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Audiencia por el precio del boleto: “No vaya a ser que enciendan la mecha y esto explote”

Pasó una nueva audiencia por el incremento del boleto en el transporte urbano de Posadas. Cerca de 10 oradores participaron y reclamaron contra el "boletazo" del Grupo Z. Pidieron declaraciones juradas, congelamiento de precio por 90 días, y denunciaron complicidad con el Estado provincial.

14 marzo, 2024

Este jueves se realizó la audiencia pública sobre el aumento del boleto de transporte público en Posadas, donde se presentaron distintas perspectivas y argumentos. Desde el lado empresarial, Facundo Zarate, representante de EUTA, se destacó la necesidad de incrementar la tarifa debido a las “perdidas” que tiene la empresa. Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana, enfatizó que aún no se ha concluido esta etapa y no hay fecha exacta en la que darán a conocer el aumento.

La ciudadanía expresó su descontento, señalando la falta de participación ciudadana en la audiencia y denunciando al monopolio del Grupo Z en el transporte local. Hubo críticas a la justificación del aumento por parte de las empresas y alertas sobre posibles repercusiones sociales. Además, se lamentó el deterioro del servicio y se demandó transparencia en las finanzas de la empresa, subrayando la importancia de la calidad del servicio.

Ariana Posdeley, una vecina posadeña del barrio A3-2 y usuaria del servicio, fue una de las oradoras que apuntó contra las empresa y el vínculo con sectores del estado provincial. “Esto se organizó para que la empresa venga a pedir aumento pero no le invitaron a la gente. Hoy a las 8 la gente estaba en las paradas y se disminuyó la frecuencia. Muchos vecinos no pudieron venir”, comenzó diciendo.

Ariana Posdeley, durante la exposición.

Señaló una posible trama detrás de la situación: “La fachada que hay detrás de esto es que en realidad el Grupo Z se adueñó de todas las líneas de colectivo, porque fundieron a Bencivenga. No tenemos competencia. No vamos a tener nunca calidad”. Ariana también tocó el tema político, sugiriendo un posible castigo por parte de las autoridades locales: “La política misionera nos está castigando por haber votado algo diferente a lo que ellos proponían”.

En tanto, instó a sus conciudadanos a alzar su voz contra lo que considera abusos: “Le digo a la gente dejen de callarse y dejen de permitir que los políticos les roben la dignidad humana. Vayan y denuncien. El abuso del Grupo Z, cuando no permitió que Bencivenga ingrese en transferencia, debió ser denunciado en su momento por funcionarios de la Municipalidad porque ese es un espacio público”.

Aníbal Escribano, quien también tomó la palabra como orador, expresó su opinión de manera contundente: “Lo único que vinieron a justificar es cómo aumentar y meterle la mano en el bolsillo al usuario. No le exhibieron a la población las ganancias que tuvieron los últimos años. No pueden justificar, de ninguna manera, la expansión que ha tenido el Grupo Z en la provincia de Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Paraguay y en Brasil. Los muchachos no necesitan la plata de los posadeños para seguir ganando dinero”, declaró a los medios.

Aníbal Escribano, orador – Facundo Zarate, representante de EUTA

Asimismo, señaló la necesidad de defender a los trabajadores ante los constantes aumentos de precios en otros sectores: “No pueden venir a meterle la mano en el bolsillo a todos los trabajadores que desde hace meses vienen aguantando el aumento de los alimentos, el servicio eléctrico y el agua sin poder defenderse”.

En tanto fue claro respecto al cansancio de la población ante esta problemática: “No vaya a ser que por mantener la rentabilidad de la empresa enciendan la mecha y esto explote. Se están equivocando. Vienen con un contrato viejo que no se adecua a la realidad”.En relación con el porcentaje de aumento propuesto, Escribano expresó su incredulidad: “No pueden venir a pedir, como dice, ‘la ecuación Polonia del 12%’, de gestión empresarial por cada boleto. Ustedes saben lo que es eso? es una cosa impresionante”.

Néstor Alfonso, otro usuario y orador, representante del barrio Villa Cabello,  expuso a la prensa: “Somos uno de los tantos barrios que fueron afectados por la ida de Bencivenga. Pasamos de tener un servicio de 10 puntos porque, recordemos, fue la primera empresa que trajo colectivos con aire acondicionado a la ciudad de Posadas. Hoy tenemos un servicio de dos puntos”, lamentó.

Enfatizó en la necesidad de transparencia en las acciones de la empresa: “Queremos conocer verdaderamente la declaración jurada de Casimiro porque ellos hablan mucho de pérdida, pero no hablan de ganancias. Queremos conocer, porque es una información pública y trascendental, ya que nosotros somos quienes debemos solventar esas pérdidas con nuestro bolsillo”.

Néstor Alfonso, en la audiencia.

Además, resaltó la importancia de la calidad del servicio de transporte: “El transporte es un producto que consumimos, al igual que cuando vamos a un supermercado y elegimos un producto, queremos la calidad de ese producto. Lo mismo queremos con la empresa de colectivos. Queremos un servicio eficaz y eficiente y, a partir de ahí, podemos hablar de aumento”. Sobre la competencia en el mercado, Alfonso expresó su opinión: “Creo que una libre competencia podría funcionar, pero una libre competencia que no esté influenciada por el gobierno”, cerró.

Luego de haber finalizado la audiencia, Lucas Jardín, dialogó con los medios de comunicación presentes y no dio precisiones respecto de como queda el cuadro tarifario: “Estamos todavía cerrando con la provincia, lo cual es totalmente necesario para poder establecer una tarifa comercial. También estamos finalizando en estos días la tarifa técnica, que es el conjunto de los costos que implica el transporte. Junto con la provincia, determinaremos la tarifa comercial que correspondería a la ciudad de Posadas”, dijo.

Respecto a las licitaciones por las líneas que dejo Bencivenga, Jardín informó que se han presentado tres empresas y que se está llevando a cabo el estudio de las mismas junto con el Ministerio de Hacienda para poder emitir un dictamen. En cuanto a la implementación de la SUBE nacional, explicó que es necesario un contrato con la Nación para que esta pueda hacer la inversión en el municipio.

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Tags: Audiencia por el precio del boletoboletazoColectivoscolectivos PosadasFacundo ZarateGrupo ZLucas Jardínrepresentante de EUTAsecretario de Movilidad Urbana
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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