Las vueltas del poder y la política. En esta historia, el protagonista es el abogado porteño Alejandro Tonelli, quien junto a su hermano Pablo (ex diputado nacional y ex consejero de la Magistratura) asesoraron a Mauricio Macri en varias causas como el escándalo de Correo Argentino.
Aunque el camino jurídico y millonario que lo involucra llevó muchos años, se puede resumir en que logró una indemnización de 50 millones de pesos de Yacyretá tras ocupar un cargo político y ahora, con el manejo del macrismo en la Entidad Binacional en la presidencia de Javier Milei, volverá a trabajar en la misma con un sueldo millonario.
Alejandro llegó a ser asesor jurídico durante las gestiones del misionero Humberto Schiavoni y su “ahijado” político Martín Goerling, en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) hasta que en 2019 ganó Alberto Fernández y, al frente del organismo de la caja millonaria, quedó el joven posadeño Ignacio Barrios Arrechea. Este último, decidió despedir al funcionario político del macrismo y designar a una persona de confianza.
Sin embargo, al poco tiempo, el letrado echado consiguió que la Justicia lo reincorpore a la EBY y hasta incluso le pagaran todos los sueldos no percibidos.
Tonelli fue noticia en 2022, cuando el portal La Política Online (LPO) reveló que el abogado llevaba tres años cobrando más de un millón de pesos al mes sin función específica en Yacyretá.
Con la noticia diseminada en todo el país, siendo la Entidad un foco constante de cuestionamiento por los favores políticos a base de salarios mucho más altos y libres de impuestos que el resto de la administración pública, “Nacho” Barrios Arrechea decidió negociar un despido insólito, especialmente después que la Justicia había negado a varios consejeros (incluido el ex director Ejecutivo, Oscar Thomas) la percepción de suma alguna por los servicios prestados en la gestión.
Según el mismo portal, a pocos meses de cumplir 65 años y jubilarse en Yacyretá (con lo cual no habría hecho falta siquiera negociar una salida millonaria), el posadeño Barrios Arrechea le ofreció a Tonelli 20 millones de pesos para que se fuera. Lejos de irse, el cuestionado letrado pidió la reincorporación judicial, lo que logró cuando llegó a la conducción de la EBY el formoseño Fernando De Vido.
Y no solo eso: también el magistrado decidió multar con 50.000 pesos diarios a Yacyretá, con lo cual la indemnización rondó los 50 millones según LPO.
No conforme con ese “triunfo” que se pagó desde el Estado, Tonelli “reclama otra cifra millonaria por la diferencia entre el pago de su obra social. Es que Yacyretá tiene un convenio con OSDE y Tonelli utilizaba Swiss Medical. En el ente se preguntan cómo puede defender los intereses de la compañía un ex funcionario que acciona contra la empresa en la Justicia”, indicó LPO.
En lo que podría significar un conflicto de intereses, con el “éxito” consumado en lo personal, el estudio jurídico de los hermanos abogados de la familia Macri tomó la representación de otros trabajadores de Yacyretá que reclaman ser indemnizados, tras el despido. “Algunos aún continúan en curso”, advirtió LPO.
El regreso
Siguiendo los pasos de Alberto Fernández, el presidente Javier Milei decidió no darle ni a Corrientes ni a Misiones el manejo de Yacyretá. Entonces, designó al macrista Alfonso Peña como director Ejecutivo.
El nuevo funcionario fue compañero de colegio en el Cardenal Newman de Mauricio Macri y trabajó en Mirgor, la primera empresa de Nicolás Caputo.
Peña también ocupó una silla en el directorio de Cunumí SA, firma adjudicataria de varias licitaciones de obra pública en la Ciudad de Buenos Aires cuando Macri era jefe de gobierno.
¿Qué tiene que ver Peña con Alejandro Tonelli? El primero decidió una reivindicación política con el regreso masivo de ex funcionarios macristas, entre ellos, del segundo mencionado.
Según el portal LPO, “en los últimos días Tonelli volvió a ocupar un despacho y se presentó como el nuevo asesor jurídico de la entidad”.
“Además de Tonelli también regresaron Eduardo Petrolo y Dolores Dolberg”, agregó la información conocida ayer.
Petrolo llegó a ser secretario general de la EBY en el mandato de Mauricio Macri y de los misioneros Schiavoni y Goerling Lara. Dolberg es abogada y se desempeñó como tal en el mismo período.
Desde 2018, la EBY no actualizó más el listado de personal, categorías y salarios en su página web institucional que permitió a los ciudadanos de la margen argentina conocer quiénes son los que forman parte de la plantilla de recursos humanos, dentro de una pestaña llamada paradójicamente “transparencia”.