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Los jubilados siguen siendo la variable de ajuste: nuestro editorial de hoy

18 febrero, 2024
Imagen ilustrativa Foto: NA

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En tren de licuar gastos, salarios, pesos y lo que le pongan enfrente, el Gobierno nacional actual y los que le precedieron tienen muy claro el camino que siguieron las jubilaciones durante los últimos lustros.

Usados habitualmente en los discursos, pero ninguneados siempre en la práctica, los jubilados son la eterna variable de ajuste cuando se busca encorsetar la economía.

Por un lado el Gobierno acaba de anunciar un superávit fiscal de 500.000 millones de pesos en enero. Por el otro, un análisis advierte que los recortes a los jubilados permitieron ahorrar 26.000 millones de dólares en los últimos seis años.

El dato queda a la vista, los haberes previsionales son siempre la variable preferida de los gobiernos para licuar parte del gasto público.

Caída la Ley Ómnibus, que lejos estaba de garantizar una mejora en las jubilaciones, lo que sigue en pie entonces es la despiadada fórmula surgida durante el gobierno de Alberto Fernández por lo que en los próximos meses la debacle de este sector de la población se sentirá con más fuerza. Y es que con la movilidad vigente los haberes aumentarán 30% tras un trimestre con inflación acumulada de más del 80%.

De hecho, la realidad marca que las jubilaciones de enero de este año registraron una pérdida de poder adquisitivo del 57% en comparación con el haber promedio mensual de 2017 de quienes no cobraron bonos; y del 35% en el caso de quienes sí los cobraron.

La pérdida de poder adquisitivo, que sobrevino con fuerza en todos los sectores, se acentuó entre los jubilados. Uno que cobró los bonos pudo adquirir en enero solamente un 65% de los bienes y servicios que podía adquirir en promedio durante 2017. Y quienes no recibieron los bonos, solo pudieron acceder a un 43% de los bienes y servicios que compraban seis años atrás.

Mientras la visceralidad de la dirigencia siga marcando el rumbo de la política y sus decisiones, impidiendo acuerdos beneficiosos para el país y sus habitantes, lejos está la dirigencia del rumbo que le fue encomendado. Si el superávit no redunda al menos en mejoras para los jubilados, entonces no tiene ningún sentido.

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  • Proponen una nueva fórmula de movilidad para ajustar las jubilaciones por inflación
Tags: #EditorialAjusteJubilados
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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