Lo que sucedió en las últimas horas en la ANSeS, con despidos de cientos de empleados totalmente sorpresivos, sin previo aviso, es apenas una muestra del próximo paso de la gestión Javier Milei: aplicar a fondo la motosierra por el empleo estatal, dejando sin renovación una buena parte de los 70 mil contratos que vencen a fin de mes.
Esos vínculos laborales, que caducan el próximo 31 de marzo, están en la mira del gobierno libertario desde principios de enero y forman parte de los puntos a atacar para la jefatura de Gabinete de Nicolás Posse, que monitorea el ajuste fiscal minuto a minuto y que se encargó de bajar una línea bien concreta en la última semana: cada ministerio y área estatal deberá reportar este martes 26 de marzo los contratos a eliminar, con el agregado de comunicarles a los futuros damnificados que se quedarán sin una fuente de ingreso.
Aproximadamente, serán entre 15 y 20 mil agentes del Estado que dejarán su puesto laboral. La noticia no cayó bien en varios ministerios, que requieren personal y no están en condiciones de pasar la motosierra.
“Hay gente valiosa y que trabaja muy bien por un sueldo que no es alto ¿Cómo vamos a echar gente en este momento?”, se preguntó ante PERFIL un funcionario de La Libertad Avanza, que agrega que existieron llamados a Posse y a Luis Caputo, el ministro de Economía, para explicar que no pueden tocar personal.
En las filas libertarias, el tema contiene varios matices y cifras pocos claras. Por un lado, el Presidente se jacta -en lo privado- de haber echado a 50 mil personas a partir de su arribo a la Casa Rosada.
No obstante, cerca del economista se cuidan de hablar de despidos y prefieren utilizar las palabras “no renovación de contratos”. En concreto, solo admiten que 7 mil integrantes de la administración pública perdieron su ingreso económico mediante el decreto 84/2023 que vio la luz el 26 de diciembre pasado.
Esa disposición, con firmas de Milei y Posse, estableció la no renovación de aquellos vínculos que están comprendidos en el artículo 9 de la ley marco, que comenzaron el 1 de enero de 2023 y que vencieron el 31 de diciembre de dicho año.
A su vez, en Balcarce 50 subrayaron, ante la consulta de PERFIL, que no habrá un recorte importante de los famosos 70 mil contratos en la mira del ministro coordinador, solo se producirá un ajuste entre el 20 y el 30%.
¿Y los gremios?
Los gremios más poderosos que nuclean a los trabajadores de la administración pública, UPCN del histórico Andrés Rodríguez y ATE que lidera el combativo Rodolfo Aguiar, no dan por seguro esa versión y se preparan, a su modo, para un escenario lleno de conflictividad.
ATE, por caso, ya lanzó una jornada nacional de protesta para este martes 26 de marzo. Mientras que UPCN sigue con atención todos los movimientos en el Estado aunque tiene la idea de esperar a que sea realidad la no renovación de contratos para luego tomar medidas.
El sindicato de Rodríguez no cree en los paros preventivos pero advierte que habrá resistencia. Todos los colectivos también lamentan que no haya una mesa de negociación con el oficialismo para una problemática tan sensible.
Incluso, creen que fue un error del Gobierno el despido de Armando Guibert, el secretario de transformación del Estado que dependía de Posse. Guibert tejió relación con dirigentes sindicales y quedó envuelto en la polémica de los abultados aumentos salariales del Poder Ejecutivo.
Más telegramas
A diferencia del Gobierno, en ATE sí mencionan la palabra “despidos” e indican que de los 7 mil contratos que no fueron prorrogados para este año, hay por lo menos 2 mil hombres y mujeres de diferentes áreas que recibieron un telegrama. De hecho, cientos de empleados ya saben que no trabajarán más y solo resta la efectivización de su destitución.
En este marco, se destaca el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, quien echó a 1.500 personas, en ANDIS 165, en el INCAA 170, en AySA 200, en la secretaría de Derechos Humanos 26, en el Enacom 50 y en el CONICET otros 50.
De todos modos, habrá más de 2 mil cesanteados porque se van a sumar aquellos que se desempeñaban en los Centros de Referencias que depende de Pettovello (600), el Inadi (400) y los que pertenecían al Instituto de Agricultura Familiar (900), que aún no quedaron operativos. A la larga nómina, se sumarán más de 1.400 de parte de ANSeS y 900 del lado del CONICET.
Gobernadores
Guillermo Francos, el ministro del Interior, prepara una nueva convocatoria a los gobernadores para ajustar detalles del borrador de la nueva ley Bases. El funcionario es uno de los integrantes del dispositivo de negociación del oficialismo, que busca que el nuevo proyecto tenga los mayores consensos posibles antes de llegar al recinto.
El diálogo entre el Gobierno y los mandatarios provinciales se reanudó desde hace dos semanas, tras el llamado al Pacto de Mayo que realizó Javier Milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
Luego, se llevó a cabo un cónclave entre los dirigentes del interior y el ministro, en el que se hizo hincapié en los nuevos puntos de la iniciativa, y el ministro se preocupó por aceitar el vínculo con varios por separado, como con Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén). Además, se ocupó de hablar con los representantes de los bloques parlamentarios y se encargó de enviar el borrador del texto en los últimos días.
Incluso se reunió con el díscolo Claudio Vidal (Santa Cruz), un dirigente que supo ser aliado del oficialismo, cuidando votos violetas en su territorio en el balotaje, pero que ahora mostró su descontento con el proyecto, sobre todo con artículos como las retenciones a los hidrocarburos y la reposición del impuesto a las Ganancias.
Francos apuesta a ajustar acuerdos y escuchar las devoluciones del borrador. Su cartera tendrá reuniones con las áreas técnicas de cada Ministerio de Economía provincial, informó Interior.
El funcionario no está solo para dialogar: aparece su virtual número dos, Lisandro Catalán; Nicolás Posse, el jefe de Gabinete; Santiago Caputo, asesor de suma confianza para Milei, y Lule Menem, el operador político libertario de turno y primo del presidente de la Cámara de Diputados.
