevenson, Cynthia Verónica Citadini Pirelli, Adrián Marcelo Bellone, Diego Rodolfo Sesnic, Adriel Rodrigo Padin, Diego Hernán Sánchez, Natalia Laura García, Regina Larregui, Santiago Uriarte, María Verónica Muriel, y María Victoria Cazarre.
La cautelar “alimentaria”
La Justicia en primera instancia había otorgado la cautelar ordenando a la EBY que le siga pagando el sueldo y restituya el empleo a 22 despedidos, con el argumento de que existen razones de subsistencia alimentaria.
En cambio, la Cámara de Apelaciones, que es la segunda instancia de la Justicia, dio vuelta el fallo argumentando que los demandantes tenían a su disposición las indemnizaciones correspondientes a sus despidos, que cubrían adecuadamente sus necesidades alimentarias: “Los actores cuentan con sumas equivalentes a varios meses de sueldo, lo cual echa por tierra la cuestión alimentaria invocada como sustento de la medida cautelar dictada”, se advierte en la decisión de las camaristas Mirta Delia Tyden, Ana Lía Cáceres de Mengoni y Verónica Susana Zapata.
Adrián Bellone, quien estaba a cargo de Obras Complementarias y fue uno de los despedidos, señaló a PRIMERA EDICIÓN que “como la cautelar tuvo una vigencia de dos meses, desde mayo hasta fines de junio, probablemente la EBY tenga que pagar esos salarios caídos mientras sigue tramitando el amparo en definitiva”.
El abogado dijo ayer que “se podría apelar, el tema es el siguiente: cuanto más arriba judicialmente vas y tratándose de la EBY, más politizada se pone la cuestión y menos judicial se convierte. Nuestra idea es no generar costas porque, en definitiva, imagínate que la pérdida de cada instancia implica pagar horarios y gastos. Acá hay gente que no está en condiciones de pagar gastos porque se quedó sin laburo”.
“La idea no es generar costas sino tenemos algún grado de certeza en cuanto a la resolución y a veces las resoluciones no son jurídicamente viables, tienen que ver más con intereses políticos que con cuestiones judiciales. En definitiva, la cuestión principal que es el amparo todavía ni siquiera está tratado”, agregó.
El amparo por las reincorporaciones
A la par de la cautelar se presentó un amparo solicitando que la justicia ordene a la EBY reincorporar a los despedidos porque la medida viola el artículo 11 del Tratado de Yacyretá.
“El amparo debería resolverse pronto. Yo supongo que en esta semana el juez ordenará correr el traslado del amparo, que se notifique a la EBY del amparo. Y de ahí en adelante, la EBY tiene más o menos 10 días para contestar y luego el juez lo resolverá. Creemos que antes de fin de julio debería estar resuelto. Lo que pasa es que está la feria en el medio, con lo cual supongo yo que para agosto debería estar”, explicó Bellone.
Y comentó que “hay otro grupo de personas que pertenecen a la sede Ituzaingó que presentó una demanda de amparo para la reincorporación, pero con fundamentos diferentes”.
“Ellos presentaron un amparo pidiendo ser reincorporados en función de que entienden que hubo una discriminación en su despido. Nuestro planteo es diferente, nosotros decimos que el despido está mal hecho en función de la violación del artículo 11 del tratado que exige la igualdad de cantidad de empleados de una margen con la otra”, señaló el abogado.
