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El Gobierno ratifica que la ayuda alimentaria irá directamente a los comedores

El objetivo de la cartera que conduce Sandra Pettovello es "terminar con la extorsión y el negocio multimillonario" de las intermediaciones, que representan el 4,2% de la inversión del Estado en materia alimentaria, según se informó.

23 febrero, 2024

El Ministerio de Capital Humano explicó este viernes que la compra de alimentos que administraban organizaciones sociales “representa solo el 4,2% de la inversión del Estado en materia alimentaria” y se decidió que ese porcentaje sea destinado directamente a los comedores para “terminar con la extorsión”, en el marco de la jornada nacional de protesta que se realiza en distintos puntos del país, con al menos 500 cortes.

“Para terminar con esta herramienta de extorsión y el negocio multimillonario para el cartel de empresas proveedoras de alimentos del Estado decidimos que este 4,2% de asistencia que controlaban las organizaciones sociales sea destinado directamente a los comedores que, a su vez, deberán rendir cuenta de la comida que compran”, explicó este viernes la cartera de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello.

Desde el ministerio advirtieron que “la discrecionalidad en la elección de los beneficiarios era total, la calidad de los alimentos más baja en términos nutricionales y los costos de los alimentos mucho más altos que en cualquier supermercado por la burocracia que implica la compra y la distribución”.

“El control de lo que sucedía con la mercadería una vez que abandonaba los depósitos del Estado era nulo”, explicaron en la información distribuida desde la cartera.

 

La jornada nacional de protesta de las organizaciones sociales, como siempre, tuvo su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires.

 

En esa línea, recordaron que se duplicó la cantidad de dinero que reciben los beneficiarios de la tarjeta Alimentar, para “asegurar su acceso a la canasta básica de alimentos”.

“Nos comprometimos a eliminar la intermediación y lo estamos haciendo. Ya no van a ser las organizaciones piqueteras las que tengan a su cargo la distribución de los alimentos y de los planes sociales que paga el Estado nacional con el dinero que aportan los argentinos que trabajan”, dijeron desde el ministerio, en el marco del reclamo que vienen haciendo las organizaciones sociales.

“Los argentinos estamos realizando un esfuerzo muy grande para salir adelante. Desde el Gobierno estamos cumpliendo con nuestro compromiso de acompañar a los que más lo necesitan”, aseguró el comunicado.

Por otra parte, se informó que “el gasto alimentario para 2024 será de un $1.588.000.000.000. Además, 47.000 millones estarán destinados a los servicios alimentarios escolares (SAE); 53.000 millones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 74.000 millones de pesos para la compra de alimentos y 14.585 millones a otros programas”.

Desde la cartera que conduce Pettovello precisaron además que este mes “se transfirieron 132.000 millones de pesos a través de la tarjeta Alimentar a los más de 3,8 millones de beneficiarios de este programa” mientras que “en diciembre pasado el monto había sido de 66.000 millones, lo que da cuenta de un incremento del 100% en la prestación”.

“El objetivo de que el presupuesto sea mayor para esta prestación es que el aporte llegue de forma directa al bolsillo de las familias, eliminando la intermediación y asegurando el acceso a la canasta básica de alimentos”, insistieron.

Además refirieron al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “que involucra a 3.000 comedores y tiene mecanismos de auditoría internacional” y que “en los últimos dos meses se han aumentado las partidas un 75% y se firmaron nuevos convenios con comedores e instituciones”.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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