Una oficial de policía con prestación de servicio en la comisaría Primera de la Unidad Regional IV en Puerto Rico, se encuentra detenida en su casa desde la semana pasada. Tiene 33 años y la investigan por supuestos cobros de dinero a través de trasferencias, que le giraban camaradas para conseguir ascensos, trasladados o ingresos a la fuerza para familiares.
Los beneficios se realizaban según la acusada salteando sus debidos procesos por tener acceso a “contactos”. Hay siete denuncias, pero los uniformados que las presentaron también podrían ser investigados por exacciones ilegales.
Fuentes en contacto con PRIMERA EDICIÓN indicaron que por el momento la causa se investiga como “estafas reiteradas e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y mantiene detenida a una oficial principal, acusada de cobrar dinero a otros policías por conseguirles “favores especiales”.
Los casos se registraron desde septiembre del año pasado, aunque salieron recién a la luz con la denuncia de un oficial, realizada días atrás. Las sumas que se barajan de las transacciones rondan entre los 150 y 800 mil pesos. El dinero a desembolsar dependía del “beneficio” que requería el policía, agregaron las fuentes.
Los denunciantes aportaron ante la fiscalía de Instrucción de Puerto Rico comprobantes de transferencias a través de billeteras virtuales por sumas de 150, 200, 300 y hasta de 800 mil pesos. La mayoría de ellos ostentan jerarquías bajas dentro de la fuerza, casi todos subalternos a la acusada.
Respecto a las promesas, van desde un traslado a otra localidad o dependencia, ingresos a la fuerza para familiares y ascensos antes de tiempo, estos últimos los pedidos más comunes entre las víctimas.
La mujer supuestamente prometía esos beneficios por disponer de contactos con altos mandos dentro la fuerza. Por el momento no hay otros efectivos investigados, pero no descartan que haya actuado con complicidad de otras personas.
El martes la acusada fue indagada por el juez de Puerto Rico Leonardo Manuel Balanda Gómez y optó por guardar silencio. Fue imputada por “estafas e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y continuará detenida con prisión domiciliaria en su vivienda por tener una hija de pocos meses de recién nacida a su cargo.
Respecto a los denunciantes, por ahora siete casos se presentaron en la Justicia, declararon en calidad de testigos sospechosos ante la posibilidad de que incurrieran en el delito de exacciones ilegales.
Las exacciones ilegales son cobros indebidos o excesivos que realizan los funcionarios públicos a los contribuyentes.
Fuentes en contacto con este Diario aclararon que también las personas que aportan el dinero o lo entregan en concepto de recibir algún beneficio o alguna maniobra ilegal, siendo funcionarios públicos, deben ser castigados según el artículo 266 del Código Penal Argentino, con hasta cuatro años de prisión y hasta cinco de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
