Una joven de 26 años que trabaja como empleada doméstica en la vivienda de dos jubilados, fue detenida ayer en el marco de una investigación por presuntas estafas reiteradas.
El sábado último, efectivos de la Unidad Regional IV de Puerto Rico allanaron su domicilio y secuestraron un teléfono celular en el cual se presume recibió transferencias de sus patrones que ella misma habría realizado. En aquella oportunidad fue liberada, supeditada a la causa, pero una nueva denuncia ahora sí la puso tras las rejas.
Fuentes en contacto con PRIMERA EDICIÓN revelaron que la primera denuncia formulada en la comisaría de Garuhapé el sábado 15 de junio se refería a una suma de 1.200.000 pesos que una mujer de 76 años dijo le extrajeron de la cuenta de su esposo (77 años) y manifestó tener sospechas de su empleada, ya que sería la única que en algún momento pudo disponer de los celulares de los patrones y que estos a veces le solicitaban ayuda para manejar la tecnología.
Ayer, la misma mujer se enteró al realizar un trámite bancario que en la cuenta de ella también hubo movimientos de dinero que no hizo e incluso tomaron créditos a su nombre y también en la cuenta de su esposo, totalizando el dinero afectado en unos cuatro millones de pesos aproximadamente.
La destinataria de todos los envíos de dinero o transferencias era su empleada ya que ni siquiera se tomó la molestia de hacer los movimientos con otras cuentas lo que llamó la atención de los efectivos a cargo de la investigación.
El juez de Instrucción de Puerto Rico, Leonardo Balanda Gómez, y el fiscal Héctor Simon dispusieron su inmediata detención, concretada en el barrio Iprodha de esa localidad. Durante un allanamiento, la policía secuestró otro teléfono celular que aparentemente le pertenece a un familiar en tanto que el dinero no fue ubicado.
Tampoco en el primer allanamiento habían secuestrado dinero, según informaron en aquel momento desde la fuerza de seguridad al dar a conocer el caso.
Las mismas fuentes en contacto con este Diario señalaron que los investigadores pudieron comprobar mediante rastrillajes virtuales en los dispositivos secuestrados y a través de la cuenta bancaria de la sospechosa, que efectivamente extrajo más de cuatro millones de pesos en total que se autotransfirió de las cuentas de sus patrones, pero no se sabe dónde está ese dinero.
En principio la mujer no adquirió ningún bien nuevo y no realizó movimientos en su vivienda o compras rutilantes como suele suceder en este tipo de casos. Presumen que actuó con la complicidad de otra persona es por ello que investigan su entorno para así poder dar con quien pudo guardar el dinero.
El hecho fue caratulado provisoriamente como estafas reiteradas y se encuadra en los artículos 172-173 del código penal argentino y prevé penas de hasta seis años de prisión en caso de comprobar la culpabilidad de la denunciada.
