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Otro lock out patronal consiguió audiencia pública para subir el boleto en Posadas

El Grupo Z y sus aliados finalmente pagaron el dinero girado por la Provincia. Al igual que en Oberá, donde también maneja el servicio el mismo empresariado, ahora se discutirá el incremento de tarifas en la capital misionera el jueves 14.

9 marzo, 2024

El asueto en la administración pública y el no dictado de clases en las escuelas por el Día Internacional de la Mujer, evitaron que ayer se afectara de manera más masiva a los usuarios, por el paro del transporte público de pasajeros de corta y media distancia.

Se anunció en horas del mediodía del jueves, para negociar que las empresas del Grupo Z y sus aliados depositaran las cifras adeudadas a los choferes y evitar la medida de fuerza. El mismo jueves, hasta cerca de las 23 horas (una antes del inicio del paro), se intentó que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no concretara la medida.

En ese sentido, desde el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos provincial, se siguieron de cerca las negociaciones entre empresas y UTA sobre el pago adeudado a los trabajadores, ya que el Gobierno misionero puso varios millones de pesos para evitar precisamente el cese del servicio el día que el gremio a nivel nacional, llamó a una medida de fuerza el pasado martes.

El primer minuto del viernes 8 de marzo comenzó el paro por tiempo indeterminado por no reflejarse el depósito salarial en las cuentas de los choferes. En realidad, si la Provincia había girado el compromiso financiero con las empresas concesionarias, el Grupo Z y los aliados terminaron aprovechando para aplicar un lock out patronal que terminó presionando por conseguir más recursos (vía subsidio o subiendo el boleto).

Desde las primeras horas de ayer se retomó el diálogo tripartito (Gobierno, UTA y empresas) para encauzar la solución al conflicto y evitar que la siguiente semana comenzara con la extensión de la medida de fuerza. Finalmente, alrededor de las 17 horas de ayer, el paro se levantó de manera progresiva según se iban reflejando los pagos en los cajeros automáticos.

No faltaron las versiones del interés de presionar a la comuna posadeña para conseguir las líneas dejadas por Bencivenga. A propósito, la empresa Río Uruguay no detuvo su servicio de corta distancia en Apóstoles, donde tiene la concesión del mismo.

En esa ciudad del sur misionero, sí se hizo notar el paro de media distancia de la UTA. En la terminal de colectivos había personas esperando que se retome la actividad habitual, aunque las boleterías estaban completamente cerradas.

 

Las subas de boleto que se vienen

Hasta ayer, no se descartaban nuevos paros de choferes de UTA si las empresas reiteraran en el futuro el no depósito del acuerdo salarial. No es novedoso el accionar de algunas para presionar por la suba de boleto en los municipios.

Tras la protesta, la comuna posadeña anunció la Audiencia Pública para analizar el incremento, a realizarse el 14 de marzo a las 9 horas, en el Salón de Usos Múltiples del Parque de la Ciudad.

Los interesados en participar deben inscribirse el lunes 11 de marzo, de 12 a 18 horas, en la Secretaría de Movilidad Urbana (Av. Cabred N°1741).

Se desconocen cifras, pero días atrás el intendente Stelatto confirmó en FM 89.3 Santa María de las Misiones que la tarifa técnica ronda los $2.000 sin subsidios nacionales.

 

 

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En Eldorado, la cuestionada ETCE en manos del Grupo Horianski, mantiene una mala prestación con el eterno argumento financiero, similar a la popular frase del presidente Javier Milei: no hay plata.

Sin embargo, el intendente Rodrigo Durán está lejos de obligarlos a una mejora. A la par, en el Concejo Deliberante, se analiza la actualización tarifaria con cifras que rondan los 1.400 pesos, lo que sería un duro golpe al bolsillo de los pasajeros frecuentes.

En Oberá, ya tiene fecha la Audiencia Pública a la que obliga la Carta Orgánica municipal antes de definir el intendente Pablo Hassan la variación tarifaria. El oficialismo ya tiene los votos suficientes para que el Grupo Z en la zona centro pueda obtener un boleto más caro en breve.

Ambos grupos mencionados se disputan las líneas que dejó Bencivenga en Posadas, actualmente en proceso de adjudicación, donde los concesionarios se conocerían a fines de este mes.

 

Habrá 13 exposiciones en la audiencia pública de Oberá

El Concejo Deliberante de Oberá confirmó ayer que serán 13 los expositores durante la Audiencia Pública N°21, a realizarse el próximo lunes 11 de marzo desde las 9 horas en el recinto del deliberativo.

Se referirán a la posibilidad de un nuevo incremento del precio del boleto de colectivos que se pretende aprobar, en beneficio del cuestionado Grupo Z, cuyo servicio tiene muchas falencias.

Tres grupos de expositores tendrán 10 minutos para defender la suba: Facundo Eduardo Zárate, Alejandro Díaz, Guillermo Leumann y Carlos Raúl María Judaispor Tipoka SA (Guacurarí); y los mismos accederán a otros 10 minutos pero para defender el pedido de NEXT SA.

Queda más que claro que el Grupo Z maneja todo el transporte de pasajeros obereño, con intenciones de expandir sus intereses empresarios a toda la zona centro, mediante la creación de un sistema metropolitano como el que une a Posadas, Garupá y Candelaria.

Por la comuna obereña irá el jefe de Movilidad Urbana, Fabián Pizzutti, quien tendrá 10 minutos. La mitad de ese tiempo fue asignada a Carlos Bernhardt, defensor del Pueblo.

Los demás inscritos a la Audiencia fueron Carlos Alberto Federico Rebechi; Rubén López; Daniel Mareco; Gabriel Sebastián Friedrich; Eliane Elizabeth Serfas; Luis Fernando Pfeiffer; Hugo Esteban Delgado; Aníbal Hugo Castillo; y Miguel Ángel Morales.

La presidencia de la Audiencia estará a cargo del titular del Concejo Deliberante de Oberá, Pablo Ariel Ullón, asistido por Marcia Johanna Correa y la moderación de Marcelo Alejandro Zurakonski.

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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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