Días intensos y de muchas definiciones “en la cocina” política se viven en Misiones como en Buenos Aires, con impacto en la tierra colorada. La gran mayoría se vinculan a la economía del país como de la provincia, que podrían empeorar o alivianar la situación de miles de habitantes en este pequeño rincón de Argentina.
El Estado misionero tiene en espera hasta mañana lunes a los trabajadores, para dar a conocer el incremento salarial que aplicará para el mes de mayo, del cual se conoce el de la Policía provincial en medio de la protesta frente al Comando Radioeléctrico de Posadas.
Pero en horas más, la Mesa de Diálogo docente (que componen UDA, UDPM, SADOP, SEMAB CEA, AMET y SIDEPP) podría ser la primera en conocer de parte de las autoridades educativas por dónde irá la propuesta del tercer incremento de haberes. Es que, al abarcar también a Salud (cuya mesa se reunió el viernes pasado sin acuerdo), empleados de Vialidad Provincial y la Administración Central, se desconoce si habrá un anuncio general mediante un comunicado de prensa.
Los porcentajes seguían siendo una incógnita hasta ayer, con el hermetismo dispuesto a partir de la manifestación encabezada por policías y penitenciarios (en actividad y retirados) que terminó con denuncias judiciales y que promete medidas disciplinarias “severas”, según confirmaron tras la reunión del comité de crisis.
En base a las propuestas, hay sindicatos y agrupaciones de los empleados docentes y sanitarios que pusieron un “piso” para no seguir con medidas de fuerza: 100%. Algo que parece improbable, salvo que se trate de cuotas hasta por lo menos cerca de fin de año.
En la Gobernación, aunque no lo admiten públicamente, sostienen que la Casa Rosada se volvió “casi exigente” de no avanzar en paritarias muy por encima de la inflación mensual. Lo que podría suponer cuál sería el camino a seguir, en tiempos de muy buena relación política entre renovadores y libertarios.
Se endurece con la Policía
El Gobierno provincial se debate sobre la relación que entabló desde 2012 (cuando sí se produjo un acuartelamiento policial) con los integrantes de las fuerzas de seguridad. Fuentes oficiales consultadas por PRIMERA EDICIÓN, admitieron que en varios despachos se consideró un “error” el funcionamiento de la Mesa Policial casi con un reconocimiento gremial a la misma, para la discusión paritaria.
Es que en Misiones, como en muchas otras provincias, el status “militar y verticalista” que se asigna a la relación laboral entre jefes y subordinados, impide legalmente a los integrantes de Policía y SPP lo que se permite a otros sectores (salud, educación, etc) que cuentan con convenios colectivos que obligan a la constitución de esos espacios paritarios. Y más aún, se cuestionan puertas adentro el permitir las protestas de las fuerzas que terminaron con acuerdos salariales y con la “conmutación o perdón” de las sanciones disciplinarias.
Tal vez por el momento de tensión que se vive desde el viernes a la madrugada, se habla de un “cambio de postura” y un endurecimiento de la disciplina con los efectivos que podrían llevar a la disolución de la Mesa, en primer lugar. Más allá que, desde hace un tiempo a la fecha, en la práctica ya no funcionaba.
“El Gobierno sigue dispuesto a dialogar en un contexto de paz social y orden institucional. Nada se resuelve con violencia y mucho menos si proviene de aquellos que han jurado defender el estado de derecho, la seguridad y la paz social. Se llama a la reflexión al grupo minúsculo de exaltados, que han quedado fuera de la ley, que salgan del desacato y de la sedición que rompen la paz social de una provincia tranquila, con otra filosofía de vida, y regresen a las instancias abiertas para la solución del conflicto”, aseguraron ayer a este Diario las mismas fuentes oficiales.
“El haber llevado los móviles policiales, cubiertas, camionetas y hasta una autobomba a la manifestación, haber tomado el Comando y roto algunos elementos que son bienes del Estado y no de los efectivos”, sería un hecho que profundizó la decisión de cambiar la forma de relacionarse en adelante con los efectivos.
Apoyo a la Ley Bases
En el Senado nacional se viene una semana clave para dictaminar a favor de la Ley Bases, de interés del presidente Javier Milei. Sin embargo, ya se conocen varias modificaciones que se impondrían a la media sanción aprobada por Diputados, a partir de la mayor incidencia que la oposición tiene en esa Cámara.
Es por ello que, desde hace varios días, se habla de “uno o dos votos clave” en la división que se generó frente a las posturas a favor y en contra de la norma. Esos votos serían los aportados por la renovación de Misiones, en las personas de Sonia Rojas Decut y Carlos Arce.
Desde el oficialismo ya se anticipó que “Misiones ocupa un lugar central y decisivo en el escenario político nacional y, lo hará con responsabilidad de gobierno y respetando la democracia”. Agregaron que “los senadores misioneros tienen la llave para aportar la diferencia necesaria en el marco de un consenso estratégico que busca darle al presidente Milei las herramientas que pidió para devolverle al país la senda de crecimiento y desarrollo. Una vez con la ley en sus manos, la economía será como quiere el mandatario. Ya nadie le pondrá trabas”.
Finalmente destacaron en la decisión de acompañar -al igual que votaron en Diputados- el texto y el pedido de sanción del capítulo tabacalero: “El espíritu colaborativo del Frente Renovador volverá a quedar de relieve en un momento donde el país necesita recuperar los acuerdos que revaloricen el rol de la política en la solución de los conflictos económicos, sociales y políticos”.
Yerba: un amparo y la poca atención de otras regiones del país
En la producción de yerba mate, esta semana se conocieron muchas novedades: de las buenas y de las malas.
Entre las medidas impulsadas desde los productores, el Juzgado Civil y Comercial 5 de Posadas admitió un recurso de amparo solicitado por la Unión de Agricultores de Misiones (UDAM), que preside Marcelo Hacklander, para impedir el ingreso a la provincia de materia prima importada. No solo se le cuestiona a la hoja y canchada -ingresada de Paraguay y Brasil- su calidad y salubridad sino también su impacto en precio en perjuicio de la yerba mate misionera.
En Corrientes, las grandes industrias (empresas y cooperativas) han sido las que más utilizaron la importación de yerba para evitar la compra a misioneros. La decisión judicial frenará una parte del perjuicio denunciado. Es por ello que el gobernador Hugo Passalacqua había reclamado al ministro de Economía, Luis Caputo, que haga lo mismo pero en todo el país, sin que uno de los hombres fuertes de la política nacional responda todavía. A la espera de las medidas no están solamente los gobernantes misioneros que peticionaron, sino más de 13.500 familias que trabajan este producto agrario en la provincia.
En cuanto a la mala de la semana, varios productores, secaderos, industriales y cooperativistas fueron al plenario de las comisiones de Agricultura y Economías Regionales en el Congreso nacional. Allí, mostraron la división de opiniones entre misioneros y correntinos sobre la regulación, la importación, el INYM, la fijación de precios mínimos, etc.
Pero, más allá de las diferencias en la cadena de comercialización y en los discursos sobre el rol del Instituto, lo que se vio fue un fuerte desinterés de diputados que provienen de otras regiones del país. Aclaración: a excepción de los renovadores y Martín Arjol, no participó el macrista misionero Emmanuel Bianchetti, que responde a Martín Goerling.
Algunos diputados de otras provincias ni siquiera se molestaron en ir a escuchar. Y otros hicieron un breve acto de presencia y se retiraron en medio del debate. La falta de unidad del sector por sí sola implica debilidad frente al DNU 70/2023. Que se fortalece con el desinterés de legisladores del centro y sur.
