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La “banda del lavadero” sumó otras dos condenas para sus integrantes

Se trata de una organización narco que operaba desde Misiones y que cayó en 2020 por el transporte de 8 toneladas de marihuana. Ya son tres los acusados que fueron a juicio.

23 abril, 2024
EN UN TANQUE CISTERNA. La droga incautada hace casi cuatro años en Misiones y tras una investigación llevada a cabo por la Justicia Federal de Corrientes.

EN UN TANQUE CISTERNA. La droga incautada hace casi cuatro años en Misiones y tras una investigación llevada a cabo por la Justicia Federal de Corrientes.

El jueves 27 de agosto de 2020 en San Ignacio, sobre la ruta nacional 12, una patrulla de Gendarmería fue solicitada por la Justicia Federal de Corrientes en una causa iniciada por investigadores de Prefectura “Ituzaingó”, para detener la marcha de un camión con tanque cisterna que transportaba estupefacientes.

Los efectivos incautaron más de ocho toneladas de marihuana. Fue detenido el chofer, Alberto Daniel Esquivel, quien dos años después fue condenado a ocho años de prisión en un juicio abreviado.

No obstante, la investigación continuó y las autoridades de la Justicia correntina establecieron mediante escuchas telefónicas y otras evidencias que los responsables del envío de la droga operaban desde suelo misionero, más precisamente desde un lugar que al parecer utilizaban como fachada y que se llamaba “El Lavadero” (que se cree estaba cerca de Corpus), tal como consta en el expediente.

Fue entonces que procedieron a detener a otros integrantes de la organización, acusados de ser la logística de la gavilla. Se trata de dos hombres domiciliados y oriundos de Posadas, ambos identificados por los investigadores judiciales y de Prefectura como Jeremías José Traico, de 44 años y Alejandro Enrique Krutki, de 43.

Estos dos individuos admitieron su culpabilidad en un juicio abreviado y fueron condenados a la pena de ocho años de prisión tras ser hallados autores penalmente responsables del delito de “transporte de estupefacientes, agravado por el número de personas”, según consta en la resolución que se hizo pública ayer. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes ahora debe homologar el acuerdo que hubo entre la defensa de los imputados y la fiscalía.

Un dato no menor es que en la etapa de instrucción de la causa los ahora condenados y durante la indagatoria ante el magistrado se dijeron inocentes y afirmaron ser comerciantes. Vale recordar que el conductor del camión donde incautaron los más de 8 mil kilogramos de cannabis sativa residía en Candelaria.

 

Dinero y cocaína

La vinculación de los integrantes de la banda se dio en razón del informe elevado por Prefectura Naval Argentina -Delegación Ituzaingó­- que daba cuenta de la existencia de una organización que se encargaría del traslado de sustancia estupefaciente desde Misiones.

Tras la captura del chofer y el secuestro de las ocho toneladas de cannabis, los efectivos allanaron el domicilio de Krutki, donde encontraron dinero en efectivo, una cantidad no especificada de cocaína, y varios teléfonos celulares, entre otros elementos, en tanto que en la residencia de Traico se halló teléfonos celulares, 50.300 dólares, un arma de fuego y proyectiles y tres cuadernos con anotaciones, según consta en el auto de elevación a juicio.

Aún resta definir la situación procesal de otro implicado y habría al menos un prófugo identificado, siempre en vinculación con la mencionada organización.

Tags: Banda del LavaderoCocaínadrogalavaderoSan Ignacio
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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