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“Se logró bajar la presencia de niños mbya en las calles y se estableció un protocolo”

Así lo manifestó el titular de la Dirección de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, quien contó que “el protocolo contempla no solo cómo proceder sino también la ayuda y seguimiento hasta la resolución de esa situación”.

26 junio, 2024
INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO. Desde Asuntos Guaraníes consideran que el protocolo de acción es un aporte fundamental para garantizar el cumplimiento de los derechos que asisten a los niños.

INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO. Desde Asuntos Guaraníes consideran que el protocolo de acción es un aporte fundamental para garantizar el cumplimiento de los derechos que asisten a los niños.

La presencia de menores de distintas comunidades mbya en avenidas y calles de Posadas “se logró bajar casi por completo, debido al trabajo multidisciplinario que venimos realizando desde diciembre último y atendiendo cada caso en particular”, señaló el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez.

Además, el funcionario destacó la reciente aprobación de un protocolo junto a varias instituciones, incluido Acceso a la Justicia, que obliga a llevar un registro pormenorizado de cada intervención, desde la asistencia hasta la resolución de la misma.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, Rodríguez comentó que “en el trabajo que llevamos adelante fuimos viendo, por ejemplo, que había varias madres que venían a realizar trámites ante ANSeS que estaban incompletos, como el de Asignación Universal, o que habían perdido los comprobantes, a las que debimos ayudar porque tampoco pedían ayuda para ello y terminaban durmiendo en alguna plazoleta con sus niños”.

Agregó que “el cierre de la oficina de ANSeS que funcionaba en Jardín América también complicó los trámites que realizaban las familias de numerosas comunidades cercanas a ese lugar y que después tuvieron que trasladarse hasta Posadas para solucionar ese inconveniente. Es allí en esa zona donde se concentra la mayor población de comunidades aborígenes y eso les complicó”.

Rodríguez comentó que “fue un trabajo arduo para llegar a prácticamente no tener niños mbya vendiendo en los semáforos, en las plazas y en las condiciones en que lastimosamente algunos padres los tenían. Para eso tuvimos que hacer una tarea casa por casa de las familias que venían acá y en cada comunidad porque en realidad uno no sabe qué puede estar pasando, cuáles son sus necesidades. Tuvimos casos también en los que debimos solucionar con diversas áreas del Estado para que esa mamá, esa familia, tenga un sustento económico, un ingreso que les permita vivir dignamente”.

El funcionario comentó que el protocolo, “se concluyó el miércoles de la semana pasada en una reunión de lo que denominamos ‘mesa ampliada’, donde participan el Ministerio de Derechos Humanos, el Hogar de Día, el Ministerio de Coordinación de Gabinete, la Policía de la Provincia y Acceso a la Justicia, entre otros. Allí se firmó un acta de acuerdo y cerramos el protocolo”.

Por otro lado, Rodríguez remarcó que durante el receso escolar de julio suele darse la migración de algunas familias mbya a la capital provincial y es por ello que “ya tenemos preparado un operativo, con una guardia permanente del personal de la Dirección de Asuntos Guaraníes, para evitar la exposición de los niños a esas situaciones de quedarse en la vía pública. Veremos si hay alguna mamá que necesite realizar trámites, que venga al banco o a ANSeS, pero que no debería pasar por esa cuestión de tener que instalarse en una plazoleta”.

Rodríguez apuntó también que las adicciones en las comunidades aborígenes “es un tema que nos preocupa porque no están exentas y en particular fuimos articulando acciones con el Ministerio de Prevención de Adicciones que dispone de equipos territoriales que siempre están colaborando. Hablamos tanto de prevención como de consumo problemático”.

De igual manera, aclaró que “no es sencillo el abordaje en una comunidad mbya porque los blancos no pueden intervenir de la misma manera pero la realidad es que hay casos de consumo y debemos brindarles la contención necesaria”.

 

Consejo de Caciques

Por otro lado, el titular de Asuntos Guaraníes confirmó que “el 15 de julio venidero se concretará una reunión de caciques de toda la provincia, y que tendrá como sede la comunidad Paí Antonio Martínez, de Fracrán. Será la primera del año y es convocada por el Consejo de Caciques”.

Recordó que “el año pasado también se había hecho en julio esta asamblea para la cual estamos armando el itinerario de los temas a tocar. Ellos nos presentan sus inquietudes y nosotros nos sumamos el último día también con nuestros temas que se terminan abordando”.

También Rodríguez anticipó que este viernes (28) estarán presentes en Buenos Aires, donde asistirán a la reunión a la cual el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) convocó al Consejo Federal de Políticas Indígenas, “allí se abordarán temas relacionados con personería jurídica, relevamiento territorial, Ley 26.160, entre otros que son de gran importancia para nuestra comunidad y para nuestra provincia”, dijo.

Tags: #PosadasAsuntos GuaraníesFrancisco RodríguezMisionesNiños mbyaProtocolo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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