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Eliminación del formulario CETA: “Dejó de ser una burocracia más”

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y entró en vigencia este jueves. Roberto Delgado, presidente de la CMGM dialogó con FM de las Misiones al respecto.

26 abril, 2024

En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Roberto Delgado, presidente de la Cámara de Mandatarios y Gestores de Misiones, proporcionó detalles sobre los cambios recientes en los procedimientos de compraventa de vehículos usados, particularmente en relación con el certificado CETA. La AFIP ha implementado medidas para simplificar este proceso, suprimiendo el formulario CETA que estuvo vigente desde el año 2009.

Delgado comenzó contextualizando el propósito original del formulario CETA: “El formulario CETA fue un formulario que fue implementado en el año 2009 a través de una resolución de la AFIP que lo que decía era que a partir de ese año el registro de la propiedad de automotor iba a ser el encargado de solicitarle a aquel usuario que transfiera un vehículo usado de un titular a otro, exigirle la presentación del formulario CETA, que es el certificado de transferencia del automotor.”

Luego, explicó el funcionamiento con un ejemplo: “En términos criollos, el CETA era, por ejemplo, yo te vendo mi auto a vos, hay un cierto monto, no era por cualquier monto del vehículo, sino que un monto estipulado por la AFIP, donde yo fiscalmente doy de baja el vehículo con ese formulario que está en mi nombre y fiscalmente se daría de alta a tu nombre.”

Delgado también destacó la importancia del formulario en la declaración fiscal: “El auto vale residualmente 7 millones de pesos, bueno, al transferirlo a tu nombre, a través de ese formulario CETA, se le informaba a la AFIP que la persona dejaba de ser titular y pasaba la titularidad a la otra persona, que el capital de ese auto dejaba de ser de él y pasaba a ser de la otra persona.”

Sin embargo, recientemente, la AFIP ha tomado la decisión de eliminar este requisito, lo que ha simplificado el proceso de transferencia de vehículos usados. Delgado destacó este cambio como una reducción significativa de la carga burocrática: “Eso se eliminó, o sea, dejó de ser ahora una burocracia más dentro de los 43.000 ítems que tenemos cuando hacemos la transferencia de un vehículo.”

Asimismo, desmintió que esta medida sea un alivio para el bolsillo: “El formulario CETA no tenía ningún costo. Era una declaración nada más que se hacía a través de un formulario, que se bajaba de la página de la AFIP. Se estaba vendiendo como que estamos reduciendo costo”. 

En un giro de la conversación, Delgado abordó el tema del posible cierre de los registros del automotor, calificando el debate en torno a este tema como “engorroso” debido al lobby existente desde un sector de la política. Sin embargo, expresó su escepticismo sobre la probabilidad de que esto ocurra: “Para mí hay un 98% de posibilidades que no va a suceder”.

Además, destacó la solidez del sistema de registro argentino en comparación con otros países de América Latina: “El sistema registral argentino, lo vuelvo a repetir en todo lado, es el más seguro y más completo que existe en toda latinoamérica”.

Delgado también mencionó los desafíos financieros que enfrentan los registros del automotor, ya que dependen en gran medida de las tarifas que cobran por sus servicios: “Los registros del automotor son los que reciben el golpe mayor, porque son los que te cobran.”

Sin embargo, proporcionó claridad sobre la estructura de estos registros, explicando que, aunque son entidades privadas, operan bajo la dirección de la Dirección Nacional de Registro Propiedad de Automotor: “Los encargados de registro cumplen con la directiva que le manda la Dirección Nacional, que es otro ente, nadie habla de la Dirección Nacional de Registro Propiedad de Automotor, que es una empresa, es grande, tiene muchos empleados.”

Sugirió que la reducción de los registros del automotor podría tener un impacto significativo debido a la escala y la importancia de la Dirección Nacional de Registro Propiedad de Automotor.

Delgado habló también de cómo el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impactó en la actividad de los gestores y mandatarios, notando una disminución en la realización de transferencias de vehículos por parte de los usuarios comunes: “Hemos sentido el impacto de que la gente, el usuario común, no hacía sus transferencias del automotor.”

Explicó que la preocupación principal de los usuarios estaba centrada en mantener al día la patente de sus vehículos, pero postergaban las transferencias debido a diversas incertidumbres sobre posibles cambios en los requisitos: “Sí estaban todos preocupados porque tengamos la patente al día. Pero no hacían sus transferencias porque decían, bueno, vamos a esperar porque va a salir 20 mil pesos, porque va a reducir, porque el registro, porque esto o lo otro. En estos días, como pasa el tiempo y vieron que no hubo esa desaparición de los registros, la gente empezó otra vez a hacer sus transferencias, hay bastante trabajo y terminó un poco ese tema”.

Delgado expresó su optimismo respecto a la modernización del sistema: “yo creería que esto va a mejorar y para bien, eso es lo que espero. La modernización del sistema registral, reducir la burocracia, es necesario, es necesario porque todos hoy en día estamos hartos de tanta burocracia, debe ser más simplificado”.

Además, proporcionó información sobre la composición de los costos asociados con las transferencias de vehículos: “el 60% de lo que cuesta una transferencia a un auto son impuestos, impuestos al Estado provincial y nacional. Tienen 5 o 6 empleados cada registro”.

A esto agregó: “La cantidad de registros parece mucho, pero en la Argentina están divididos por zonas, por regiones y nos dan abasto. Yo soy de Cerro Azul, pertenecemos al registro de Oberá. El registro de Oberá está lleno de gente todo el día, o sea, significa que están bien distribuidos, no hay un registro que esté vacío”.

Por último contó como primicia que la Dirección Técnico-registral dependiente del Registro de la Propiedad de Automotor tiene a su nuevo dirigente: “Ayer nos enteramos que tenemos un nuevo director nacional que es el señor Martín Enrique Penella. Él era encargado, aparentemente era encargado de AERPA, (Asociación Argentina de Encargados de Registros del Automotor). Por lo tanto, estábamos muy contentos porque es una persona que conoce el sistema, conoce todo”, cerró.

 

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Tags: Afipcertificado CETAFM 89.3presidente de la Cámara de Mandatarios y Gestores de MisionesRoberto Delgado
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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