La administración del gobernador Gustavo Sáenz, a través del Ente Regulador de los Servicios Públicos, anunció este miércoles la suspensión por 120 días de la actualización tarifaria del servicio de electricidad, previamente aprobada el 31 de enero por dicho organismo.
La medida también instruye a la Empresa Distribuidora de Salta para que se abstenga de aplicar los aumentos previstos en las boletas de luz y emita facturas de acuerdo con los cuadros tarifarios vigentes hasta febrero de 2024.
Esta decisión sigue a las críticas lideradas por el opositor Emiliano Estrada, diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), junto con la Cámara Hotelera Gastronómica y Afines de Salta y la Cámara de Comercio e Industria de Orán. Los aumentos, mayormente atribuidos a medidas del Gobierno nacional, generaron un fuerte rechazo.
La medida de Sáenz, que se anunció tras la cumbre de gobernadores del Norte Grande en Salta, donde participó el ministro del Interior, Guillermo Francos, ha generado opiniones encontradas. Por un lado, el gobernador anfitrión buscaba generar una foto en señal de acercamiento de cara al tratamiento en el Congreso de la nueva Ley Bases y Puntos de Partida y para el paquete de reformas fiscales.
Además, puede generar un precedente contrario a la normalización de las deudas que distribuidoras provinciales públicas o privadas y cooperativas de todo el país mantienen con Cammesa por la compra de energía, lo cual las compañías sólo afrontarían mediante la actualización del VAD, el único valor que fijan las autoridades provinciales.
En el caso de la empresa distribuidora, el Ente Regulador la había impuesto un plazo de 90 días para presentar el convenio con la operadora de despacho del Mercado Eléctrico Mayorista a los fines de regularizar la situación de mora.
El Ente Regulador había resuelto a fines de enero aprobar un nuevo cuadro tarifario con una readecuación progresiva estableciendo para febrero un aumento del 78%, ya que la empresa venía operando con costos a valores de marzo del 2023.
Esta situación de falta de actualización del VAD -la parte de la tarifa que corresponde a los ingresos propios de la distribuidora para desarrollar su actividad- impidió que la empresa pudiera cumplir con sus obligaciones por la otra parte de la tarifa, que son los costos de generación o precios de abastecimiento de la energía, contrayendo una deuda importante con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
En ese sentido, para marzo estaba previsto un incremento del 11,84% y para abril otro 11,84%.
Ahora, con la aplicación parcial de los incrementos que actualiza el Valor Agregado de Distribución (VAD), que remunera el servicio de las distribuidoras eléctricas, vuelve a ponerse en cuestionamiento la capacidad de regularizar la deuda con Cammesa.
De la lectura de la factura de luz, según se afirmó desde la empresa, el 60% del total se compone por el precio de la energía (37%), el precio del transporte (4%) y la carga impositiva (19%), en tanto que el restante 40% es responsabilidad de las distintas autoridades provinciales y corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD).
Desde febrero, el Gobierno nacional eliminó todos los subsidios a la luz, a excepción de los usuarios residenciales segmentados como N2 y N3 de ingresos bajos y medios, e incrementó el costo estacional de la energía de manera uniforme en todo el país.
En el caso del Valor Agregado de Distribución los incrementos desde marzo son dispares de acuerdo a las jurisdicciones, y están en distinta etapa de actualización.
Fuente: Agencia de Noticias NA
