Durante los primeros días de mayo se filtró el borrador de una resolución que programa la desregulación del nomenclador nacional de prestaciones básicas en favor de las personas con discapacidad que fija aranceles, rompiendo con un sistema de 25 años que equipara dichos aranceles de las prestaciones para las distintas obras sociales.
“Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901 fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”, dice el artículo 2 del proyecto de decreto, fechado el 8 de mayo y firmado por Diego Spagnuolo, director libertario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abogado de Milei en distintas oportunidades.
A raíz de esto, el miércoles 29 de mayo en todo el país, miles de personas convocadas por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de Derechos de Personas con Discapacidad, se movilizaron para exigir un alto a dicho decreto. En Posadas los manifestantes estuvieron en la plaza 9 de Julio para visibilizar su reclamo. Atenta a esta situación, este viernes la FM 89.3 Santa María de las Misiones, recibió aEduardo Sisto, presidente de la Fundación de Apoyo a Padres de Hijos con Espectro Autista, y Oscar Aldana, representante de la ONG de la discapacidad ante el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) para hablar al respecto.
En principio, ambos expresaron sus inquietudes respecto a la posible desregulación del sector y advirtieron que implicaría un gran retroceso en materia de cobertura y prestaciones para las personas con discapacidad.
Aldana comentó que hasta ahora y según la legislación vigente una persona con una patología o discapacidad que obtuvo su certificado mediante una junta médica, “tiene acceso a todas las prestaciones en forma gratuita. Esto se estaba cumpliendo, con ineficiencias en el sistema, pero se cumplía. Quienes tienen una obra social pueden acudir a ella, y la obra social, con subsidio del Estado, cubre estos servicios. Para quienes no tienen obra social, existe el programa nacional Incluir Salud que, en teoría, proporciona la cobertura necesaria”, sin embargo ahora desde el Gobierno nacional se quiere permitir “que cada prestador, de forma independiente, pacte directamente con las obras sociales o con los pacientes los honorarios, lo cual genera una gran preocupación en las familias que necesitan estos servicios”.
Además recordó que “el precio de las prestaciones estaba fijado por un directorio, con un nomenclador para cada actividad o prestación, que se actualizaba periódicamente. Pero, cada vez hay más demanda de prestaciones y la oferta de profesionales que las brinden es menor. Esta situación de mercado permite que los prestadores, en algunos casos, puedan darse el lujo de elegir a quién atender”.
Tanto Aldana como Sisto coincidieron en que la propuesta de desregulación agravará la situación de las familias y las personas con discapacidad, ya que implicará una negociación individual entre prestadores y pacientes o sus obras sociales, sin una regulación clara que garantice la accesibilidad y la calidad de los servicios necesarios.
Por su parte, Eduardo Sisto destacó la importancia de la legislación vigente. “Nuestros derechos están garantizados por la ley y nosotros queremos garantizarlos a todos nuestros colectivos” y añadió que es muy particular que “después de 30 o 40 años” se siga discutiendo el tema de discapacidad sin encontrar una solución. “La discapacidad ha sido algo secundario, relegado al rincón oscuro de la sociedad. Hay cientos de centros en todo el país que dan cobertura y las leyes están claras, pero no tenemos reglamentado quién las hace cumplir”.
Esta visión fue reforzada por Aldana quien se refirió a las dificultades que enfrentan las familias y las personas con discapacidad para acceder a los servicios necesarios: “Como Fundación, llevamos más de 15 años golpeando puertas para ser atendidos. Nos atienden bien, pero siempre debemos insistir y eso es discriminación. Además, tenemos problemas con las obras sociales: aunque recuperan el dinero, hay que pelear por ello. Algunas obras sociales oficiales pagan por debajo del 70% del nomenclador. Si el Estado nacional va a recortar y desregular las prestaciones, primero debemos ver qué está pasando a nivel provincial”.
El rol del Estado
Sisto explicó el papel fundamental que juegan tanto el Estado nacional como los estados provinciales en garantizar las prestaciones para personas con discapacidad. “El Estado nacional tiene leyes que garantizan las prestaciones de forma gratuita, financiadas con fondos públicos. Como ciudadanos, aportamos a través de impuestos para que el Estado pueda atender necesidades básicas como salud, educación y seguridad”, señaló Sisto.
Sin embargo, criticaron la administración de estos recursos: “El Estado a veces se apropia de los fondos públicos y los destina a otras cuestiones, sin fijar las prioridades que debería. A nivel nacional, hay una ley que establece estas prestaciones, y aunque se cumplían, estábamos mal organizados. Todas las provincias adhirieron a esta ley nacional y crearon sus propias leyes provinciales para hacerse cargo de las prestaciones de discapacidad”.
En cuanto a la situación en Misiones comentaron que “la provincia se adhirió a la ley nacional hace más de 20 años, pero solo la reglamentó parcialmente. Reglamentar una ley implica asignar un presupuesto, y ahí es donde fallamos. El presupuesto está muy corto. Investigamos y vimos que el punto de discapacidad en el presupuesto provincial de 2024 es muy bajo”.
Oscar Aldana añadió que la falta de presupuesto y de políticas públicas efectivas agrava la situación: “Queremos colaborar y sumar nuestro trabajo, que es honorario. No pedimos una cuestión financiera, sino una cuestión de ejecución. No hay políticas públicas adecuadas. Por ejemplo, una mamá tuvo un turno en febrero para un hospital, y después de cinco meses le dijeron que lo que su hija necesitaba era acompañamiento psicológico, no psicopedagogía. Y que debía buscarlo en otro lugar. No hay prestaciones como debería haber”.
Mientras Aldana subrayó la necesidad de garantizar que el Estado cumpla su rol, Sisto sostuvo que lo que buscan es “garantizar que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad. Somos los intermediarios para que haya una garantía en el cumplimiento de estos derechos”.
“Nosotros decimos, si el Estado se va a acercar, que se haga cargo en serio. Hoy en día tenemos otro problema: hay mucha gente que figura como que tiene alguna discapacidad y no es así. Es un problema que también nos afecta. Tenemos la realidad cotidiana de la discapacidad, y alguien que esté gozando de beneficios de forma inmoral e ilegal debería recibir todo el peso de la ley”.
Sisto también criticó el estado actual de los servicios: “Lo que tenemos acá no nos sirve. Así como están, no nos sirven los prestadores. Las familias hacemos un esfuerzo, pero las personas que están desprotegidas son las que deberían ser atendidas por la ley. El Estado garantiza con esas leyes nacionales, pero luego no las cumple. Eso, objetivamente, para un ciudadano es una demagogia”.
Estado del proyecto de desregulación
En cuanto al estado del proyecto, Aldana manifestó que “está en stand by, está parado porque toda la sociedad civil y la mayoría de los gobiernos provinciales lo frenaron. La Provincia acompaña el reclamo a nivel nacional, pero hay que poner la mano en el bolsillo”.
Ambos entrevistados enfatizaron la necesidad de acciones concretas para proteger los derechos de las personas con discapacidad. “Mientras corran riesgo los derechos de nuestra gente, vamos a estar en pie de guerra contra el gobierno que fuera y donde fuere”, afirmó Sisto, subrayando la determinación de las organizaciones y las familias de no permitir que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad.
